En un franco reconocimiento de que el actual procedimiento para elegir al fiscal general ha fracasado, el actual Gobierno impulsa una enmienda constitucional mediante la cual el engendro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya no tendría esa facultad. Ni la de elegir al fiscal general ni a otros altos funcionarios que ejercen tareas de control. Dicha atribución pasaría a la Asamblea. Según la propuesta, quienes hayan sido designados con el sistema actual cesarían en sus funciones para ser reemplazados por los seleccionados con el nuevo procedimiento. La Corte Constitucional ya aprobó el proyecto. Esta no es la primera vez que se intenta quitarle al CPCCS la facultad de designación de altos funcionarios. En el 2019 mediante un referéndum se lo hizo de manera temporal, atribución que ejerció por unos meses un CPCCS transitorio que destituyó a los funcionarios de Correa y designó a nuevos. En 2021 el Comité por la Institucionalización de la Democracia, con el apoyo de más de 300.000 firmas, propuso una reforma constitucional en la que, entre otros, eliminaba el mencionado organismo y trasladaba a la Asamblea la facultad de designar al fiscal y a otros funcionarios. El proyecto –que fue aprobado por la Corte Constitucional– naufragó en la Asamblea, pues no dio paso al respectivo referéndum. Con la venia de la CC, lo intentó también el presidente Lasso en 2023 mediante una consulta, la cual no fue favorable, entre otras razones, por la intensa campaña de la partidocracia que, según se supo luego, fue financiada por el narcotráfico. Y ahora es el presidente Noboa quien lo propone. Hay consenso en condenar como una aberración el sistema actual de elección de estos altos magistrados. La mayoría de los funcionarios que han sido elegidos bajo ese sistema no han estado a la altura. La modalidad de someter a los candidatos a puntajes, exámenes, test psicológicos y hasta pruebas orales, así como el valor que se asigna a cursos maestrías, doctorados y otros títulos, han terminado por socavar la integridad de un proceso que debe apuntar básicamente a tres requisitos: probidad, excelencia e independencia. En el país sí hemos tenido ecuatorianos que han accedido a esas funciones públicas gracias a esos atributos sin someterse a ese circo opaco, tan proclive a trampas y palanqueo, de puntajes y exámenes. En efecto, en los años de los gobiernos de Roldós y Hurtado (1979-1984), el país tuvo a Nicolás Parducci Sciacaluga como procurador, a Hugo Ordóñez Espinoza como contralor y a Edmundo Durán Díaz como fiscal general. Los tres gozaban de una notoria integridad, una clara independencia política y una excelente formación, cualidades que las demostraron durante el ejercicio de sus cargos. En España –para poner otro ejemplo– el Gobierno está hoy acorralado por las acusaciones en contra del expresidente Rodríguez Zapatero de lavado de activos, corrupción y vínculos mafiosos. Pues bien, todo ello ha sido posible gracias a una fiscalía que goza de independencia frente al Gobierno. Esa es la separación de poderes a la que temen los dictadores. Recordemos que los países sin una institucionalidad están condenados al fracaso. (O)