San Salvador (EFE).- El Congreso de El Salvador, dominado por el gobernante partido Nuevas Ideas, renovó este miércoles por 51 ocasión el polémico régimen de excepción para continuar la «guerra» contra las pandillas, mientras que una organización humanitaria pidió a la Corte Suprema que declare esa medida como inconstitucional.
De acuerdo con el decreto aprobado con 57 votos de 60 escaños del Congreso, en el contexto de esta suspensión de garantías constitucionales se dieron 92.300 detenciones de personas, a las que el Ejecutivo de Nayib Bukele acusa de ser pandilleros, aunque reconoció la detención de al menos 8.000 inocentes.
Se renueva por otros 30 días «con el objetivo de consolidar la desarticulación progresiva de estos grupos delictivos y sus remanentes», a pesar de que «el Gabinete de Seguridad ha mantenido una actividad operativa constante que responde a una estrategia sostenida de intervención estatal, orientada a la localización y captura de integrantes de distintos niveles jerárquicos».
Fotografía de archivo de un grupo de diputados durante una sesión plenaria, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
«Resulta necesario continuar ejecutando acciones idóneas de combate contra estas estructuras delincuenciales a fin de contrarrestar sus intentos de actuación ilícita, destruyendo cualquier vínculo operativo, financiero o logístico relacionado con sus actividades ilícitas», añade el decreto votado sin estudio ni debate legislativo previo.
