El consenso en la Unión Europea para avanzar en políticas ecologistas y la agenda verde europea se ha roto. Uno de los principales caballos de batalla electorales de la extrema derecha es la crítica feroz a las medidas verdes impulsadas por Bruselas, y una parte importante de la derecha tradicional se ha apuntado al discurso, sobre todo ante el temor de perder apoyos en las zonas más rurales. En este contexto, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen rebaja cada vez más las ambiciones ecologistas del bloque comunitario y descafeína las medidas verdes que ella misma impulsó, especialmente a principios de la legislatura pasada.PublicidadSin embargo, el giro de la Comisión Europea no agradan a todos en los pasillos de las instituciones europeas, así como gobiernos estatales, grupos europarlamentarios, lobistas y empresas favorables a la transición verde, que también están empezando a levantar la voz contra esta ola antiecologista que inició la extrema derecha.La división dentro de la Unión Europea sobre la lucha contra la crisis climática va a más y se ha vuelto a constatar en las discusiones previas a la nueva ley sobre los límites y objetivos de las emisiones contaminantes de los vehículos de combustión que el ejecutivo comunitario prevé presentar dentro de dos semanas.Uno de los Estados miembros que presiona más en ese sentido es España, uno de los pocos países liderados por un gobierno progresista. Y, esta semana, juntamente con Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, han pedido a la Comisión Europea de Von der Leyen que no rebaje las ambiciones de esta ley medioambiental. "Socavar la integridad y la previsibilidad de este marco regulador sería un error estratégico en un momento en el que las inversiones pasadas están dando resultados significativos y los progresos deben ir más allá", dice la misiva firmada por estos socios europeos.Este grupo de Estados miembros pide que la Comisión Europea no revise la normativa de emisiones de CO₂ y no sustituya el actual objetivo de reducción de la contaminación de coches y camiones de combustión al 100% para 2035, tal y como propuso el mismo ejecutivo comunitario en el pasado y aprobó el global de la Unión Europea. PublicidadSegún apuntan varios medios internacionales, Bruselas –presionada por parte de algunos estados y parte de la patronal automovilística– quiere reducir el hito al 90% para 2035 y que el 10% restante se pueda compensar con la fabricación de coches y furgonetas con acero bajo en carbono, combustibles sintéticos o biocombustibles producidos en territorio de la Unión Europea.Por contra, una parte importante de los países europeos está a favor de esta relajación, especialmente Alemania, que es el Estado miembro más grande e influyente de la Unión Europea y tiene una gran industria automovilística. De hecho, incluso ya antes de que llegara al poder el conservador Friedrich Merz, el Ejecutivo alemán liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz –que gobernaba con liberales y ecologistas– ya dio señales en contra de las ambiciones climáticas de Bruselas sobre el sector del automóvil y, en concreto, relajar las obligaciones de reducir las emisiones contaminantes que emiten los vehículos.En este sentido, las patronales automovilísticas juegan un papel determinante en la presión a las instituciones europeas —así como las alemanas y de muchas capitales comunitarias— para que frenen la lucha contra la crisis climática. En concreto, la Asociación de Constructores Europeos del Automóvil (ACEA) es la patronal del sector que pide más insistentemente a Bruselas que reduzca sus objetivos climáticos y asegura que se puede poner en jaque la industria automovilística europea, que ya se encuentra en plena crisis por el incremento de los precios de los combustibles fósiles –antes de la guerra de Ucrania, especialmente Alemania, importaba gas ruso barato– y ante la fuerte competencia china.PublicidadSin embargo, incluso la industria automovilística europea está dividida sobre los hitos climáticos que tiene que imponer la Unión Europea y los ritmos de la transición ecológica. De hecho, varias grandes marcas que se mantienen al margen de la principal patronal, ACEA, se han pronunciado a favor de las medidas ecologistas ya aprobadas por el bloque comunitario y piden mantener esta ambición. Entre ellas se encuentran Volvo, Polestar, Audi e incluso Stellantis. La división es tal que esta última compañía, Stellantis, que tiene marcas como FIAT, Citroën, Opel, Peugeot o Jeep, abandonó la patronal en 2023 por diferencias a la hora de presionar Bruselas en medidas ecologistas. Y, a pesar de que en 2025 volvió a formar parte de ACEA, individualmente se mantiene favorable a que la Unión Europea se mantenga firme en la transición ecológica y no rebaje sus ambiciones climáticas.A pesar de esta división, la ola contraecologista es cada vez más fuerte dentro de la Unión Europea y ya son mayoría –aunque no de manera aplastante– en las tres principales instituciones comunitarias. En el Parlamento Europeo, la derecha tradicional y la ultraderecha suman mayoría simple por primera vez en la historia y a menudo se unen para tumbar o relajar cualquier medida ecologista que tiene que pasar por la Eurocámara. Y, en el caso de la Comisión Europea o en el Consejo de la UE –que es el organismo que representa los Estados miembros–, hay una amplia mayoría de gobiernos conservadores y ultras contrarios a la agenda verde europea, que tan solo hace unos años tenía un respaldo casi unánime entre los grandes partidos europeos y dirigentes comunitarios.