“Era como si a un extraterrestre lo hubieran puesto ahí”. Así describió en su declaracion de este jueves ante la jueza de la dana uno de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la llegada nocturna del 'molt honorable' Carlos Mazón a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. La metáfora del aterrizaje extraterrestre bien podría servir, ante la falta de figuras jurídicas claras, para verbalizar la alienígena posición del expresident en la causa de la dana.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra nunca ocultó que le pisaba los talones. En el auto del 11 de marzo de 2025 que imputó a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, la instructora ya ofreció a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado. La misma oferta se repetiría un par de veces a lo largo de la instrucción, mientras el president hacía oídos sordos y seguía defendiendo una versión de los hechos que su jefa de prensa acabaría reconociendo que era más falsa que un duro de cuatro pesetas.
La anomalía de todo este embrollo procesal, en el fondo, llegaría con la dimisión de Carlos Mazón y la decisión del PP de Juan Francisco Pérez Llorca de que siguiera como diputado autonómico, conservando así el preciado aforamiento. Además de permitirle una asistencia estable a la playa, combinada con un papel más que secundario como diputado de la bancada popular, el aforamiento del exjefe del Consell propició que la decisión sobre su eventual imputación en la causa correspondiera a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).
