El sector turístico se levanta de nuevo contra el ministerio del Interior por el registro obligatorio de viajeros y exige su eliminación. Después de meses denunciando que era un registro excesivo y que generaba caos en el sector, el procedimiento de infracción incoado desde la Comisión Europea a España porque este registro incumple la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, da alas al sector para pedir su inmediata anulación. Las patronales de las agencias de viaje y de los hoteles entienden que este expediente confirma las dudas que desde el sector se han trasladado en numerosas ocasiones al ministerio por esta norma, su legalidad y su pertinencia. Desde octubre de 2024, España exige a los proveedores de alojamiento, a las plataformas en línea y a las empresas de alquiler de automóviles que recojan, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada accesible a las autoridades. En concreto, la lista incluye datos sensibles como métodos de pago, transacción económica, datos del contrato, domicilio actualizado, teléfono móvil o correo electrónico del usuario. Según Bruselas, estas disposiciones no cumplen la normativa porque las categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y de GPS. Además, considera que el acceso por parte de las autoridades no se limita a fines específicos y explícitos, como exige la directiva. Asimismo, cuestiona que las autoridades españolas conservan todos los datos recogidos durante tres años, período que la Comisión Europea considera desproporcionado.En este sentido, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha exigido hoy la inmediata derogación del Real Decreto que regula el registro de viajeros, al tiempo que ha acusado al Ministerio del Interior de haber roto la relación de confianza con el sector turístico.El presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha pedido además la apertura urgente de una mesa de diálogo que incorpore a todos los agentes implicados y ha señalado que la federación se pone a la entera disposición del Ministerio del Interior para diseñar un sistema alternativo apoyado en soluciones tecnológicas avanzadas. “Es totalmente viable articular un método de transmisión de información eficaz, fiable y moderno que agilice las labores policiales y que, de forma simultánea, respete rigurosamente la privacidad de las personas y el derecho comunitario a la libre circulación dentro de la Unión Europea”, ha añadido Marichal.Desde 2022 la patronal hotelera ha abanderado las quejas y alertas sectoriales contra el Real Decreto junto a otros afectados, como agencias de viajes, coches de alquiler y plataformas de intermediación, ya que es una normativa que impone el registro y la remisión masiva de datos de los viajeros “y fue redactada de forma unilateral y a espaldas de la realidad operativa del sector turístico”.Cehat considera que el expediente europeo da la razón al sector turístico frente a un reglamento “inaplicable” y que adolecía de fallos estructurales graves. Además, en su opinión, obliga a los alojamientos turísticos a convertirse en custodios de un volumen ingente de datos altamente sensibles como tarjetas de crédito, transacciones financieras y datos de geolocalización “convirtiéndolos en dianas vulnerables para ataques cibernéticos y brechas de seguridad”.Desde las agencias, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha afirmado que la decisión de Bruselas confirma las preocupaciones que el sector turístico viene trasladando desde hace años sobre un sistema basado en la recopilación y comunicación masiva de datos personales y ha instado al Gobierno a analizar “con rigor” las objeciones planteadas por la Comisión Europea.CEAV ha defendido la colaboración de las agencias de viajes con las autoridades en la prevención del terrorismo y la delincuencia, aunque ha reiterado sus dudas sobre la compatibilidad de algunas de las obligaciones previstas en la norma con los principios europeos de necesidad, proporcionalidad y minimización de datos.La organización también ha criticado la cantidad de información exigida por el sistema y la obligación de conservar estos durante tres años, especialmente en el caso de los operadores que actúen como intermediarios en la contratación de servicios turísticos, por parte de la patronal aseguran que esto supone una carga burocrática poco práctica.Aunque el procedimiento abierto por la Comisión Europea se centre en cuestiones relacionadas con la protección de datos, CEAV sostiene que también existen dudas jurídicas sobre la inclusión de las agencias de viajes y operadores turísticos en el ámbito de aplicación del real decreto.Por su parte, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV, que están en proceso de fusión) han solicitado al Ministerio del Interior la suspensión urgente de la aplicación del Real Decreto 933/2021 a las agencias de viajes. Las dos organizaciones han reclamado además que se paralice cualquier desarrollo reglamentario u orden ministerial que mantenga obligaciones directas para las agencias de viajes, así como la apertura de una mesa de trabajo con el sector para revisar el modelo actual.Según ambas patronales, la decisión de la Comisión Europea confirma las advertencias que estas venían haciendo sobre la “desproporción”, la “inseguridad jurídica” y la “inviabilidad práctica” de algunas de las obligaciones que se les impone con este real decreto a las agencias de viajes.En concreto, UNAV y Fetave han pedido al Ministerio del Interior suspender la aplicación de esta norma a las agencias de viajes mientras se resuelve el expediente europeo, además de revisar el modelo actual para así intentar minimizar los datos que tienen que dar los viajeros, lo que supone una carga burocética poco práctica.Licenciada en Derecho y Periodismo. Master de Periodismo y de Periodismo Jurídico UAM/El País. Ha trabajado como redactora de Empresas en Cinco Días y como directora de comunicación de ANFAC.