En diciembre de 2022 nos dirigimos por primera vez al presidente del Gobierno para pedirle que Felipe VI, durante su discurso de Navidad, anunciara su renuncia al privilegio que le permite incumplir responsabilidades tanto civiles como penales, pues no está obligado a rendir cuentas ante la Justicia.
El motivo que nos convocó fue la declaración de Carmen Calvo en El País del 9 de mayo de ese mismo año, gracias a la cual supimos que el Gobierno se había planteado reformar el citado privilegio, pero que se descartó “tras discutirlo con el PP y la Casa Real”. De las palabras de la hoy presidenta del Consejo de Estado, que nadie ha desmentido, se deducía que la respuesta de la “Casa Real” había sido contraria a la reforma.
La consecuencia principal de tal negativa resulta evidente: Felipe VI sigue disfrutando del mismo derecho a actuar al margen de la ley que disfrutó Juan Carlos I durante su reinado, un privilegio con el que, como juristas, no podemos estar de acuerdo y que solo se puede entender como un producto del legado franquista.
Por nuestra parte, al no recibir respuesta a nuestro primer escrito, volvimos a dirigirnos al presidente del Gobierno en 2023, 2024 y 2025 insistiendo en la misma petición tocante a la renuncia y agregando la conveniencia de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluya en el ámbito de sus encuestas una pregunta relativa al mantenimiento o supresión del privilegio real. Diversos medios se hicieron eco de nuestras sucesivas peticiones.
