La reactivación económica de la Argentina exhibe una marcada asimetría sectorial. Mientras los proyectos vinculados a la energía, la minería y el agro absorben el grueso de los flujos de inversión privada bajo los beneficios fiscales del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los sectores mercadointernistas —con la construcción a la cabeza— enfrentan una parálisis estructural por la ausencia de financiamiento de largo plazo. Sin expectativas del famoso “derrame”, el establishment financiero y corporativo comenzó a posar su mirada sobre el mayor inversor institucional del país: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La propuesta cobró centralidad en el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El economista y exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel, expuso la necesidad de utilizar los recursos del fondo previsional para revertir la dualidad de una macroeconomía que se mueve "a dos velocidades".

“Hay que pensar en el FGS, que tiene plata y es una pena que hoy no haga nada, se la pasa mirando. El Gobierno sabe que está pero por ahora no tiene la voluntad de usarlo”, expresó Kiguel, y aseguró que la reticencia oficial responde a razones ideológicas: en el oficialismo “creen que el Estado no tiene que estar presente” con intervenciones directas en el mercado de crédito.