En la Casa Rosada creían que Manuel Adorni llegaría sin sobresaltos a uno de los momentos más delicados de su gestión. Después de meses de cuestionamientos, el jefe de Gabinete finalmente había puesto fecha para la presentación de su declaración jurada patrimonial y el Gobierno se preparaba para cerrar una discusión incómoda que ya había escalado hasta los tribunales federales. Pero la revelación de que su esposa, Bettina Angeletti, se inscribió en el régimen simplificado de Ganancias contemplado en la ley de Inocencia Fiscal volvió a agitar el avispero justo cuando el oficialismo intentaba dar vuelta la página.
La reacción interna fue inmediata. Lejos de observar el episodio como un problema, distintos funcionarios salieron a relativizar la controversia y a encuadrarla como una utilización completamente normal de una herramienta creada por el propio Gobierno. “No hay ninguna ilegalidad”, repetían este miércoles en distintos despachos oficiales, con pequeñas variaciones pero una misma lógica: si la administración libertaria impulsó esa ley precisamente para que los contribuyentes se incorporaran al régimen simplificado, resultaría contradictorio cuestionar que funcionarios o familiares de funcionarios decidieran hacerlo.
