Asier MartiarenaMadrid 15/06/2026 12:50 Actualizado a 15/06/2026 16:59 PSOE y Sumar han alcanzado este lunes un acuerdo para desbloquear de forma definitiva la tramitación de la reforma del Código Penal destinada a eliminar varios de los denominados “delitos de opinión”. Se trata de un movimiento de calado en el bloque de la investidura para rescatar una de las reformas más simbólicas del pacto de Gobierno de 2023 y entre las que figuran las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales.La reactivación de la norma se ha producido además en un contexto político especialmente sensible para el PSOE, condicionado por el desgaste de la legislatura y por la presión de varios frentes judiciales que han tensionado las relaciones dentro del bloque de investidura, lo que ha añadido una capa de urgencia al acuerdo entre los socios del Ejecutivo de cara a escenificar cierta operatividad de la acción legislativa.La proposición de ley, admitida a trámite por el Congreso en diciembre de 2023, ha permanecido más de dos años varada en la Comisión de Justicia, tras sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. Esa parálisis, consentida por los propios socios del Gobierno, ha reflejado las dificultades políticas inherentes a la hora de encontrar el momento propicio para abrir un debate especialmente sensible desde el punto de vista jurídico y constitucional.En una comparecencia conjunta, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo, han presentado un pacto que ha incorporado, no obstante, una renuncia significativa por parte de la formación de Yolanda Díaz. Aunque la iniciativa original de Sumar aspiraba a una revisión más amplia de los límites penales a la libertad de expresión, el acuerdo ha mantenido intacto el delito de enaltecimiento del terrorismo, una de las cuestiones que había generado mayores reticencias en el seno del PSOE.En cambio, sí ha prosperado la eliminación del régimen penal agravado para las injurias a la Corona, la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y la derogación de las injurias a las Cortes Generales y a otras instituciones del Estado.En este punto, los portavoces han enmarcado la reforma en una actualización del Código Penal destinada a adaptarlo a la jurisprudencia constitucional y europea en materia de libertad de expresión, pero también en la revisión de lo que consideran residuos de una arquitectura punitiva heredada que ha sido asociada en los últimos años al debate sobre la conocida como “ley mordaza”.El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que la reforma corrige una “anomalía” del ordenamiento jurídico español y cumple uno de los compromisos del acuerdo de coalición de gran “impacto social”. El también ministro de Cultura ha recordado que durante años ha habido “artistas procesados por una performance, humoristas denunciados por una sátira o autores condenados por una caricatura”. Situaciones que, ha señalado, la reforma evitará en el futuro.Por su parte, Artemi Rallo ha sostenido que la iniciativa responde tanto a la doctrina del Tribunal Constitucional como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.Los partidos de la coalición son plenamente conscientes de que se adentran en un terreno complejo ya que, al tratarse de una modificación del Código Penal mediante Ley Orgánica, la reforma no podrá salir adelante sin la mayoría absoluta del Pleno del Congreso (176 diputados), lo que obligará al Gobierno a amarrar, sin fisuras, el voto favorable de todos y cada uno de sus socios de investidura. Sin embargo, se muestran confiados en que Junts respaldará esta medida pese a la ruptura de relaciones manifestada por los posconvergentes.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro