El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha aprovechado el derecho a la última palabra para reiterar su “inocencia” en la causa en la que le piden cuatro años de cárcel por su presunta participación en las supuestas irregularidades en la contratación en el organismo público en 2017 de David Sánchez, hermano del presidente. Gallardo, que ya durante su declaración del jueves de la semana pasada había tildado a las acusaciones ―ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox y otras cuatro asociaciones del ámbito ultra― de “políticas”, ha insistido este martes en que su “única culpabilidad” es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. “Ya han ganado el juicio social, independientemente de lo que salga en esta sala. Está claro que nos han condenado socialmente”, ha manifestado. El exlíder regional socialista no ha sido el único de los 11 encausados que ha tomado la palabra al final de una vista oral en la que, además de la contratación del familiar de Pedro Sánchez, se ha enjuiciado el cambio de nomenclatura en 2022 de la plaza que ocupó este y la adjudicación a finales de 2023 de otro puesto en la diputación pacense a Luis Carrero, amigo de David Sánchez con el que se trataba de “hermanito”. Las acusaciones populares reclaman penas de hasta seis años de prisión por prevaricación administrativa en concurso medial con tráfico de influencias; mientras que la Fiscalía y las defensas piden la absolución de todos los encausados al considerar que no se ha demostrado ninguna actuación delictiva.Además de Gallardo, han tomado la palabra otros tres cargos políticos de la diputación que estaban en el banquillo ―Francisco Martos, Manuel Candalija y Ricardo Cabeza, todos ellos miembros de este organismo por el PSOE― y uno de los funcionarios encausado, Félix González. Los tres primeros, en línea con Gallardo, han lamentado la actitud de las acusaciones durante los dos años que ha durado el proceso y la situación personal por la que han pasado. “A mí no me da mi cabeza para entender lo que ha pasado aquí”, ha afirmado Martos, que es alcalde de la localidad pacense de Castuera (5,450 habitantes) desde 2003. El funcionario se ha limitado a denunciar el “calvario” que ha vivido.La séptima y última jornada del juicio se había iniciado con la exposición de las conclusiones definitivas por parte de las últimas dos defensas que no pudieron intervenir en la maratoniana sesión del día anterior. Los abogados Raúl Montaño y Salvador Morillas, que defendían al Cabeza y a Carrero respectivamente, han incidido en la idea de que los letrados del resto de acusados habían ya planteado: que la única prueba en la que las acusaciones sostienen sus peticiones de pena son los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se analizan miles de correos de funcionarios y cargos públicos de la Diputación de Badajoz. Para ambas defensas, las declaraciones de los más de 40 testigos que han declarado en el juicio han derribado “el castillo de naipes” en el que han sustentado el relato de las acusaciones. Morillas ha calificado las conclusiones de estas de “libreto de ficción [...] carente del más mínimo sentido”.Montaño ha defendido también el papel de la Fiscalía, que en su momento pidió el archivo de la causa y que al término de la vista ha planteado la absolución de los 11 encausados. El abogado de Cabezas ha afirmado que las acusaciones populares han dicho “barbaridades” ―en la jornada del lunes llegaron a afirmar que había recibido instrucciones para no acusar― y había sido “vilipendiada”. También ha destacado que PP, Vox y el resto de acusaciones no citaran en sus informes finales ninguna declaración testifical, ya que en su opinión todas iban en contra de sus tesis acusatorias. En el mismo sentido, su compañero ha afirmado que “las acusaciones silencian a los testigos” en sus conclusiones y ha añadido que Luis Carrero ha sufrido un “tsunami mediático” que le obligó a dejar su puesto en la diputación ―como ya había hecho antes David Sánchez― a mediados del año pasado. “¿Por qué tiene que soportar esto?“, se ha preguntado antes de recalcar que ”su único pecado es ser amigo" del hermano del presidente, aunque la relación entre ambos se fraguara mucho antes de que Pedro Sánchez alcanzara la Presidencia del Gobierno. Morillas también ha criticado la labor de la UCO, a cuyos informes atribuye “cierto sesgo” y ha parafraseado al humorista Gila cuando ha asegurado que tras escuchar a las acusaciones durante la vista parece que “aquí alguien ha matado a alguien, pero no se sabe a quién ni cuándo”. Ambos abogados han apuntado a una supuesta mala fe de las acusaciones por sostener sus imputaciones sin, en su opinión, indicios suficientes, además de por haber intentado desvirtuar durante la vista oral aquellos testimonios que no eran favorables a sus tesis. “Han llegado a decir que los testigos estaban comprados, que los testigos están coaccionados, que si cloacas”, ha señalado Montaño, en referencia a las alusiones que el lunes hicieron los abogados del PP e Iustitia Europa al caso Leire, la supuesta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para presuntamente desbaratar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Su compañero Morillas los ha acusado además de exponer “datos equivocados” durante el juicio a sabiendas de que lo eran. En la jornada del lunes, las defensas de otros dos acusados pidieron al tribunal que condene a las acusaciones a pagar las costas “por mala fe procesal y acusaciones maliciosas” al considerar que “han acusado de forma indiscriminada”.