Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid han admitido a trámite sendos recursos especiales para la protección de derechos fundamentales interpuestos por vecinos de la Cañada Real Galiana frente a actuaciones ejecutadas el pasado 28 de abril de 2026 por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en el Sector 4, han informado fuentes jurídicas.PublicidadLa admisión a trámite supone que los órganos judiciales aprecian la concurrencia de los requisitos necesarios para examinar el fondo de unas denuncias que plantean cuestiones de especial relevancia constitucional sobre los límites de la actuación administrativa y la protección de los derechos fundamentales de los vecinos de la Cañada Real.Se trata del Juzgado nº 7 y el Juzgado nº 25 de lo Contencioso, que ahora requieren al Ayuntamiento para que remita expediente completo de las actuaciones sucedidas, cuándo se destruyó una habitación de una vivienda y la mitad de otra parcela incluyendo la tala y destrucción de 17 árboles de más de diez años, todo ello sin autorización judicial. Asimismo, se da traslado a la Fiscalía de Madrid para que presente alegaciones y pueda ser parte en el procedimiento.Los afectados sostienen que desde hace años se vienen produciendo actuaciones orientadas a forzar la salida de los vecinos del barrio, algunos con residencia de más de 30 años, mediante mecanismos que consideran incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas afectadas.Asistencia a los vecinosLa dirección letrada de ambos procedimientos corresponde al Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), entidad que viene prestando asistencia a vecinos de la Cañada Real y que considera que estos casos cobran especial importancia para "la defensa de los derechos y garantías constitucionales que asisten a todas las personas y especialmente a los residentes de Cañada Real que resisten a una presión especulativa sin precedentes, motivada por el crecimiento de los desarrollos urbanísticos desde 2020".PublicidadRecuerdan que no es la primera vez y que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ya fue condenado en firme hace dos años por el derribo sin autorización judicial de una vivienda de una familia en el mismo sector 4.Por su parte, la Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 ha mostrado su satisfacción por la admisión a trámite de los recursos y ha expresado su confianza en que los tribunales puedan esclarecer los hechos denunciados.PublicidadUn portavoz de la asociación ha subrayado que esperan que se haga justicia y se frene la ola de ataques que vienen sufriendo y que los ayuntamientos y la Comunidad se sienten a dialogar con el barrio. "Nuestra reclamación es consolidar nuestras viviendas y pagar las contribuciones que nos correspondan", señalan.Sin coaccionesLa asociación vecinal considera que la judicialización de estos hechos pone de manifiesto "la necesidad de abrir espacios de diálogo real y sin coacciones con los residentes de la Cañada Real para abordar soluciones estables y respetuosas con los derechos de las familias que viven en el barrio".Asimismo, los vecinos han anunciado una manifestación para el próximo domingo 14 de junio, a las 11 horas, por las calles del municipio de Rivas- Vaciamadrid.Los vecinos: "Nuestra reclamación es consolidar nuestras viviendas y pagar las contribuciones que nos correspondan"La convocatoria pretende denunciar lo que consideran una situación de acoso institucional continuado hacia los residentes de los distintos sectores de la Cañada Real.Las familias afectadas manifiestan su confianza en la Justicia y esperan que la tramitación de estos procedimientos permita esclarecer los hechos ocurridos, depurar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse y garantizar que ninguna actuación administrativa pueda desarrollarse al margen de las garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos.El Ayuntamiento se defiendeFuentes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid señalan que respetan cualquier actuación judicial y que remitirán a los juzgados toda la documentación que le sea requerida, "con plena colaboración y transparencia".En todo caso, el Ayuntamiento defiende la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones realizadas el pasado 28 de abril en el sector 4 de la Cañada Real Galiana, en el marco de sus competencias en materia de disciplina urbanística y en coordinación con la Comunidad de Madrid, titular del suelo."Estas actuaciones no se dirigieron contra infraviviendas ni contra espacios residenciales, sino contra ocupaciones ilegales de suelo público anexas a las viviendas, que ya habían sido objeto de expedientes previos de disciplina urbanística y que habían vuelto a ser ocupadas para usos privativos", señalan.En algunos casos, además, "se trata de ocupaciones reincidentes que persiguen la apropiación irregular de suelo público, su parcelación con fines de especulación urbanística y lucro económico y su transmisión fraudulenta a terceros".Publicidad"La Cañada Real es suelo público"El Ayuntamiento ha subrayado que la Cañada Real Galiana es suelo público, propiedad de la Comunidad de Madrid, clasificado como suelo no urbanizable de protección, donde no está permitido construir. La obligación de las administraciones públicas es impedir nuevas ocupaciones, frenar procesos de parcelación ilegal y evitar que se consoliden situaciones que generan inseguridad jurídica, desigualdad y riesgo para el conjunto del entorno."Uno de los casos detectados reviste especial gravedad, al haberse producido ocupaciones sobre el trazado del gasoducto de Enagás, una infraestructura sensible cuya afección puede suponer un riesgo para la seguridad de la propia Cañada Real y de zonas próximas como el barrio de La Luna", explican fuentes municipales.La política del Ayuntamiento de Rivas en la Cañada Real combina dos principios, "la defensa del derecho a una vivienda digna para la población vulnerable, que promueve a través del programa de realojos del Pacto Regional de la Cañada Real, y la defensa de la legalidad urbanística".PublicidadSegún el Consistorio, el objetivo municipal no es perpetuar la situación actual, con la Cañada como uno de los principales focos de exclusión social de Europa, sino avanzar hacia "una solución digna, segura y estable para las familias que residen allí y que tienen derecho a una vivienda digna, con suministros y condiciones adecuadas de habitabilidad".Atención a la población necesitadaEl Ayuntamiento subraya que viene desarrollando desde hace años un trabajo permanente en la zona, mantiene una mesa de participación con las asociaciones vecinales de la Cañada y es, en muchas ocasiones, "la primera administración que atiende a la población cuando se produce una situación de necesidad"."Precisamente por ese conocimiento directo de la realidad de la Cañada, el Ayuntamiento mira con enorme preocupación cómo determinados despachos de abogados están haciendo negocio con la situación de vulnerabilidad de muchas familias, alimentando expectativas que no contribuyen a resolver el problema de fondo", agregan.El Ayuntamiento: "La solución pasa por el realojo y por asegurar que las familias vulnerables puedan acceder a alternativas habitacionales dignas"Por eso, el Ayuntamiento destaca que actúa contra nuevas ocupaciones ilegales y usos privativos del suelo público, especialmente cuando se producen de forma reincidente o con ánimo de parcelación irregular para especular urbanísticamente con el suelo, al mismo tiempo que defiende el cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real.Publicidad"La solución no pasa por permitir nuevas construcciones ilegales en un suelo público no urbanizable y de protección, ni por cronificar una situación de vulnerabilidad de la que algunos parecen obtener beneficio. Pasa por acompañar los procesos de realojo, impedir que se consoliden nuevas situaciones de riesgo y asegurar que las familias vulnerables puedan acceder a alternativas habitacionales dignas conforme al Pacto Regional", concluyen.