NoticiaEl abogado Luis Felipe Henao, miembro de la junta de Ecopetrol, radicó ante la Corte Suprema la denuncia.Gloria Arizabaleta es la presidenta de la Comisión de Acusaciones. Foto: Prensa Gloria ArizabaletaPERIODISTA JUDICIAL10.06.2026 11:38 Actualizado: 10.06.2026 11:38
La controversia por la decisión de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política terminó en una denuncia penal contra la presidenta de la Comisión de Acusaciones.El abogado y actual miembro de la junta directiva de Ecopetrol Luis Felipe Henao presentó una denuncia por prevaricato por acción contra la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, al considerar que la medida cautelar que ordenó contra el jefe de Estado es "abiertamente contraria a la Constitución y a la ley".En el documento, radicado ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Henao sostiene que Arizabaleta se arrogó una competencia que no tiene al ordenar, mediante un auto de sustanciación, la suspensión del Presidente de la República hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que cerrarán las urnas de la segunda vuelta presidencial.La denuncia señala que, aunque en el auto se reconoce la existencia de un procedimiento constitucional especial para investigar y juzgar al jefe de Estado, la congresista decidió aplicar de manera directa las normas del Código General Disciplinario para decretar la suspensión.Según Henao, esa facultad está reservada exclusivamente al Senado de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes, por lo que una representante investigadora no puede adoptar una medida de esa naturaleza."Lo más grotesco es que diga que es una resolución de sustanciación, cuando de manera evidente una suspensión es una decisión interlocutoria", sostiene la denuncia, que además cuestiona que la providencia haya sido presentada como un auto frente al cual no procede recurso alguno.Para el exministro, la decisión desconoce los artículos 4, 174, 175 y 194 de la Constitución, que regulan el procedimiento para la suspensión de un Presidente en ejercicio, y constituye una extralimitación de funciones que podría configurar el delito de prevaricato por acción. Por eso le pidió a la Corte admitir la denuncia, abrir una investigación penal contra la congresista y recaudar las pruebas relacionadas con la expedición de la medida. Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
