En el enrarecido clima político actual, este jueves ha sido posible un inusual pacto en el Congreso de los Diputados para reconocer, al fin, a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. El acuerdo se selló hace casi un mes en la comisión de Interior, pero se refrendó hoy en un pleno, en el que se va a registrar en la misma votación los apoyos del PSOE, el PP, el PNV y el resto de partidos representados en la Cámara, a excepción de ERC y EH Bildu. El reconocimiento era una reivindicación histórica de los sindicatos de prisiones y supone mejoras laborales y de seguridad y protección para los funcionarios a cargo de las cárceles, que llevan años quejándose de sus condiciones de trabajo. El PP admitió en su intervención, entre reproches, que no era “un buen momento” para alcanzar un acuerdo con el PSOE, en una cuestión que está relacionada con el Ministerio del Interior, porque lo consideran cercado de casos de corrupción.No parecía un debate normal de los producidos en los últimos meses en el Congreso y seguramente no se reproducirá demasiado tampoco en los próximos. Este jueves, una amplísima mayoría de los portavoces acudieron a la tribuna para defender el acuerdo fraguado el 19 de mayo en la comisión de Interior ante una propuesta planteada por el PSOE con el apoyo del PNV. Una iniciativa que llevaba un tiempo parada, similar a otras que habían defendido el PP y Vox y que se habían congelado, y que conlleva la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 y sobre la que presionan desde hace mucho los sindicatos de prisiones.La mayoría de los portavoces políticos que refrendaron el acuerdo tuvieron palabras de agradecimiento para los representantes sindicales y de los funcionarios que acudieron a seguir el debate en la tribuna de invitados y subrayaron el sentido “histórico” de sus demandas ante el creciente empeoramiento de sus condiciones de trabajo, con ataques violentos por parte de los reclusos, con casos de asesinatos, intentos de estrangulamiento o apuñalamientos, como denuncian sindicatos como Csif.La portavoz del PP, Ana Vázquez, quiso citar y señalar, en ese momento, específicamente a Pablo, el hermano de la funcionaria que trabajaba en la cocina de la prisión catalana de Mas d’Enric (Tarragona) en marzo de 2024 y que murió apuñalado. La diputada popular fue la que más se desmarcó del inusual clima de consenso que parecía extenderse por el hemiciclo con las demás intervenciones, algo que sí quiso destacar el portavoz del PSOE, David Serrada.Ana Vázquez admitió que en este contexto actual, con denuncias y críticas durísimas del PP ante los escándalos y casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE, no había sido fácil pactar nada, en el ámbito precisamente del Ministerio del Interior, con los socialistas y también con el PNV. Pero es que, además, dedicó muchos pasajes de su alocución a poner en cuestión toda la gestión política de este departamento en los últimos ocho años, porque sostuvo que lo que se ha pretendido desde el ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha sido “acercar a los presos de ETA” al País Vasco, “el buenismo penitenciario” y “los incentivos a la excarcelación”. No parecía que Vázquez estuviera esgrimiendo argumentos en favor de ningún acuerdo, pero sí se permitió felicitar el trabajo en la comisión de sus compañeros de partido y también de los representantes del PSOE y el PNV.La reforma legal presentada por el PSOE y que sale adelante tras este pleno modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Supone su reconocimiento legal ante todas las administraciones para que sus informes sean base suficiente que permita adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario. También recoge una compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio; la garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión; la formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración; y más seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.