La primera ministra italiana ha impulsado una decena de medidas legislativas en tres años para endurecer la actuación policial y restringir las libertades ciudadanas
El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha aprobado en las últimas dos semanas controvertidas medidas restrictivas de seguridad e inmigración. Estas son solo las últimas de una larga serie que desde hace tres años sigue un patrón fijo. Desde que llegó al poder en octubre de 2022, la líder ultraderechista ha ido gobernando a golpe de decreto con una particular obsesión punitiva y policial: nada menos que una decena de decretos, siempre con el argumento de una emergencia de seguridad, real o por demostrar. Los objetivos son a menudo los mismos: inmigrantes, ONG y activistas, metidos en el mismo saco que los delincuentes a perseguir. Puestos en fila dan una idea del cuadro general de su política.
Esta vez ha introducido por decreto, entre otras cosas, el arresto preventivo durante 12 horas de quien la policía sospeche que pueda crear disturbios en una manifestación. En cuanto a la inmigración, un proyecto de ley que aún debe pasar por el Parlamento prevé aplicar bloqueos navales —incluidos los barcos de rescate— de entre uno y seis meses en situaciones que el Gobierno juzgue excepcionales, como en caso de alta presión migratoria. Pero esta línea viene de lejos.
