El auge de la obesidad y el sobrepeso se ha convertido en una de las grandes amenazas de la salud pública mundial. Preocupa porque el exceso de peso eleva el riesgo de decenas de enfermedades, como cáncer o dolencias cardiovasculares y metabólicas; pero también inquieta porque ponerle freno no está siendo tarea sencilla. El planeta habita en un ambiente cada vez más obesogénico, con un sistema alimentario de abundancia, precios reducidos para productos poco saludables y unos modos de vida y trabajo que invitan al sedentarismo, y todo eso juega en contra en la batalla contra la obesidad.Ahora bien, si algo empieza a demostrar la ciencia —y la política— es que el giro de guion es posible. ¿Cómo? Poniendo límites y advertencias a un mercado dominado por una oferta ilimitada de productos insanos. Un estudio publicado este jueves en The Lancet ha demostrado que algunas políticas alimentarias tienen un impacto real para reducir la obesidad. En concreto, los investigadores vieron que un conjunto de medidas puestas en marcha en Chile, como alertas en el etiquetado de productos poco saludables, control de alimentos en entornos escolares o restricciones a la publicidad, lograban reducir alrededor de un 2% la probabilidad de sufrir sobrepeso infantil. El impacto puede parecer modesto, pero para los autores es un espaldarazo al potencial de algunas políticas públicas en el campo alimentario. “Esto demuestra que son una herramienta poderosa y escalable para combatir la obesidad”, sentencia Guillermo Paraje, profesor de Economía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y autor principal del estudio. Los investigadores aseguran que esta es la “primera evidencia causal plausible” a escala nacional de que la coordinación de múltiples políticas alimentarias reduce la obesidad infantil. Como en Chile, en España también se han implementado medidas contra la obesidad infantil. Desde impuestos disuasorios, como la tasa a las bebidas azucaradas en Cataluña, hasta el decreto de comedores escolares, que regula la alimentación en las escuelas (exige aumentar las raciones de frutas y verduras y prohíbe la venta de bollería industrial en los centros). Según el Ministerio de Sanidad, el 15% de los adultos españoles y el 7% de los menores tienen obesidad.El exceso de peso avanza a distintas velocidades en todo el globo. Y aunque en conjunto la tendencia va al alza, en algunos países ricos, como Dinamarca o Suiza, se ha visto en las últimas décadas un descenso o un parón en la velocidad de crecimiento de la prevalencia de obesidad y sobrepeso. En cambio, en Chile, que es donde se centra la investigación publicada en The Lancet, el ritmo de crecimiento de la obesidad no ha parado de aumentar y las cifras de prevalencia están disparadas: la mitad de los escolares menores de 14 años tenían sobrepeso y uno de cada cuatro eran obesos. Para atajar este fenómeno en la infancia, Chile implementó hace una década una ambiciosa ley de etiquetado y publicidad de alimentos, que contemplaba, entre otras medidas, señales de advertencia en los envases de bebidas azucaradas o alimentos muy calóricos (eran octágonos negros donde se alertaba de que ese producto era alto en algún nutriente específico), restricciones en la venta de alimentos insanos en las escuelas y limitaciones en la publicidad dirigida a niños de productos poco saludables.La norma tuvo efectos inmediatos. Según los autores, la exposición de los niños a la publicidad de productos calóricos disminuyó alrededor de un 60% y su disponibilidad cayó un 80% en los colegios. También la industria reformuló sus productos y aquellos alimentos clasificados como de alto contenido en algún nutriente calórico disminuyeron del 55% al 44% en los primeros seis meses con la ley en marcha. Todos esos cambios, abundan los expertos, se relacionaron con reducciones en la compra e ingesta de productos poco saludables entre los niños. Su nueva investigación, con todo, va un paso más allá y pone cifras también a cómo ha cambiado el riesgo de obesidad infantil gracias a esta norma.Cambios conductualesCon datos de más de 300.000 escolares chilenos de entre 4 y 6 años, los autores constataron que la primera fase de la ley ya redujo la probabilidad de tener exceso de peso. En concreto, en los primeros seis meses con las directrices en marcha, los menores presentaban en torno a un 2% menos de riesgo de sobrepeso y obesidad. O dicho de otra manera: la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que estaba en el 47,4% en las niñas y en el 52% en los niños, cayó alrededor de un punto porcentual en cada uno de los grupos.Al año y medio de entrada en vigor de la ley, la probabilidad de exceso de peso caía un 2,4% en los varones y casi un 3% en las niñas. “Estos resultados podrían contribuir a la evidencia que demuestra que la exposición temprana a intervenciones nutricionales podría generar cambios conductuales y efectos fisiológicos más duraderos, como se ha observado con otras políticas alimentarias, tales como los impuestos a las bebidas azucaradas y las políticas sobre el entorno alimentario escolar”, apunta el estudio.Los autores aclaran que los resultados de su investigación abarcan solo la primera fase de la ley. En 2018 y 2019 se endurecieron las restricciones y los expertos hipotetizan que los posibles efectos sobre la salud de los niños también habrán aumentado.También apostillan, en todo caso, que la intervención temprana y una mínima reducción de peso en los niños con obesidad “probablemente tenga un impacto en la salud a largo plazo”, dados los fuertes vínculos entre esta dolencia y el riesgo de desarrollar otros cuadros, como hipertensión, diabetes u otros problemas cardiovasculares. Toni Mora, catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto de Investigación en Evaluación y Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), considera que la gran aportación de este estudio, en el que no ha participado, “es que, por primera vez, se ve que la ley no solo cambia lo que la gente compra, sino que también llega al peso de los niños”. Y “como es una medida que cuesta poquísimo poner en marcha, aunque el resultado sea modesto, compensa”, conviene.El científico también estudió el impacto del impuesto especial sobre las bebidas azucaradas que puso en marcha Cataluña hace una década y concluyó que esa medida disuasoria cambió parcialmente los hábitos de los consumidores: su investigación constató que se redujo un 2,2% la compra de bebidas azucaradas en favor de sus equivalentes con contenido calórico más bajo. Con todo, consideraron “improbable” que esa pequeña reducción tuviese efectos significativos en la salud.Políticas combinadasEl investigador de la UIC defiende que las medidas funcionan mejor “si son obligatorias, cuanto más pronto en la vida del niño, y, sobre todo, si se apoyan unas en otras”. Chile, por ejemplo, cambió todo el entorno infantil a la vez, con medidas en varios frentes (escuelas, publicidad y envasado). En Cataluña, el impuesto “tocaba una sola cosa, las bebidas, y se quedaba ahí”, explica. Y quizás por eso en el país andino hubo efectos claros en la salud y en el estudio catalán no se percibieron. “El decreto de comedores va por buen camino, pero una medida suelta da menos de sí que el paquete completo. La lección que yo saco no es ’copiemos tal medida’, sino que hay que combinarlas”. Y hace un recordatorio: “Informar sirve de poco si el producto sigue ahí, en la estantería y en los anuncios”. Para el experto, la medida que “mejor relación coste-resultado tiene parece ser el etiquetado de advertencia, ese de ‘alto en’, porque obliga a la industria a cambiar las recetas y no encarece la compra”. Pero apostilla: “Estas medidas ayudan más a quien tiene formación para aprovecharlas, así que si no se arrima el hombro con las familias más vulnerables, lo que acabamos haciendo es agrandar la diferencia”. El estudio chileno encontró una brecha socioeconómica en el impacto de las medidas: el mayor efecto se vio en niños de entornos con más recursos.