Cuando su nieta Keila Aguilar, de seis años, le pide por cuarta vez que baile con ella al ritmo de su ídolo en YouTube, María Lidia Lemus, de 51 años, suspira hondo, reúne las últimas energías del día y acepta. Tras unos pasos en su casa en la colonia Mejicanos, en San Salvador, se deja caer en el sillón, agotada, mientras la niña corre al cuarto y vuelve con un abecedario. “Tenemos que hacer la tarea para mañana, mamá”. Así la llama Keila. María Lidia asiente con la resignación de quien aún no termina de aceptar la realidad. “Nunca imaginé ser mamá a mis 51 años”, reconoce.En 2022, Keila empezó a vivir con su abuela paterna. El 7 de abril de ese año, su padre, César Enrique Aguilar Lemus, de 22 años, fue detenido bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele, señalado de pertenecer a una agrupación ilícita. “Iba a jugar a la cancha cuando la policía lo detuvo sin una orden judicial ni evidencias. Lo único que sé es que está en la cárcel La Mariona, pero desde entonces no he vuelto a verlo ni a hablar con él”, murmura Lemus. Su hijo y su nuera son unos de los 92.000 detenidos desde el inicio del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y prorrogado medio centenar de veces. Para hacerse una idea: en España, un país con casi ocho veces la población de El Salvador, hay poco más de 62.000 personas en prisión. En el país centroamericano no solo una de cada 50 personas está en la cárcel, sino que el 36% no debería estarlo. Un reciente informe oficial filtrado ha revelado que más de 33.000 detenidos no figuran como pandilleros en los registros policiales. Cuando los hijos desaparecen en las cárceles salvadoreñas, son casi siempre las mujeres, madres y abuelas, quienes sostienen a las familias, tanto afuera como dentro de la cárcel. Porque, más allá de una ración mínima de comida, el sistema penitenciario apenas cubre las necesidades básicas de los reclusos.María Lidia Lemus sostiene una fotografía de su hijo, César Enrique Aguilar Lemus, frente a su casa en San Salvador, donde ha vivido toda su vida y que en su día estuvo ocupada por la banda Barrio 18. Afirma que su hijo es inocente y que simplemente vivía en un barrio controlado por las bandas.Simona CarninoLidia vigila a su nieta Keila desde la cocina. Simona Carnino (Simona Carnino)En San José Guayabal, a una hora de la capital salvadoreña, Irma Elizabeth Sánchez Maldonado, de 63 años, sufre una doble ausencia. Vive en una pequeña casa a pocos metros de la de su hijo José Alexander Alfaro Sánchez, detenido en julio de 2022, tres días después de Samuel Vásquez Sánchez, su otro hijo. “Fue la semana más fea de mi vida, se llevaron mis únicos hijos. Ellos no están ‘manchados’ [tatuados, una pista que el Estado interpreta como pertenencia a una pandilla]. Tampoco tienen antecedentes penales. Son inocentes”, solloza. Desde la detención, Alexandra Guadalupe, de 13 años, vive sola en la casa de su familia; pero pasa la mayor parte del tiempo donde su abuela, cuya residencia está a unos 50 metros. “Duerme casi siempre conmigo. Yo cocino e intento cuidarla como puedo, pero sin el salario de su papá es duro sobrevivir”, sigue. En 2022, Alexandra se quedó sola. Su padre fue capturado un domingo mientras trabajaba en casa y, a los pocos meses, su madre migró a México para trabajar y enviar remesas.Cuidados y carga económicaMaría Lidia Lemus, Irma Elizabeth Sánchez y sus nietas son solo un ejemplo de las miles de víctimas invisibles del régimen de Bukele. Un informe de la ONG Cristosal advirtió en 2023 de que las familiares de los capturados han tenido que asumir en solitario la carga de cuidados y de sostén económico de los hogares. La pesadilla se ha recrudecido desde 2022, cuando, a través del régimen de excepción, el presidente declaró una guerra contra las pandillas. Si bien en el país se redujo la tasa de homicidios de 108 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025 ―según el Ministerio de Seguridad―, el coste en materia de derechos humanos ha sido muy elevado, según denuncian organizaciones nacionales e internacionales. El Salvador es, actualmente, el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Además, según ha denunciado Human Rights Watch, un sistema perverso de premios a policías a cambio de cuotas de arresto ha generado un sistema de detenciones arbitrarias masivas sin vínculos con la mara Salvatrucha 13 o Barrio 18, las pandillas que Bukele pretendía combatir. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según un informe del Grupo Internacional de Expertos en Derechos Humanos.El presidente Bukele criticó el informe y aseguró, a través de su cuenta en X, que “las organizaciones de derechos humanos se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes”. “Ellos quieren que los criminales sigan asesinando inocentes; para eso trabajan, para eso les pagan. Su labor es engañar a la población para debilitar el apoyo a medidas que pueden traer seguridad a sus familias. Su verdadero objetivo es perpetuar el sufrimiento de la gente honrada”, sostuvo. Estas organizaciones de “defensa de los derechos humanos”, a las que muchos medios nacionales e internacionales (The Guardian, France 24, El País, los medios de Open Society, entre otros) les están dando amplia cobertura, y que están siendo retomados por miles de periodistas,… pic.twitter.com/qbqy9QVKJd— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2026