En El Salvador, los familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele no tienen información oficial sobre su paradero. Desde marzo de 2022, que el mandatario impulsó esta medida que lo ha catapultado a nivel internacional, más de 91 mil personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a pandillas. Además de que el Estado no brinda información sobre los lugares y las condiciones de reclusión en las que están, los acusados son juzgados sin derecho a la debida defensa, en juicios masivos y por jueces anónimos.
Ante la negligencia de no garantizarles un proceso apegado a derecho y debido a las múltiples denuncias de violaciones sistemáticas a derechos humanos que ocurren en el país centroamericano, que incluyen muertes con signos de tortura dentro de las cárceles, decenas de madres han comenzado a organizarse en el colectivo Madres por la Libertad.
En el colectivo hay al menos 60 madres salvadoreñas que exigen públicamente que las autoridades les den información sobre sus hijos, hijas o esposos detenidos. Lo hacen en medio de un contexto represivo y bajo un Estado en el que ningún ciudadano cuenta con derechos constitucionales. A mediados del año pasado, una encuesta de la Universidad José Simeón Cañas señaló que de 10 salvadoreños, seis tienen miedo de ir presos por expresar opiniones en contra del gobierno.
