La última vez que Mirna Urías vio a su hijo Merlon, él tenía 18 años, vestía unos pantalones cortos negros y una camisa marrón. Era la noche del 30 de marzo de 2022. Recuerda haberlo visto arrodillado junto a tres amigos, mientras un grupo de policías los custodiaba con armas largas. Merlon no estaba esposado, pero lloraba con las manos hacia atrás, agarrándose los dedos. A lo lejos, su madre le gritaba: “Hijo, no te preocupes, nosotros vamos a demostrar que eres inocente”. Luego, los agentes se lo llevaron al interior de la comisaría y nunca más lo vio.Han pasado cuatro años y dos meses desde aquella captura. Merlon tiene ya 22 años y su madre solo sabe de él cuando unos agentes con pasamontañas le dicen, a través de un grueso cristal, que el joven sigue vivo tras los muros de una prisión. Nada más. Mirna es una de las miles de salvadoreñas que llevan años peregrinando por las cárceles del país en busca de sus hijos, sumidas en el silencio oficial.El domingo 10 de mayo, Día de la Madre, un grupo de mujeres se reunió frente a la catedral de San Salvador, no para celebrar la fecha, sino para visibilizar el dolor. Han anunciado que, ante la opacidad del Estado, han decidido agruparse en un colectivo para intentar ser escuchadas. El movimiento, bautizado como Madres por la Libertad, está conformado ahora por un centenar de mujeres, aunque Mirna, su portavoz, asegura que pronto serán miles.“No tenemos pruebas de vida”, relata Mirna. “Yo solo sé que mi hijo no ha muerto porque cada dos o tres meses un guardia me dice que lo han cambiado de celda. Al menos así constato que se mueve dentro del sistema”. Un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre los detenidos en los primeros compases del régimen de excepción, al que ha tenido acceso este periódico, registra la captura de Merlon bajo el cargo de agrupaciones terroristas. Su madre, sin embargo, defiende que el joven no es pandillero, sino que trabajaba en la recolección de caña de azúcar desde hacía dos años.Ser madre en El Salvador significa, a menudo, buscar. Si los datos que el presidente, Nayib Bukele, ha publicado en sus redes sociales son ciertos —los únicos disponibles, puesto que el resto permanece bajo reserva de Estado—, en el país centroamericano hay 80.000 desaparecidos por la violencia de las maras en las últimas tres décadas; es decir, al menos uno de cada cien salvadoreños. Por cada víctima hay al menos una persona buscando. En su mayoría, mujeres; casi siempre, madres. A esta tragedia histórica se suma que, en los últimos cuatro años, otras 92.000 personas han sido engullidas por el sistema penitenciario, incomunicadas en unas cárceles donde reina la opacidad absoluta.El régimen de excepción, que este mes cumple cuatro años y dos meses de vigencia, logró desarticular a las pandillas, el fenómeno criminal que sembró el terror durante décadas. Sin embargo, la medida de mano dura ha acarreado gravísimas consecuencias colaterales para los habitantes de las comunidades más empobrecidas. “Desde que empezó el régimen, muchísimas madres nos encontramos frente a los penales buscando a nuestros hijos. Nos conocimos allí y nos dimos cuenta de que estábamos igual. A la fecha seguimos sin saber nada. Algunas solo los ven en fotografías publicadas por los medios cuando los trasladan o durante una audiencia, pero la mayoría no sabemos si están vivos o muertos”, lamenta Mirna.Ante esta situación, explica, un grupo de mujeres originarias de la comunidad del Bajo Lempa, en el sureste del país, comenzó a organizarse. “Si alguien no conocía el paradero de su hijo, las demás la ayudábamos a ir a preguntar a las instituciones, nos informamos y empezamos a ver las cosas de otra manera. Entendimos que tenemos derecho a saber de ellos y que el Estado nos lo está violentando”, añade la mujer.Al colectivo de buscadoras de los presos de Bukele se han unido otras mujeres que rastrean el paradero de hijos desaparecidos por la violencia en años anteriores. Una de ellas es Eneida Abarca, cuyo hijo Carlos se esfumó en una zona controlada por pandillas el 1 de enero de 2022. “Me he unido a ellas porque creo que compartimos el mismo dolor: el de la incertidumbre absoluta”, declara a este periódico.El drama de estas mujeres refleja el impacto del régimen en las familias de los reclusos: hogares desintegrados; ancianas que han vuelto a ser madres a la fuerza para criar a sus nietos; mujeres obligadas a doblar turnos en el campo para poder costear los paquetes de alimentos que exigen los penales, y nuevas enfermedades somatizadas por el estrés continuo. Un informe elaborado por la organización de derechos humanos Cristosal en 2023 ya advirtió de que las mujeres conforman la población más castigada por la política de seguridad, al verse forzadas a asumir la totalidad de los cuidados y exprimir sus recursos para costear las defensas legales.De puertas para adentro, las denuncias son alarmantes: hacinamiento, falta de atención médica letal y procesos judiciales sin derecho a la defensa. Diversos organismos internacionales han señalado la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno, incluyendo torturas y desapariciones forzadas.A José Dubal Mata Alvarado lo arrestaron el 18 de abril de 2022, con 26 años, cuando regresaba de su jornada como operador de tractor en una finca agrícola de Usulután. Su madre, Marcela Alvarado, asegura que la angustia constante le ha provocado problemas cardiacos y diabetes. Su hijo sigue entre rejas a pesar de que un juez ha ordenado hasta en dos ocasiones su puesta en libertad.“Las dos veces le concedieron la salida, pero no pude llegar a tiempo a recogerlo porque vivo a seis horas del penal. Si la familia no llega rápido, en menos de una hora los vuelven a meter presos”, relata. “Llevo cuatro años sin noticias suyas y me atormenta no haber podido llegar a por él. Yo sé que me lo van a entregar, pero en un ataúd. Porque así se los devuelven a las familias: en una caja cerrada”.Otras mujeres, como Johana García, sufren una múltiple ausencia. En abril de 2022, la policía se llevó a su hijo René, a su hija Sandra y a su esposo José. Ella tuvo que hacerse cargo en solitario de cinco menores. Ocho meses después de las detenciones, García fue diagnosticada de cáncer. En conversación con EL PAÍS, esta mujer de 68 años confiesa que se ha visto abocada a mendigar comida a los vecinos para mantener a los niños. “No me da el cuerpo ni el dinero para ir a llevarles un paquete de limpieza a la cárcel. Dígame usted, ¿cómo voy a hacer para alimentar yo sola ocho bocas?“, se pregunta. ”Solo le pido a Dios que estén vivos y que un día me los liberen, porque en realidad no tengo forma de comprobar cómo están".La organización Socorro Jurídico Humanitario ha documentado más de 500 muertes bajo custodia del Estado en las cárceles salvadoreñas. La cifra, advierte la ONG, es un subregistro conservador: abundan los casos de cadáveres enterrados en fosas comunes sin que las autoridades notificaran el deceso a sus parientes.Ser madre en El Salvador es, en esencia, un acto de resistencia. “Desde que se lo llevaron, no he vuelto a escuchar la voz de mi hijo. Antes no padecía del corazón, pero ahora siento una pesadez honda. Sin embargo, hasta el día de mi muerte no pienso dejar de buscarlo”, promete Alvarado.El Gobierno de Bukele despacha sistemáticamente las críticas acusando a los defensores de derechos humanos de ser cómplices de los terroristas. Frente a ese relato oficial, las integrantes de Madres por la Libertad sostienen que su única cruzada es la defensa de personas atrapadas en redadas indiscriminadas. “Digo que mi hijo es inocente porque sé que era un joven trabajador. Por eso no me callo y exijo que se me escuche”, sentencia Alvarado. “Ojalá nuestra voz cruce las fronteras, y que el mundo no se crea el cuento de que este es el país de las maravillas”, clama.