Ofensiva en varios frentes para cambiar una ley de 2015 que impide a los policías nacionales afiliarse a los llamados sindicatos de clase, no corporativos: dos tribunales superiores de justicia, el del País València y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes por vulneración de la libertad sindical establecida en el artículo 28 de la Constitución y discriminación respecto a los policías de los cuerpos de seguridad autonómicos y locales, que no sufren esa prohibición; y en el Congreso de los Diputados, el grupo Sumar está ultimando una proposición de ley que insta a reformar esa norma, dos iniciativas que cuentan con el apoyo firme de los sindicatos mayoritarios en este país, CCOO y UGT.PublicidadLas bases de esta restricción fueron sentadas en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que aprobó en 1986 el gobierno de Felipe González, aferrándose a la parte del artículo 28 de la Constitución que dispone que una ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio del derecho a la libre sindicación "a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar". Esa ley, la de Régimen de Personal de la Policía Nacional, la aprobó el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015, porque en el artículo octavo prohíbe a sus miembros afiliarse a sindicatos interprofesionales y a sus organizaciones federarse o confederarse con otras que no estén integradas exclusivamente por miembros de ese cuerpo de seguridad del Estado.Salvo el caso de la Guardia Civil, a cuyos integrantes se prohíbe cualquier tipo de sindicación amparándose en su carácter militar, las limitaciones de la ley de 2015 no se han extendido al resto cuerpos de policía que hay en España, tanto autonómicos como locales. Los policías forales de Navarra, la Ertzaintza vasca y Mossos d'Esquadra de Catalunya pueden afiliarse a sindicatos en las mismas condiciones que el resto de los funcionarios públicos de sus comunidades, mientras que los locales disfrutan de libertad sindical desde 1987 con la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas.La ofensiva que ahora se ha desatado en varios frentes para acabar con esa prohibición la ha canalizado un sindicato del Cuerpo Nacional de Policía minoritario, pero muy combativo, el Sindicato Reformista de Policías (SRP), el único que ha criticado de forma contundente la polémica agresión de un agente antidisturbios a una docente que participaba en una manifestación en defensa de la educación pública en la País València.Dos afiliados del SRP son quienes han presentado sendos recursos ante la sala de lo Contencioso Administrativo de los tribunales superiores de justicia de la País València y Madrid por vulneración de los artículos 14 y 28 de la Constitución, que garantizan la libertad sindical, la igualdad y la no discriminación de todos los ciudadanos españoles. Ambos recursos, en los que aparece como demandada la Dirección General de Policía dependiente del Ministerio del Interior, han sido admitidos a trámite, según ha confirmado el sindicato a Público, y podrían acabar en el Tribunal Constitucional, si así lo estimasen en esta instancia, para determinar la constitucionalidad del artículo 8 de la Ley de 2015 que impide la libre sindicación de los policías nacionales.PublicidadPrimeros casos que estudiarán los tribunalesFernando Losana, abogado del agente de policía que ha presentado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha asegurado a Público que se trata del primer caso sobre la prohibición de la libre sindicación en el Cuerpo Nacional de Policía que va a ser estudiado por un tribunal en España. "Por primera vez van a tener que pronunciarse sobre este tema", señala el letrado.A juicio de Losana, la limitación en la sindicación que sufren estos policías es injusta y desproporcionada, a la vez que discriminatoria, porque no se aplica a los miembros de otros cuerpos de seguridad como los autonómicos y locales. "Yo trabajo también con otros cuerpos policiales y no veo que haya problemas por que se afilien a sindicatos de clase, como UGT, CSIF, CCOO y otros muchos", dice el abogado, quien resalta que esos sindicatos pueden favorecer las condiciones de trabajo de los policías nacionales, porque por tamaño y medios cuentan con más recursos para exigir mejoras y acceder a mesas de negociación.El portavoz nacional de SRP, Manuel Soler, considera, por su parte, que es un gran paso la admisión a trámite de estas demandas judiciales. "Si nos dan la razón, obligarán al ministerio (del Interior) y al Gobierno a cambiar la ley. Lo cambiará todo", advierte.PublicidadEn ese todo entran muchas cosas, a juicio de este dirigente sindical. Por un lado, la mejora de un sistema de participación y representación que, a su entender, ahora no es democrático en el cuerpo, debido a un Reglamento del Consejo de Policía (órgano paritario integrado por representantes de los funcionarios y del ministerio) que favorece a las escalas superiores de mando, minoritaria, frente a la básica, integrada por más de 70.000 agentes. Y, por otro, el fin de la derechización del cuerpo, impulsada por sindicatos policiales que se han aliado con las fuerzas políticas conservadoras.Los mayores sindicatos del país, CCOO y UGT, han mostrado públicamente un apoyo decidido a las reivindicaciones del SRP con un comunicado conjunto emitido el pasado 3 de junio, en el que "hacen un llamamiento al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como a las fuerzas armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España".Los dos grandes sindicatos subrayan que la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de las últimas décadas ha señalado que los estados miembros pueden establecer límites razonables para garantizar la seguridad pública, pero sin vaciar de contenido el derecho de sindicación ni impedir la existencia de organizaciones sindicales plenamente operativas en cuerpos policiales de carácter civil.Proposición de ley en el CongresoEn el plano político también hay movimientos. Según han informado a Público fuentes de IU, su diputado y responsable de políticas de interior en el grupo parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, tiene muy avanzada la elaboración de una proposición de ley para que se cumpla la Constitución y todos los trabajadores, entre ellos los policía nacionales, tengan derecho a la libre sindicación, una iniciativa que prevén presentar a finales de este mes.En IU recalcan que siempre han defendido la libre sindicación de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y que la Guardia Civil sea un cuerpo civil y no militar y sus integrantes tengan también derecho a afiliarse a un sindicato. "Lo que nos llama mucho la atención -añaden- es la defensa de algunos sindicatos que piden la equiparación salarial con el resto de policías, pero no quieren la equiparación en la libertad de sindicación", dicen.La reivindicación de la equiparación salarial fue, precisamente, el origen de la organización sindical JUSAPOL que, a juicio del sindicato SPR, constituye, a su vez, el punto de partida de la consolidación de las fuerzas conservadoras dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Manuel Soler sitúa el inicio en el acuerdo que el ministro del Interior en el gobierno de Rajoy, Juan Ignacio Zoido, firmó en marzo de 2018 con los sindicatos mayoritarios de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil para alcanzar supuestamente la equiparación salarial. "Aquello fue un regalo para tapar el escándalo que se avecinaba, que es lo que se está juzgando ahora: la Kitchen (operación de la cúpula de Interior del PP para sustraer información a su extesorero Bárcenas que implicaba a la dirección del partido)", asegura Manuel Soler.El acuerdo de Zoido potenció, a juicio del SRP, un movimiento liderado por JUSAPOL y luego JUPOL que no existía en la Policía, "con unos discursos ideológicos muy preocupantes" que han ido derechizando al resto de las organizaciones sindicales, como SUP y UFP, sin que hayan mejorado desde entonces las condiciones laborales de los miembros del cuerpo. En esa deriva sitúa Soler decisiones como el acuerdo que SUP firmó en 2024 con el Club Desokupa, asociado a la ultraderecha, para dar cursos de defensa personal a miles de agentes, lo que provocó la baja de numerosos afiliados, entre ellos la oficial que optó a la secretaría general de ese sindicato, Mariló Valencia, que acabó luego dirigiendo el SRP.PublicidadEn las últimas elecciones, SUP igualó en número de vocales a Jupol, que en 2019 había conseguido ocho de los 14 representantes de los sindicatos en el Consejo de Policía, el órgano que determina las condiciones de trabajo y de prestación del servicio y soluciona los conflictos colectivos dentro del cuerpo, y cuya presidencia ostenta el ministro del Interior. En declaraciones a este periódico, SUP mostró hace dos años su defensa de la libertad sindical: "Nosotros lo reclamamos como uno de los derechos que debemos ejercer y consideramos que hay viabilidad para ello. Somos unos trabajadores más del Estado, como los médicos y otros colectivos para los que están establecidos unos servicios mínimos", dijeron fuentes de ese sindicato.Vinculaciones políticas con el PPLa libertad sindical permitirá, a juicio del Sindicato Reformista de Policías, un gran avance en la defensa de los derechos de los miembros de este cuerpo de seguridad del Estado. "Es incongruente que se pida la equiparación salarial y no derechos para que nuestros representantes sindicales puedan negociar en la Mesa de Función Pública, que es donde se pueden conseguir los grandes avances", explica su portavoz.A juicio de Soler, sindicatos históricos policiales como UFP y SUP mantienen vinculaciones políticas con el PP, empeñado en derrocar al Gobierno progresista, que les impiden centrarse en la lucha para mejorar las condiciones de los funcionarios de Policía. "Mientras el resto no se mueve, nosotros llevamos casi dos años trabajando el tema de la libertad sindical, manteniendo reuniones con sindicatos de clase y con formaciones políticas, para que esto cambie definitivamente", recalca el portavoz de SRP.PublicidadLa diferencia de planteamientos entre los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía ha quedado patente con el caso de la "brutal agresión" de un agente a una manifestante en Valencia denunciada por las organizaciones de docentes de la enseñanza pública. La Confederación Española de Policía (CEP), tercera fuerza en el Consejo de Policía con dos representantes, arremetió contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por haber anunciado una investigación sobre unos hechos que calificó de "inaceptables". "Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado", publicó en redes sociales ese sindicato-Lo mismo dijo la UFP, que mostró un total apoyo "al compañero y a su actuación". "Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas", añadía este sindicato en sus redes. Mientras que el mayoritario SUP afirmó que el policía "en ningún momento tenía intención de lesionar" a la profesora. "Lamentamos lo ocurrido, pero tampoco permitiremos un juicio sumario mientras hay quien pide atentados de ETA contra nuestra profesión".Por su parte, el SRP expresó en un comunicado "su indignación y absoluta condena" a la agresión sufrida por una profesora jubilada. "Una sociedad democrática no puede tolerar que una ciudadana que ejerce pacíficamente un derecho fundamental -el derecho a manifestarse- termine en el suelo, golpeada y humillada", recalcó este sindicato de Policía sin representación en el Consejo.