Manuel Adorni solicitó su adhesión al régimen simplificado de Ganancias establecido por la llamada Ley de Inocencia Fiscal, según consta en la constancia de inscripción emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El documento confirma que el funcionario se acogió al mecanismo para el período fiscal 2025, mientras la Justicia lo investiga por un presunto enriquecimiento ilícito que no logra justificar.
La movida no es aislada. Su esposa, Bettina Angeletti, ya había pedido acogerse al mismo régimen el 31 de mayo, según registros de ARCA. Ambas solicitudes se presentaron antes de que Adorni entregue su declaración jurada patrimonial, cuya demora viene siendo señalada por la oposición y la prensa.
La Ley de Inocencia Fiscal —impulsada en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrada por el propio Milei— permite pagar el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo facturado, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio ni el consumo personal durante ese período. En términos prácticos: quien se adhiere no está obligado a explicar la brecha entre sus ingresos declarados y sus bienes reales.
Ese mecanismo es exactamente lo que la investigación judicial puso en el centro. Según los registros de la causa, Adorni y su esposa compraron en 2025 un departamento en Caballito por el que pagaron 30.000 dólares en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de 200.000 dólares de parte de las vendedoras, dos jubiladas. El expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, analiza también la compra de una casa en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares, con 20.000 en efectivo y una hipoteca de 100.000 dólares suscripta con una policía retirada y su hija. Las propias vendedoras declararon que Adorni aún les debe 70.000 dólares de esa operación. Además, el contratista Matías Tabar declaró que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin facturar por las refacciones de esa propiedad.
