Giorgia Meloni era vista con recelo en las instituciones europeas justo antes de convertirse en primera ministra de Italia. La misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró crítica con la entonces candidata y en Bruselas se temía que la llegada de una nueva dirigente ultraconservadora pudiese ser otro dolor de cabeza para el bloque comunitario, como lo era Viktor Orbán. Sin embargo, la historia de la italiana y el húngaro en la Unión Europea no tiene nada que ver. Meloni se ha erigido en una de las dirigentes más influyentes del club comunitario y, en vez de rebajar sus propuestas en materia migratoria, han sido el resto de dirigentes los que se han adaptado a ella y han abrazado incluso las medidas más extremistas que propugna, como la creación fuera del territorio de la UE para deportar migrantes que se acordó esta semana.PublicidadDe hecho, la medida de construir centros fuera de la Unión Europea para deportar migrantes que viven de manera irregular en territorio comunitario fue criticada en varias ocasiones por la misma Comisión Europea antes de que Meloni llegase al poder. El Ejecutivo comunitario y la gran mayoría de líderes europeos ponían en duda que se tratase de una medida que pudiera pasar el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que respetase el derecho internacional y humanitario. Dudas que, con el tiempo, se han demostrado que eran más que justificadas, ya que tanto la Justicia italiana como la británica han frenado –al menos hasta ahora– los intentos de instalar estos centros de migrantes fuera de su territorio.Sin embargo, la Comisión Europea y el resto de jefes de gobierno y de Estado de los socios europeos empezaron a cambiar de opinión con el tiempo. Se acercaron a los posicionamientos de Meloni y algunos incluso la respaldaban justo en un momento en que se estaba negociando la reforma migratoria de la Unión Europea. Esta medida ya pretendía ser mucho más dura contra los migrantes que la anterior, pero la llegada de Meloni al poder desvió la balanza y el debate aún más hacia la derecha, cosa que provocó que se aprobaran medidas mucho más contundentes contra las personas que intentan entrar en el bloque comunitario o que no pueden vivir de manera regular dentro de su territorio.Meloni lideró y consiguió arrastrar a otros países hacia un endurecimiento aún más acentuado de las políticas migratorias, y se sumaron a ella dirigentes de todos los colores políticos. De hecho, una de sus principales aliadas en el campo migratorio es la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, así como los Países Bajos y varios socios europeos del este de Europa que antes se encontraban con minoría en el bloque comunitario, como los bálticos, Polonia o República Checa. Los países que querían tomar medidas extremistas en materia de migración pasaron de ser unos pocos Estados miembros a una mayoría, la cual no ha parado de crecer.Este giro se constató en las negociaciones entre Estados miembros del último paquete de la reforma migratoria, que trata sobre los retornos de migrantes que viven de manera irregular en la UE y los campos de migrantes impulsados por Meloni. Varias fuentes diplomáticas esperaban que las discusiones sobre esta legislación se alargasen horas y horas, como suele pasar en dosieres tan sensibles como este, pero se acabaron muy rápidamente. ¿El motivo? Ya no había división en la Unión Europea; la gran mayoría de gobiernos estatales quería un endurecimiento extremo de las políticas migratorias y uno de los pocos países que votó en contra fue España.PublicidadMeloni marca el caminoEsta semana, el Consejo de la UE –el organismo que representa los Estados miembros– y el Parlamento Europeo acordaron las medidas para acelerar e incrementar el número efectivo de retornos y la legislación que permite la construcción de campos como los que instaló la primera ministra italiana en Albania. Algunas de sus disposiciones eran impensables hace unos años, antes de que llegase Meloni al poder y la extrema derecha sacara tan buenos resultados, y tanto dirigentes progresistas como organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, como Amnistía Internacional, ponen en duda o denuncian que se trata de medidas que no cumplen con el derecho de la Unión Europea en varios aspectos.Algunos de los puntos más controvertidos son que solo se excluye a los menores que no estén acompañados de los centros de migrantes fuera de la UE, y que los plazos de detención se alargan hasta los dos años y, después, se puede prolongar de seis meses en seis meses, cosa que lo convierte en la práctica en una detención indefinida. Por otro lado, con el objetivo –según la Unión Europea– de aumentar el porcentaje de deportaciones que se acaban ejecutando –ahora es solo del 29%–, se abre la puerta a prácticas similares a las del ICE de Estados Unidos. Así, las autoridades en la UE podrán a partir de ahora investigar y confiscar documentos y efectos personales a cualquier persona que consideren migrante irregular.Además, la Unión Europea también acordó ampliar la lista de países que considera seguros y, por lo tanto, legaliza la deportación en estos territorios de los migrantes que residen de forma irregular en los Estados miembros europeos. Bruselas ya ha llegado a acuerdos con algunos de estos países terceros socios, como Egipto o Túnez, y los migrantes pueden ser enviados allí aunque procedan originariamente de otras regiones y no tengan vínculos afectivos o familiares con esos países.PublicidadEn todo caso, estas medidas no contemplan un plan o financiamiento para construir y hacer funcionar los centros de Meloni, sino que se limitan a legalizarlos o intentan darles amparo legal. Ahora bien, cada vez más son los países que, liderados por la primera ministra italiana, se han mostrado interesados en instalarlos, como Austria, Dinamarca o, entre otros, Grecia. En este grupo de países, incluso parece que se puede apuntar el Estado miembro más grande e influyente del bloque comunitario, Alemania, que en su día fue uno de los abanderados de la acogida de refugiados sirianos.