La decisión del presidente Javier Milei de vetar la candidatura a jueza de María Verónica Michelli, presuntamente por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, generó una polémica que amenazó con alcanzar ribetes escandalosos. Pero el verdadero terremoto no vino del caso judicial en sí. Vino de quien decidió pararse en la vereda opuesta: Patricia Bullrich.
El argumento oficial para retirar el pliego tiene una lógica que el Gobierno no tardó en hacer pública. Desde la Casa Rosada sostienen que Michelli presenta un conflicto de interés insalvable: que una magistrada con ese vínculo familiar integre un tribunal federal no es un detalle administrativo sino un problema republicano de fondo. En el oficialismo van más lejos: interpretan la presión para sostener el pliego como una muestra del poder de la corporación periodística defendiendo sus propios intereses a través del sistema judicial. La jueza no sería víctima de una arbitrariedad, en esa lectura, sino el instrumento de una influencia que el Gobierno decidió no convalidar.
Bullrich no lo vio así. La postulación de Michelli había sido promovida durante el gobierno de Mauricio Macri y luego frenada en la gestión de Alberto Fernández, lo que para la senadora acreditaba una trayectoria que no podía borrarse por el apellido del cuñado.
