Los paises denuncian la "inflaci�n regulatoria" creada por las exigencias de las autoridades que van m�s all� de las leyes.Es necesario acotar los poderes del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para impulsar la competitividad de las entidades en el continente. Esa es la premisa que defienden Espa�a, Francia e Italia en el documento conjunto (non-paper) al que ha tenido acceso EXPANSI�N y con el que pretenden formar un frente com�n para perfilar la futura reforma bancaria.El tridente de pa�ses denuncia en su informe que los bancos de la Uni�n Europea sufren lo que califican como "inflaci�n regulatoria". Se trata de un t�rmino que lleva tiempo utilizando el sector para referirse a las capas adicionales de normas que los organismos t�cnicos aplican a los bancos en el ejercicio de sus funciones y que van m�s all� de lo recogido en la legislaci�n.Espa�a, Francia e Italia hacen suya esta posici�n y sostienen que "una parte cada vez mayor de los marcos normativos proviene del nivel 2 [como se denomina el desarrollo t�cnico de la legislaci�n por parte de la EBA], as� como del nivel 3 y la orientaci�n del supervisor [categor�a que recoge las gu�as y recomendaciones no vinculantes del BCE]".Mecanismos de controlPara acotar esta avalancha normativa, los pa�ses se�alan que la Comisi�n Europea y los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, deben "desempe�ar un papel m�s relevante en la revisi�n de los est�ndares t�cnicos producidos por la EBA". En ese sentido, el documento insta a que las instituciones deben hacer evaluaciones de impacto antes y despu�s del desarrollo t�cnico de las leyes bancarias "mucho m�s exhaustivas" e incluir en ellas "aspectos como la carga acumulativa y la comparabilidad internacional".Espa�a, Francia e Italia sugieren, adem�s, dejar en manos de acad�micos o expertos del mercado estos an�lisis sobre las medidas de la EBA.En cuanto al BCE y la llamada regulaci�n de nivel 3, aunque se trata de acciones no vinculantes, los pa�ses destacan que "las expectativas de supervisi�n pueden funcionar como un reglamento de facto dif�cil de comprender, costoso de implementar y, en ocasiones, propenso a interpretaciones divergentes". Por ello, recalcan que "esto genera una inflaci�n regulatoria y debilita la seguridad jur�dica, especialmente cuando los requisitos superan lo previsto".Los ministros de Espa�a, Francia e Italia reafirman en su documento conjunto que los supervisores deber�an tener que justificar que sus gu�as y requisitos se limitan al m�nimo adecuado para cubrir riesgos y garantizar la estabilidad. Adem�s, defienden que se imponga la obligatoriedad de realizar consultas antes de exigir cambios en las pr�cticas corporativas de las entidades.El documento propone tambi�n la creaci�n de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, un organismo asesor independiente que emitir�a recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisi�n bancaria del BCE y a la Junta �nica de Resoluci�n (JUR) para asegurar mantienen una visi�n hol�stica sobre el impacto en la banca que pueden tener sus recomendaciones y gu�as.Por �ltimo, Espa�a, Francia e Italia defienden la necesidad de recoger por ley la posibilidad de que las entidades impugnen las gu�as generales ante los tribunales (TJUE) con el objetivo de reforzar el control judicial sobre la actuaci�n de las autoridades bancarias. El TJUE ya permite que las entidades impugnen decisiones del BCE, pero los bancos apenas hacen uso de este recurso en la Uni�n Europea ."Si bien las directrices y las expectativas de supervisi�n pueden favorecer la convergencia, no deben convertirse en un conjunto de normas paralelas que creen obligaciones", indican los pa�ses, que aseguran que "la complejidad crea costes y rigideces que van m�s all� de lo necesario para preservar la estabilidad financiera: debilita la seguridad jur�dica, aumenta las cargas de cumplimiento y desv�a recursos de la financiaci�n y la innovaci�n".Tanto el BCE como la EBA han preferido no hacer comentarios al tratarse de una posici�n recogida en un informe sobre el que los pa�ses todav�a trabajan y que no se ha distribuido de forma p�blica.España, Francia e Italia hacen suya una de las grandes reclamaciones del sector bancario de cara a la reforma de la regulación: introducir un segundo mandato en las autoridades para obligar a que tengan en cuenta el impacto sobre la competencia del sector en sus decisiones. El documento no deja lugar a dudas o interpretaciones y apunta directamente que "el mandato y la gobernanza de la EBA deben reflejar los objetivos de simplificación y competitividad", algo que requeriría de una profunda revisión.Las entidades han defendido que, si las autoridades "tuvieran que tener en cuenta la necesidad de preservar la competitividad y la rentabilidad del sector bancario, sus decisiones serían mucho más proporcionales dentro de un régimen que mantenga la robustez y la protección del sistema". En ese sentido, consideran que esa es la llave para que se cumpla el resto de reclamaciones, como la simplificación de los procesos.El Banco de Inglaterra ya cuenta con este segundo mandato explícito desde hace unos años, pero tanto el BCE como la EBA han rechazado que necesiten cambiar su misión.