Por Diana Sandoval Perevochtchikova Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI)Hay ciudades que se construyen para ser habitadas y otras que se edifican para ser consumidas, y la Ciudad de México parece avanzar peligrosamente hacia lo segundo.Mientras las grúas atraviesan el cielo como lanzas de concreto y los anuncios inmobiliarios prometen un estilo de vida “verde”, “exclusivo” y “de altura”, debajo de esas narrativas aspiracionales se mira otra realidad: colonias enteras pierden agua, suelo permeable, infraestructura pública y capacidad de sostener la vida cotidiana.La ciudad se vuelve mercancía. El territorio, activo financiero. Y quienes han vivido allí durante décadas terminan siendo una molestia frente al desarrollo.El caso de Be Grand Alto Polanco, en el cruce de Calzada Gral. Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, no es solamente un conflicto entre vecinos de la colonia Verónica Anzures, la alcaldía Miguel Hidalgo y una empresa privada. Es el espejo de un modelo urbano que ha transformado la capital bajo la lógica de la especulación inmobiliaria.Seis torres de más de 30 niveles proyectadas en tres fases de construcción. Incrementos de hasta 30 por ciento de densidad de ocupación del suelo. Excavaciones profundas para muros Milán. Presión hídrica creciente sobre una de las zonas más tensionadas de la ciudad. Áreas con valor ambiental reducidas a cuestiones técnicas.Todo ello sostenido por una compleja arquitectura jurídico-financiera donde participan desarrolladoras inmobiliarias, fideicomisos privados, autoridades encargadas de otorgar permisos y autorizaciones, así como mecanismos de planeación urbana que avanzan más rápido que la deliberación democrática. En este entramado, el gobierno no aparece únicamente como regulador, sino también como un facilitador de las condiciones que hacen posible estos proyectos.El propio Be Grand se inserta en dinámicas que involucran diversos dispositivos de inversión y administración, los cuales frecuentemente dificultan la identificación pública de quienes poseen, controlan y operan el proyecto. Como resultado, las decisiones que transforman el territorio terminan concentrándose en unos cuantos actores, mientras que la transparencia y la participación ciudadana quedan frecuentemente relegadas.Lo más brutal de este caso es la manera en que expone la normalización de la impunidad inmobiliaria.El 20 de mayo, finalmente, personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) colocó sellos de clausura en el predio después de meses de litigio y resistencia vecinal. No era un gesto simbólico. La obra de la Fase III había continuado pese a una suspensión definitiva emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, alimentando la percepción de que el poder inmobiliario goza de márgenes de acción y tolerancia institucional que difícilmente estarían al alcance de cualquier ciudadana(o).En el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Dirección de Incidencia hemos documentado cómo estas dinámicas son parte de un patrón sistemático de transformación territorial y despojo urbano. Desde 2017, se han registrado 435 proyectos de hiperurbanización en México, evidenciando la acelerada expansión de intereses económicos que reconfiguran las ciudades a costa del tejido social, el acceso a bienes y servicios, y las condiciones mismas de habitabilidad.Quizá una de las dimensiones más perversas de este modelo es que logra apropiarse incluso del lenguaje ambiental. El proyecto mutó discursivamente hacia la campaña “Be Green”, mientras vecinos denunciaban justamente la pérdida de suelo permeable. La sustentabilidad se volvió branding. El urbanismo contemporáneo aprendió a utilizar árboles renderizados para justificar iniciativas privadas.Con qué propósito se impulsan consultas cuando las decisiones ya fueron tomadas desde los despachos. La participación ciudadana no puede reducirse a un mecanismo decorativo de opinión pública; es tener capacidad real de decidir.Y quizá esa sea la pregunta más profunda que deja el caso Alto Polanco: ¿quién tiene derecho a definir el futuro de nuestra ciudad?Porque mientras las torres siguen creciendo sobre un paisaje cada vez más desigual y saturado, algo comienza a revelarse: el conflicto nunca ha sido arquitectónico. Es político. La ciudad dejó de planearse como un espacio para la vida colectiva y comenzó a diseñarse bajo una lógica de rentabilidad, donde el valor financiero del suelo es lo que importa.Pero incluso en medio del concreto y el desgaste, emerge otra ciudad.La ciudad que se organiza. La que aprende a nombrar jurídicamente aquello que intenta proteger. La que se planta frente a las máquinas cuando las instituciones llegan tarde. La que construye redes de solidaridad y cuidado para sostener un amparo. La que entiende que el territorio no es únicamente una superficie, sino una trama viva de relaciones, historias y formas de habitar en común. La que nos recuerda que el futuro urbano puede disputarse, que todavía es posible defender el derecho a permanecer y que vivir la ciudad con dignidad no debería convertirse en un privilegio.Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
Be Grand Alto Polanco: La trama detrás del concreto, escribe Universidad Iberoamericana
Por Diana Sandoval Perevochtchikova Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI)Hay ciudades que se construyen para ser habitadas y otras que se edifican para ser consumidas, y la Ciudad de México parece avanzar peligrosamente hacia lo segundo.Mientras las grúas atraviesan el cielo como lanzas de concreto y los anuncios inmobiliarios prometen un estilo de vida “verde”, “exclusivo” y “de altura”, debajo de esas narrativas aspiracionales se mira otra realidad: colonias enteras pierden agua, suelo permeable, infraestructura pública y capacidad de sostener la vida cotidiana.La ciudad se vuelve mercancía. El territorio, activo financiero. Y quienes han vivido allí durante décadas terminan siendo una molestia frente al desarrollo.El caso de Be Grand Alto Polanco, en el cruce de Calzada Gral. Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, no es solamente un conflicto entre vecinos de la colonia Verónica Anzures, la alcaldía Miguel Hidalgo y una empresa privada. Es el espejo de un modelo urbano que ha transformado la capital bajo la lógica de la especulación inmobiliaria.Seis torres de más de 30 niveles proyectadas en tres fases de construcción. Incrementos de hasta 30 por ciento de densidad de ocupación del suelo. Excavaciones profundas para muros Milán. Presión hídrica creciente sobre una de las zonas más tensionadas de la ciudad. Áreas con valor ambiental reducidas a cuestiones técnicas.Todo ello sostenido por una compleja arquitectura jurídico-financiera donde participan desarrolladoras inmobiliarias, fideicomisos privados, autoridades encargadas de otorgar permisos y autorizaciones, así como mecanismos de planeación urbana que avanzan más rápido que la deliberación democrática. En este entramado, el gobierno no aparece únicamente como regulador, sino también como un facilitador de las condiciones que hacen posible estos proyectos.El propio Be Grand se inserta en dinámicas que involucran diversos dispositivos de inversión y administración, los cuales frecuentemente dificultan la identificación pública de quienes poseen, controlan y operan el proyecto. Como resultado, las decisiones que transforman el territorio terminan concentrándose en unos cuantos actores, mientras que la transparencia y la participación ciudadana quedan frecuentemente relegadas.Lo más brutal de este caso es la manera en que expone la normalización de la impunidad inmobiliaria.El 20 de mayo, finalmente, personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) colocó sellos de clausura en el predio después de meses de litigio y resistencia vecinal. No era un gesto simbólico. La obra de la Fase III había continuado pese a una suspensión definitiva emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, alimentando la percepción de que el poder inmobiliario goza de márgenes de acción y tolerancia institucional que difícilmente estarían al alcance de cualquier ciudadana(o).En el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Dirección de Incidencia hemos documentado cómo estas dinámicas son parte de un patrón sistemático de transformación territorial y despojo urbano. Desde 2017, se han registrado 435 proyectos de hiperurbanización en México, evidenciando la acelerada expansión de intereses económicos que reconfiguran las ciudades a costa del tejido social, el acceso a bienes y servicios, y las condiciones mismas de habitabilidad.Quizá una de las dimensiones más perversas de este modelo es que logra apropiarse incluso del lenguaje ambiental. El proyecto mutó discursivamente hacia la campaña “Be Green”, mientras vecinos denunciaban justamente la pérdida de suelo permeable. La sustentabilidad se volvió branding. El urbanismo contemporáneo aprendió a utilizar árboles renderizados para justificar iniciativas privadas.Con qué propósito se impulsan consultas cuando las decisiones ya fueron tomadas desde los despachos. La participación ciudadana no puede reducirse a un mecanismo decorativo de opinión pública; es tener capacidad real de decidir.Y quizá esa sea la pregunta más profunda que deja el caso Alto Polanco: ¿quién tiene derecho a definir el futuro de nuestra ciudad?Porque mientras las torres siguen creciendo sobre un paisaje cada vez más desigual y saturado, algo comienza a revelarse: el conflicto nunca ha sido arquitectónico. Es político. La ciudad dejó de planearse como un espacio para la vida colectiva y comenzó a diseñarse bajo una lógica de rentabilidad, donde el valor financiero del suelo es lo que importa.Pero incluso en medio del concreto y el desgaste, emerge otra ciudad.La ciudad que se organiza. La que aprende a nombrar jurídicamente aquello que intenta proteger. La que se planta frente a las máquinas cuando las instituciones llegan tarde. La que construye redes de solidaridad y cuidado para sostener un amparo. La que entiende que el territorio no es únicamente una superficie, sino una trama viva de relaciones, historias y formas de habitar en común. La que nos recuerda que el futuro urbano puede disputarse, que todavía es posible defender el derecho a permanecer y que vivir la ciudad con dignidad no debería convertirse en un privilegio.Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
