El gobierno de Lula calificó de proteccionista y unilateral la nueva amenaza estadounidense de imponer un arancel del 12,5% sobre productos brasileños, anunciada en la madrugada del miércoles (3) tras una investigación de Estados Unidos sobre el supuesto uso de trabajo forzado por parte de 59 países y la Unión Europea.En un comunicado, el gobierno brasileño mencionó la posibilidad de recurrir a la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y expresó su expectativa de que la medida no llegue a aplicarse.
Fue la segunda amenaza arancelaria en la misma semana. Antes, Estados Unidos ya había propuesto una tasa del 25% sobre productos brasileños, alegando prácticas comerciales desleales. La decisión final corresponde a Donald Trump.
El gobierno de Lula rechazó la asociación entre la competitividad brasileña y las violaciones laborales. "La Organización Internacional del Trabajo reconoce desde hace décadas a Brasil como una referencia internacional en la lucha contra el trabajo forzado", afirma la nota oficial.
El episodio también tiene una dimensión de política interna: las nuevas amenazas surgieron pocos días después de que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), precandidato presidencial, se reuniera con Trump en Washington. El gobierno de Lula atribuye la investigación a una "provocación de la familia Bolsonaro" y acusa al grupo de injerencia en asuntos internos del país.
