¿Quién es el exalcalde salpicado en una investigación contra una red criminal vinculada a ecocidio y fraude sobre tierras?

Noticia Exclusivo suscriptores Según las autoridades, la estructura presuntamente utilizó mecanismos jurídicos para ocupar terrenos de la Nación en áreas de protección ambiental.Varios de los capturados en la operación de la Fuerza Pública. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA11.06.2026 08:25 Actualizado: 11.06.2026 08:25

Durante años, miles de hectáreas de bosque desaparecieron en una zona de alta sensibilidad ambiental en el Meta. Detrás de esa transformación del paisaje, según las autoridades, operaba una red que habría utilizado empresas fachada, inversión extranjera y maniobras jurídicas para apropiarse de terrenos baldíos de la Nación. Ahora, una operación conjunta de la Policía, la Fiscalía y organismos internacionales puso bajo la lupa a los presuntos integrantes de esa estructura.La ofensiva fue bautizada como operación contra la organización criminal ‘Gaia’. En desarrollo de la investigación, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Interpol y HSI Colombia, ejecutó 15 diligencias de registro y allanamiento en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca, Casanare y Meta.El resultado fue la captura de 14 personas señaladas de integrar una red dedicada, presuntamente, al aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, deforestación, prevaricato por acción, fraude procesal, daño en los recursos naturales y ecocidio.Otras dos personas que fueron capturadas. Foto:CortesíaEntre los detenidos figura el exalcalde de Mapiripán Jorge Iván Duque Lenis, quien ocupó ese cargo entre 2012 y 2015. Su nombre ya había aparecido en investigaciones de las autoridades. En noviembre de 2017, la Fiscalía le imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presuntas irregularidades ocurridas entre 2015 y 2016 que comprometían recursos por 512 millones de pesos.A esos antecedentes se suma una decisión de la Procuraduría General de la Nación. En septiembre de 2019, el organismo disciplinario sancionó con destitución e inhabilidad por 16 años a Duque Lenis y al entonces secretario de Gobierno de Mapiripán, Jhon Jeremías Roa González, por sobrecostos detectados en la compra de una camioneta y diez motocicletas, proceso que ascendió a 476 millones de pesos.Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalaron que hasta el cierre de esta edición, aún no se habían realizado las audiencias preliminares ante jueces de control de garantías para legalizar las capturas e imputar cargos a los detenidos.Las capturas se dieron en Meta. Foto:iStockDurante los procedimientos judiciales fueron incautados teléfonos celulares, computadores portátiles, memorias USB, discos duros, iPads, documentación física y una pistola con dos proveedores y 16 cartuchos. Todo el material quedó bajo custodia de las autoridades encargadas del proceso.La hipótesis de las autoridades apunta a que, mediante mecanismos fraudulentos, buscaban consolidar la ocupación y explotación de predios baldíos ubicados en áreas protegidas.La investigación permitió rastrear operaciones en Cundinamarca, Meta, Casanare, Santander y Bolívar. Sin embargo, el foco principal se concentró en las veredas Rincón del Indio y Sabanas de San Ignacio, en Mapiripán (Meta), donde los investigadores documentaron procesos de deforestación, ocupación irregular de predios e incendios forestales que alteraron extensas áreas de bosque.Los hallazgos recopilados durante el proceso indican que la afectación ambiental alcanzaría cerca de 52.000 hectáreas de bosque natural. Además, fueron identificados 60 predios baldíos de la Nación intervenidos ilegalmente mediante procesos sistemáticos de tala y transformación del terreno.General Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental Foto:CortesíaLas autoridades también establecieron la apertura de aproximadamente 684.000 metros cuadrados de vías ilegales utilizadas para facilitar la ocupación de los predios. Sobre esas áreas, según el expediente, se desarrollaron actividades asociadas a cultivos de palma africana, ganadería extensiva, proyectos de silvicultura y cultivos ilícitos.“El acaparamiento ilegal de tierras no solo vulnera la ley, sino que constituye una amenaza directa a la seguridad ambiental, al orden territorial y al futuro sostenible del país. Con esta investigación se pudo evidenciar un modelo criminal estructurado, que mediante fraude, testaferros y manipulación jurídica buscaban apropiarse ilegalmente de tierras baldías de la Nación, afectando gravemente ecosistemas estratégicos y vulnerando los derechos de comunidades rurales e indígenas”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.