En las últimas dos semanas, el presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda incurrieron en dos contradicciones muy graves para el país: alegatos de fraude electoral sin pruebas y un proyecto de asamblea constituyente que aparece y desaparece según les convenga, hoy aplazado por el calendario electoral. Empecemos por el fraude, y por Petro. En la primera vuelta del 31 de mayo, Abelardo de la Espriella le ganó por 3 puntos porcentuales con casi el 44% contra casi el 41% de Cepeda. El presidente denunció ese día una supuesta manipulación con un software alterado y un censo inflado en cerca de 885.000 cédulas, y le exigió a la Registraduría entregarle el código fuente del sistema. Buscaba, y sigue buscando, intervenir y controlar un órgano que es independiente justamente para evitar la manipulación de las elecciones, en especial por el Gobierno. La gravísima acusación de que la autoridad electoral había falseado el resultado fue respaldada ciegamente -esa misma noche- por Cepeda ante sus seguidores. Sin embargo, ninguna de sus afirmaciones se sostuvo. La Registraduría demostró que el pre-conteo coincidió en un 99,94% con el escrutinio de los jueces. La Misión de Observación Electoral, la misión de la Unión Europea y la OEA descartaron irregularidades. Todos -salvo Petro y Cepeda- coincidieron en que los comicios fueron transparentes. Más revelador aún: Cepeda, el supuesto perjudicado, tuvo que admitir al día siguiente -al ver el rechazo de la opinión pública- que su equipo de auditoría no halló anomalías que pusieran en duda la clara ventaja de De La Espriella. No obstante, solo reconoció del todo la transparencia del resultado el 7 de junio, una semana después, cuando de la Espriella se lo puso como condición para ir a un debate con él. El candidato que el presidente decía defender, terminó desmintiéndolo y -a menos de dos semanas- es probable que el debate que ahora pide Cepeda desesperadamente, no se haga. Ahí está la primera inconsistencia. Petro lanza la acusación sin sustento; Cepeda la recoge y, presionado por los hechos, rectifica. Pero la rectificación llega siempre después de sembrar la duda. En el repertorio de esa campaña la denuncia de fraude no necesita ser cierta para ser útil. Y si se gana, el sistema funcionó; si se pierde, estaba amañado. La idea es debilitar la credibilidad de unas instituciones (la Registraduría, los observadores, los jueces electorales) que el país necesita sólidas para defender la democracia. No es la primera vez. La descalificación gratuita de la Registraduría ha sido un recurso de Petro cada vez que los números no lo acompañan. Lo preocupante no es que se fiscalice, que es legítimo y deseable, sino que se afirme el fraude y que, cuando no aparece la prueba porque no existe, se cambie de tema sin asumir el costo de una acusación infundada. La segunda inconsistencia es la asamblea constituyente. Aunque en campaña la negó una y otra vez, Petro la ha promovido desde el inicio de su gobierno como vía para “refundar” el país, y Cepeda la tiene desde el primer día en su plan de gobierno. Sin embargo, tras la derrota en primera vuelta y a las puertas de la segunda el 21 de junio, el comité promotor, registrado por el propio gobierno en diciembre y subordinado al presidente, anunció el retiro de la convocatoria. Cepeda celebró como un acto de “grandeza” el abandono de una idea que él mismo promueve en su programa de gobierno, trata de recuperar a un escéptico centro político con un “encuentro” y es ahora defensor de la Constitución de 1991. Pero el propio comité no le hizo caso y seguirá recogiendo firmas bajo otro nombre; de manera que en realidad solo se aplaza por conveniencia electoral, no grandeza, justo cuando los datos muestran que era lo que más votos le restaba a Cepeda. Si Cepeda gana, pondrá la constituyente de inmediato en la mesa, como hizo Petro. Hay, además, un costo que recayó sobre el propio Cepeda: enfrascado con Petro en ganar a cualquier costo con maniobras cuestionables, logró que el debate girara en torno a ellas (y a superficialidades como el uso de camiseta de la selección Colombia que un juez trató de prohibirle sin éxito a De La Espriella) y no a sus ideas. Dejó pasar un momento clave para mostrar sus propuestas a fondo, le entregó a De la Espriella la iniciativa de la campaña y hoy está derrotado en primera vuelta, a la defensiva y en dinámica perdedora y dando palos de ciego. No lo ha sacado adelante ni siquiera el alarmante e ilegal uso del presupuesto nacional y del aparato estatal a su favor, sobre el que -a diferencia de tonterías como el uso de la camiseta- guarda silencio. Funcionarios y entidades del Gobierno están al servicio de Cepeda por orden de Petro, sabiendo que rara vez hay consecuencias reales o permanentes, más allá de medidas puntuales que generan titulares. Y el Congreso, obligado por la Constitución a controlar al Ejecutivo, tampoco hace nada de fondo en el control al presidente por sus reiteradas transgresiones ni por sus ataques a ciudadanos particulares, y no solo a De la Espriella. Ahí confluyen los hilos. Un gobierno y su candidato cuestionando la legitimidad de las elecciones porque no les favorecen, que guardan en reserva un proyecto para cambiar las reglas por fuera del Congreso y que emplean ilícitamente los recursos del Estado para lograrlo, envían una señal inquietante sobre su relación con las instituciones. El 21 de junio, si el resultado no los acompaña, Petro y Cepeda retomarán su libreto del fraude promoviendo al día siguiente -seguramente- medidas de hecho. Si ganan, volverá a convocarse la constituyente hoy falsamente retirada. Controlar al ente electoral, desconocer sin pruebas la primera vuelta y destinar los recursos del Estado a ganar configuran, juntos, un fraude por otros medios. La incógnita es hasta qué punto Petro y Cepeda están dispuestos a llevarlo a partir del 21 de junio. Por eso, el papel riguroso de los observadores nacionales e internacionales, incluyendo muy especialmente a Estados Unidos, sea hoy la mejor garantía de que quien gane en franca lid en las urnas sea quien se posesione el 7 de agosto.