La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción a España por incumplir la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, debido a los registros de viajeros establecidos en hoteles y empresas de alquiler de vehículos.La normativa europea regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales para el desempeño de sus funciones, de manera que se proteja el derecho fundamental a la protección de datos.Desde octubre de 2024, España exige a los proveedores de alojamiento, a las plataformas en línea y a las empresas de alquiler de automóviles que recojan, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada accesible a las autoridades.Según la CE, las categorías de datos personales almacenados son excesivasSegún Bruselas, estas disposiciones no cumplen la normativa porque las categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y de GPS. Además, considera que el acceso por parte de las autoridades no se limita a fines específicos y explícitos, como exige la directiva.Asimismo, cuestiona que las autoridades españolas conservan todos los datos recogidos durante tres años, período que la Comisión Europea considera desproporcionado.De esta forma, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias que le ha señalado. Si no recibiera una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado.Hasta ahora, las agencias, los hoteleros, las empresas de alquiler de vehículos y los gestores de casas rurales, entre otros agentes turísticos, tienen que cumplir con la normativa marcada en el Real Decreto 933/2021, que les impone recabar y comunicar al Ministerio del Interior datos sensibles que van más allá de los que aparecen en los documentos oficiales (DNI y pasaporte). Son hasta 18 datos adicionales de los clientes, sean nacionales o internacionales.Los hoteleros y las agencias de viaje han calificado la medida como un “caos”Al conocerse la medida, tanto los hoteleros como las agencias de viaje la calificaron como un “caos” para la operativa de los establecimientos y las empresas, y señalaron que ponía “en serio peligro la viabilidad del sector”. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) consideraba este sistema “muy ineficiente, haciendo imposible la recogida y transmisión de estos datos”.En el preámbulo del Real Decreto, el ministerio explicaba, como objetivo y razón de la norma, que “los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado. En ambos casos cobran especial relevancia la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías. Por ello se hace necesario desarrollar las necesarias herramientas de control”.Además, las agencias de viajes, representadas por las asociaciones CEAV, UNAV, Acave y Fetave, solicitaron, en varias reuniones con el ministerio, la exclusión del sector del ámbito de aplicación del real decreto y, si no, que se publicara una orden ministerial que estableciera límites a su aplicación. “La mayoría de las agencias no disponen de medios técnicos ni humanos para cumplir esta norma”, detallaban desde CEAV.