Para la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, las protestas de profesores de Educación Infantil, que llevan semanas manifestándose en varias regiones de España, no son más que un detonante de la inmovilidad de las administraciones autonómicas. Tolón ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez fue, precisamente, el que convirtió en etapa educativa la de 0 a 3 años, que hasta ahora había tenido carácter asistencial, y ha asegurado que está trabajando en un decreto para reducir las ratios también en esta fase, en línea con el decreto que está tramitándose en el Congreso para reducir los alumnos por aula en Primaria y Secundaria. "Este problema no existiría si las comunidades autónomas hubieran hecho su trabajo: cumplir la ley en cuanto a ratios, en aplicación de las competencias que tienen", ha sentenciado en una rueda de prensa previa a la Conferencia Sectorial de Educación, en la que en principio los consejeros del ramo ratificarán el reparto de 329,2 millones de euros para varios programas de cooperación territorial, relacionados con la educación inclusiva, refuerzos de competencia lectora y matemática, bienestar en los centros y apoyo al alumnado vulnerable. Así, la ministra ha cargado la responsabilidad a las administraciones autonómicas del conflicto abierto en Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, donde los profesores llevan días saliendo a la calle pidiendo una mejora de sus condiciones laborales.En cualquier caso, y porque ha asegurado que es "una cuestión de justicia", Tolón ha recordado que su departamento está trabajando en la revisión del decreto de 2010 para mejorar las ratios en esta primera etapa de Educación Infantil. "Es una prioridad, y este ministerio está en la solución, pero también exigimos algo tan importante como la corresponsabilidad con quien tiene la competencia, que son las comunidades autónomas, y quienes tienen que aplicar la norma", ha señalado, antes de anunciar que la próxima semana mantendrán varias reuniones para mejorar las condiciones del profesorado, también de las educadoras infantiles, que mientras la ministra hablaba se manifestaban frente a la sede del minsiterio en Madrid. El hartazgo amenaza con escalar a nivel nacional. Este martes, el sindicato CSIF dijo que iba a convocar movilizaciones a la vuelta del verano y no descartó una posible huelga general en septiembre. Por ahora, Tolón no parece sentirse apelada, pues ha insistido en que, en cualquier caso, deberían hablar con las consejerías. La titular de Educación ha señalado también que las comunidades autónomas han recibido "más dinero que nunca" para que refuercen los recursos del sistema educativo, y en esa línea ha asegurado que el presupuesto del Ministerio de Educación se ha duplicado en los últimos años. "Este Gobierno da un impulso muy importante a la educación pública, pero quien tiene la competencia son las comunidades. Lo que no me vale es que devuelvan fondos, de 0 a 3 años por no haber gestionado bien para crear nuevas plazas", ha zanjado. Reparto de 329,2 millones a las comunidadesEl malestar de las educadoras de infantil ha sido, precisamente, uno de los asuntos que Madrid y otras comunidades habían pedido tratar en la Conferencia Sectorial que se celebraba este miércoles en el Ministerio de Educación. En ella, el Gobierno también ha puesto sobre la mesa el reparto de 329,2 millones de euros entre las autonomías para el impulso de seis programas de cooperación territorial destinados al apoyo educativo. Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, dos programas de Educación Inclusiva, Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), y Programa de Bienestar y Protección en los centros educativos. Los programas de refuerzo de la Competencia Lectora, dotados con 56,2 millones de euros, y el de refuerzo de la Competencia Matemática, dotado con 120,6 millones de euros, se destinarán a reducir las dificultades en estas habilidades y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje. El programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+), está dotado de un presupuesto de 105,9 millones de euros, y aspira a reducir el abandono temprano y garantizar la permanenceia de los alumnos en aquellos centros públicos en los que se concentre un alto porcentaje de jóvenes vulnerables. Luego hay dos programas de Educación Inclusiva (uno dotado con 7,7 millones y con otro con 28,7 millones), para "identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas" de los centros educativos que acaben obstaculizando la igualdad de oportunidades del estudiantado. Por último, el de Bienestar y Protección (que se duplica pasando de 5 a 10 millones de euros), reforzará la figura del "coordinador de bienestar" incorporada con la última reforma educativa, en 2020, para garantizar entornos educativos seguros en todos los centros educativos.