Hace 35 días, cuando el escándalo por los abultados bienes y consumos de su jefe de ministros ya era imposible de evadir, el presidente Javier Milei aseguró que Manuel Adorni despejaría todas las dudas sobre su patrimonio a la brevedad: era inminente la presentación de su declaración jurada, aseguró. Sin embargo, eso todavía no ha sucedido. Las semanas pasan sin que el documento aparezca y el Gobierno apela al inicio del Mundial para disipar la atención sobre el asunto, mientras Adorni intenta emprolijar sus papeles.Este miércoles, el funcionario solicitó incorporarse a un régimen incluido dentro de la llamada ley de “inocencia fiscal”, que permite evitar dar explicaciones sobre el aumento patrimonial e incluso ingresar al sistema dólares no declarados. Este régimen de excepción fue impulsado por el Gobierno que integra y también ha acogido a su esposa, Bettina Angeletti, y a una serie de figuras del Gabinete libertario. La solicitud fue presentada en la mañana de este miércoles, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, apenas diez días después de que lo hiciera Angeletti. Ambos movimientos se dan mientras el matrimonio es investigado en la justicia por una situación patrimonial que contrasta con su nivel de ingresos. En los últimos meses, medios periodísticos nacionales han revelado gastos de la pareja que superan con comodidad el medio millón de dólares e incluyen, entre otros, la compra de dos viviendas con préstamos por fuera del sistema bancario, un viaje familiar en avión privado a Uruguay, vacaciones de lujo a la isla caribeña de Aruba y refacciones millonarias en una casa de fin de semana.La Ley 27.799 es, en realidad, una modificación del Régimen Penal Tributario, pero fue bautizada informalmente por el Gobierno como “ley de inocencia fiscal”. Aprobada a fines del año pasado, junto con el presupuesto 2026, se reglamentó y entró en vigencia durante los primeros meses de este año. La norma está fuertemente vinculada al ideario de Milei, que considera que los evasores no son delincuentes, sino “héroes” que logran “escapar de las garras del Estado”, y tiene dos ejes. Por un lado, una reforma penal tributaria que elevó de manera sustancial los montos mínimos para configurar delitos de evasión (y desactivó, así, cientos de procedimientos judiciales en curso). Por otro lado, la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que fue al que solicitó acogerse Adorni. Se trata de un régimen optativo que —según explica un contador que alienta a todos sus clientes a inscribirse— otorga una serie de beneficios. Por un lado, el contribuyente realiza una declaración jurada muy simple y sintética donde no incluye movimientos patrimoniales o justificaciones de sus consumos o de su nivel de vida. Por otro lado, si se paga correctamente el impuesto a partir de ese momento, genera un “bloqueo fiscal” hacia atrás: se presume que se ha pagado de manera correcta en los años previos y no se revisa. Tercero, aquellas personas que tienen dólares no declarados, pueden ingresarlos al sistema sin ningún costo impositivo y sin consecuencias fiscales, siempre que el dinero provenga de operaciones o actividades lícitas (algo que le corresponde evaluar a la Unidad de Información Financiera si es que recibe el reporte de una operación sospechosa). En este marco, Adorni y su esposa buscaron regularizar con este mecanismo el período fiscal 2025, lo que podría vincularse a la presión generada por la investigación judicial sobre sus cuentas. Si bien la normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial de quienes se acojan al régimen de inocencia fiscal, no bloquea investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En ese sentido, la adhesión al régimen no afectaría la investigación en curso sobre el jefe de Gabinete. A diferencia de otros regímenes de excepción impulsados anteriormente, no excluye a funcionarios públicos ni a sus familiares. Solo impone un límite económico, dejando afuera a los contribuyentes que tengan ingresos totales de hasta 1.000 millones de pesos anuales (unos 830.000 dólares al tipo de cambio actual) y patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos (alrededor de 8,3 millones de dólares). Esto permitió que otras figuras de primera línea del Gobierno se suscribieran, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, y el candidato libertario que debió bajarse de las elecciones legislativas de octubre de 2025 por sus vínculos con un empresario preso por narcotráfico, José Luis Espert.Más allá de las consecuencias legales, el pedido de adhesión de Adorni a este régimen colisiona con la imagen de intachabilidad que el Gobierno se arroga. Pese a estar asediado por múltiples causas, Milei prepara un libro titulado La moral como política de Estado y ha asegurado múltiples veces que su gestión está regida, en primera instancia, por “valores éticos y morales”. Adorni se ha jactado públicamente, por ejemplo, de haber desplazado a una funcionaria por incurrir en el gasto injustificado de una cafetera para una oficina estatal. Pero ahora que él mismo está en el centro de la escena, se niega a dar explicaciones.