El administrador concursal de Sky Bar, el palco vip del Santiago Bernabéu, ha presentado un escrito en el juzgado mercantil que tramita el concurso de la compañía, en el que cuestiona la oferta de compra de última hora presentada por un antiguo colaborador de ACS, según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial. Esta oferta pone sobre la mesa unos 11 millones de euros para hacerse con Anastia, la sociedad gestora del palco, aunque llega después de que ya se haya formalizado su venta al Real Madrid. La administración concursal advierte al juez de que la oferta de última hora presentada por el excolaborador de ACS, Óscar Gómez, está firmada por el mismo abogado que defiende al socio mayoritario de Anastia, señalado como posible culpable de la quiebra. La vista sobre la calificación del concurso todavía no se ha celebrado, pero el administrador concursal ha pedido que se declare culpable. Sky Bar es el espacio reservado para ser el palco más vip del Santiago Bernabéu tras su reforma, pero ha sido un quebradero de cabeza para el club y para el propio Florentino Pérez, que ganó las elecciones presidenciales el domingo. El Sky Bar fue adjudicado a Anastia en 2023 en un proceso coordinado por Colliers, pero la sociedad no ha llegado a ponerlo en funcionamiento y ha arrastrado una deuda millonaria, incluidas las deudas con proveedores que ha tenido que asumir el propio Real Madrid, que ahora quiere recuperar la gestión. Ya en concurso, llegó una puja de 11 millones de euros por parte de un excolaborador de ACS que ha sido criticada por el administrador, quien advierte que la oferta no está firmada por el administrador de la sociedad, Óscar Gómez, sino solo por sus representantes legales. Además, la oferta física en sí no se adjuntó al escrito. Por otro lado, el administrador concursal pone de manifiesto que el abogado que firma la propuesta es el mismo que defendía al socio mayoritario de Anastia, señalado, entre otros, como culpable de la quiebra por parte de la administración concursal al considerar que su gestión contribuyó a la quiebra de la empresa. El escrito del administrador también advierte de que la sociedad no está inscrita en ningún registro en España y, por tanto, carece de personalidad jurídica. A este respecto, la sociedad a través de la que se ha vehiculado la oferta, Pure Green, está domiciliada en Andorra. La sociedad, siempre según el administrador concursal, no aporta cuentas anuales ni ratios financieras. Como 'prueba', presenta una carta en inglés de Permira Credit ('comfort letter'), pero el propio documento indica explícitamente que es una carta de interés no vinculante y ni siquiera está firmada. Tampoco acredita disponer de ningún tipo de estructura organizativa, técnicos o trabajadores para asumir la gestión del Sky Bar. Por último, la administración concursal recuerda que no existe una unidad productiva como tal, dado que Anastia no tiene trabajadores en plantilla, y el local del Sky Bar nunca llegó a explotarse porque no se obtuvieron las licencias necesarias. La oferta de Pure Green exige como 'condición esencial' la vigencia del contrato de alquiler con el Real Madrid. Sin embargo, ese contrato ya fue resuelto. De hecho, el juzgado autorizó un acuerdo transaccional el 13 de mayo de 2026 para devolver la posesión del local al Real Madrid, que incluía la terminación de todos los litigios en curso. Sky Bar se revuelve contra su venta al Madrid De forma paralela, la administración concursal ha presentado un segundo escrito ante el juez en el que se opone al recurso presentado por Anastia, Mandalore y EPH Arturo Soria contra el auto que acuerda la venta del palco al Real Madrid. El administrador defiende que el acuerdo es plenamente legal y económicamente beneficioso para los acreedores. En su escrito, el administrador apunta que todos los recurrentes están "vinculados al entorno societario de Anastia" y "comparten un interés común en mantener artificialmente abierto el litigio con el Real Madrid y, sobre todo, en preservar la apariencia de vigencia del contrato de arrendamiento del Sky Bar Bernabéu, en tanto que dicha apariencia constituye la clave de bóveda de la oferta presentada por The Pure Green Technology Company". La administración concursal recuerda que el presidente de la sociedad gestora, Javier Utande, reconoció en un correo electrónico que los inversores renunciaban a tomar una participación en el capital cuando comprobaban que "ni el horario de apertura (por licencia) era el expuesto, ni se abría la terraza, ni se explotaban los asientos del palco". Esto es, "que el negocio no existía porque no había licencia, no había actividad y no había activo real. No existiendo actividad ni licencia, no puede darse cumplimiento al contrato, y, además, como veremos más adelante, no existe 'unidad productiva' que salvaguardar". La administración alerta, además, de un conflicto de interés no desvelado al tribunal. En septiembre de 2024, el accionariado de Anastia estaba compuesto en un 51% por EGDS y en el restante 49% por Mandalore, S.L., entidad cuyos titulares son Julio Mañas y Javier Utande, "quienes a su vez ostentan participación directa en la propia concursada", que también ha recurrido el auto de la venta. "Quien recurre la autorización de la transacción no actúa en defensa del interés del concurso ni de la colectividad de acreedores, sino en protección de una posición societaria e inversora propia que resulta incompatible con la maximización del valor para la masa", concluye el administrador. Por otro lado, frente a la crítica de Anastia de que el acuerdo aporta solo 1,75 millones de euros en tesorería, la administración defiende el valor global de la operación, que asciende a 9,5 millones de euros. Este valor, explica la administración, incluye la asunción de deudas por parte del Real Madrid frente a los proveedores de Anastia y elimina el riesgo de perder el litigio que tenía con el club de fútbol y acabar con una condena en costas. Al reducir el pasivo, se aumenta el activo que queda disponible para pagar al resto de acreedores. Tres años de litigios y deudas El Sky Bar acabó en concurso a solicitud de uno de sus acreedores, Diageo (grupo de bebidas como Johnnie Walker o Guinness), asesorado por CMS Albiñana & Suárez de Lezo, mientras que Anastia, que ha recurrido la decisión del juez de volver a ceder la gestión al Real Madrid, está asesorada por Cosano & Asociados. El Real Madrid y Anastia se han cruzado demandas en torno a la gestión del Sky Bar y a posibles incumplimientos de compromisos, mientras crecía la deuda con los proveedores, que superó los cinco millones de euros, sin llegar a abrir el espacio a los clientes. El Sky Bar debería ser la joya de la corona del estadio, con 700 metros cuadrados en el anillo superior, vistas de todo el complejo, incluido el campo, dos terrazas de 250 metros cuadrados cada una y 200 butacas de lujo. El administrador concursal emitió un informe de calificación culpable sobre los administradores que han pasado por Anastia y pidió al juez que se hagan cargo de la deuda acumulada y de hasta cinco años de inhabilitación. El administrador concursal considera que los administradores de Anastia contribuyeron a la generación y agravación de la insolvencia "por dolo o culpa grave" en la gestión del Sky Bar Bernabéu. También dice que los administradores simularon la solvencia de la sociedad y gestionaron de forma fraudulenta las expectativas de los acreedores. El informe argumenta que se acometió un proyecto sin dinero para ello porque no había financiación bancaria, sino que se pretendía financiar con los propios proveedores y marcas colaboradoras. Pero no salió bien. Un ejemplo de ello es el contrato firmado con Heineken España, al suscribir una propuesta de colaboración y un contrato de promoción e imagen para adquirir 70.000 litros anuales de productos cerveceros durante cinco años, además de publicidad. La compañía abonó 1,149 millones. Pero estas obligaciones de exclusividad asumidas por Anastia eran "incompatibles con las obligaciones previamente contraídas" en el contrato de arrendamiento suscrito con el Real Madrid. Es decir, recibió más de un millón de euros por compromisos que sabía que no podía cumplir.