Las conversaciones de Whatsapp de la exmilitante del PSOE, las anotaciones en su agenda y el posicionamiento de su teléfono móvil apuntan a que Leire Díez mantuvo, al menos, tres reuniones presenciales con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, además de alguna llamada telefónica. En los mensajes que ha analizado la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, Díez se refiere al alto cargo del Ministerio del Interior como una persona cercana (“Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska”), a pesar de que fuentes del Ejecutivo aseguran que la exmilitante, ahora investigada en la Audiencia Nacional, nunca influyó en ninguna operación o investigación interna del cuerpo. El sumario conocido este miércoles expone que se abrieron tres informaciones reservadas (investigaciones internas) contra agentes de la UCO que intervenían en pesquisas sobre la supuesta corrupción del Gobierno y que un general del cuerpo relató cómo le pidieron información detallada de todos los agentes que investigaban el entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.Toda la documentación que está en manos del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez revela que ella —acusada de numerosos delitos por, presuntamente, entorpecer investigaciones policiales contra el PSOE— no solo presumía de tener acceso a altas esferas del Estado o a la Fiscalía General, sino que, efectivamente, mantuvo contactos reales, al menos, con la directora de la Guardia Civil. En concreto, el sumario habla de tres reuniones sucedidas entre septiembre de 2024 y abril de 2025, en pleno estallido del caso Koldo y la investigación por fraude de obra pública que afectó al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien el magistrado Pedraz ubica en la dirección de esta operación ilegal para desbaratar diligencias en marcha contra miembros socialistas. Los agentes refieren que cuando el 19 de septiembre de 2024 tuvo lugar el nombramiento de Mercedes González, Leire Díez ya tenía “una relación previa con ella” porque almacenaba su contacto en el teléfono desde junio de 2022. A los pocos días de ser nombrada, ambas tuvieron el primer encuentro en un lugar cercano a la sede de la Dirección General del instituto armado, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. La UCO lo confirma no solo por las coordenadas del teléfono de Leire Díez ese día, sino porque, además, hay una nota en su teléfono en la que figura “reunión con Mercedes González (directora GC)” ese día, y conversaciones de ella con el representante de una asociación de guardias en las que, posteriormente, se refiere a este encuentro. Los investigadores entienden que inicialmente la cita pudo ser para tratar asuntos de la “equiparación salarial”, pero pronto surgen indicios de que Leire Díez trataba de instigar a González a que indagara en la UCO las supuestas filtraciones de los asuntos del Gobierno que terminaban en la prensa. “Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”, le dijo por ejemplo, el 9 de mayo de 2025 a la abogada de Koldo García. Díez expresaba la familiaridad con la que se relacionaba con ella, por ejemplo, en una charla con el exmiembro de la UCO que está imputado en un asunto de hidrocarburos, ell capitán Juan Yepes: “Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil [..] es de mi confianza”, se escucha en una grabación de un encuentro con él. De la misma manera, al representante de la asociación de guardias le indicó en septiembre de 2024: “Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy”. La segunda reunión entre ambas se produjo el 10 de diciembre de ese año, también en las inmediaciones de la Dirección General. A la UCO le parece “significativo” que, si la cita estaba fijada a las 12:30 de la mañana, a las 17:24 ella le remite un mensaje a un tercero en el que hablaba de la reunión y hacía referencia a “lo de hidrocarburos”. Para los investigadores esto es relevante porque la organización criminal que tienen bajo el foco emprendió una “línea de acción” que buscaba desestabilizar causas penales en el sector de hidrocarburos “como medio para desestabilizar las causas que afectaban al Gobierno o al PSOE”. El 12 de febrero de 2025 los agentes localizan una llamada entre ambas y, tras el análisis del dispositivo de Leire Díez, creen que el 11 de mayo de ese año se produjo el borrado del chat de Whatsapp que mantenían. La última reunión que tienen fechada se produce un mes antes, el 2 de abril. Los agentes reflejan una conversación que tuvo la exmilitante del PSOE con el abogado Ismael Oliver (que defendió un tiempo a Koldo García y que también consta como imputado en esta causa): “No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía”, le dijo. El letrado contestó: “A ver si por lo menos paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas”. Fuentes del Gobierno aseguran que Mercedes González nunca se reunió en el despacho oficial de la Guardia Civil con Díez ni la recibió nunca en calidad de responsable del instituto armado, por lo que aseveran que ella jamás pudo influir en la apertura de investigaciones internas en el cuerpo. Un portavoz de la Dirección General ha reconocido a este diario que “tuvo algún contacto, nunca en persona, con Leire Díez cuando ella [González] era delegada del Gobierno en Madrid y esta ocupaba un cargo en Correos”, pero que ambas jamás se han reunido en la sede de la dirección general “y menos para perjudicar a la UCO”, informa Óscar López-Fonseca. Las filtraciones Los mensajes relatan cómo, tras la filtración a la prensa de dos elementos relacionados con el caso Koldo, la exmilitante socialista apuntó a diferentes abogados de la causa que esta brecha de información venía de la UCO. De un lado, el día que se conoció que el juez abría unas diligencias contra Koldo por “vejaciones” a su mujer, la abogada del exasesor ministerial Leticia de la Hoz le comentó a Díez: “Pásaselo a Mercedes a ver qué opina”. Fue entonces cuando ella contestó “se lo acabo de pasar”, y añadió que había apostado una comida con ella a que los responsables de la filtración estaban en la UCO. De otro lado, en el punto en el que comenzaron a conocerse mensajes que se habían intercambiado el exministro de Transportes José Luis Ábalos con miembros del Ejecutivo, como el propio Pedro Sánchez, y a pesar de que el propio abogado de Ábalos entonces, el letrado José Aníbal Álvarez, le aclaró que esa conversación no había salido de la Unidad (“acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO”, le dijo a Díez), ella trasladó a otros letrados que los filtradores estaban en la Guardia Civil. “Parece que ya todo el mundo da por hecho que ha sido la UCO”, le indicó Leticia de la Hoz al día siguiente. “Es que no hay dudas”, apostilló ella. Este hecho, unido a una anotación en la agenda de la exmilitante en esas fechas que decía: “Investigación interna G.C. para filtraciones”, ha hecho concluir a los agentes que ella preparó una “vía” a través de la Dirección General para implicar a la UCO en lo que se estaba publicando. Los investigadores añaden que, efectivamente, se abrieron dos informaciones reservadas (el 9 de mayo y el 14 del mismo mes) contra miembros de la UCO por posibles filtraciones. Se desconoce “quién lo decretó”, indican los agentes. La UCO tomó declaración el pasado 27 de mayo, el día que registraron varios inmuebles de personas vinculadas a la trama, a tres generales de la Guardia Civil en relación a estos hechos y uno de ellos, Rafael Yuste (exjefe de la UCO) explicó cómo había dado cuenta el 8 de mayo a la directora Mercedes González de que se estaba desarrollando una campaña de desprestigio contra los agentes de la Unidad sin que ésta posteriormente hiciera nada o pusiera en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Además, en septiembre de 2025 se inició una nueva información reservada que culminó con la citación en calidad de testigo de varios agentes de la UCO y, en esas fechas, el jefe del Estado Mayor solicitó al de la UCO un organigrama que permitiera encuadrar a los investigadores de las causas que afectaban “al entorno del Presidente del Gobierno”, requiriendo a su vez una relación nominal de aquellos con empleo oficial.