Por Linda Alicia Carboney Nájera En los últimos días, en diversos medios de comunicación se ha se ha informado sobre algunas reuniones que se han sostenido y a las que han acudido funcionarios públicos junto con dirigentes partidistas. Como abogada considero indispensable recordar que el Estado mexicano cuenta con límites constitucionales muy claros respecto a la participación política de quienes ejercen el poder público. Nuestra Constitución Federal, en su artículo 134, establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y sin influir en la equidad de las contiendas electorales. La norma es contundente: ningún servidor público puede utilizar su investidura, recursos materiales, programas sociales, comunicación institucional o estructura gubernamental para favorecer o perjudicar a partido político alguno. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales, prevén sanciones administrativas y penales cuando un funcionario utiliza recursos públicos, condiciona apoyos, presiona subordinados o interviene indebidamente en actividades partidistas que afecten la equidad electoral. En el estado de Chiapas, por ejemplo, la constitución local y el marco electoral estatal obligan a todas las autoridades a conducirse bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad. Estos principios no son opcionales; son pilares de nuestra democracia a nivel nacional. Es importante precisar que ningún servidor público pierde sus derechos políticos por ocupar un cargo, sin embargo, la diferencia entre el ciudadano y el funcionario radica precisamente en los límites que impone la constitución cuando existe riesgo de utilizar el poder público para generar ventajas partidistas. Existen algunos cargos público que no pueden separarse del individuo que lo ocupa, aunque se indique que está ejerciendo su derecho fundamental a reunirse como ciudadano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral han sostenido reiteradamente que la neutralidad gubernamental constituye una condición indispensable para garantizar elecciones auténticamente libres. Como juristas, no debemos normalizar actos que puedan interpretarse como confusión entre gobierno y partido. La democracia exige equilibrio institucional, respeto a la legalidad y absoluto apego al principio constitucional de imparcialidad. Desde las asociaciones y colegios de abogados debemos estar alertas y vigilantes de todos estos actos en momentos en que la joven democracia mexicana se va perdiendo. LA DEMOCRACIA NO ES NEGOCIABLE. México ya ha hecho historia y ha tenido luchas que derramaron sangre por el respeto a la democracia. Tenemos la obligación moral y ética de defenderla de cualquier interés que no sea el de nuestra Constitución. Presidenta del Capítulo Chiapas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
La democracia no es negociable, escribe Barra Mexicana, Colegio de Abogados
Por Linda Alicia Carboney Nájera En los últimos días, en diversos medios de comunicación se ha se ha informado sobre algunas reuniones que se han sostenido y a las que han acudido funcionarios públicos junto con dirigentes partidistas. Como abogada considero indispensable recordar que el Estado mexicano cuenta con límites constitucionales muy claros respecto a la participación política de quienes ejercen el poder público. Nuestra Constitución Federal, en su artículo 134, establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y sin influir en la equidad de las contiendas electorales. La norma es contundente: ningún servidor público puede utilizar su investidura, recursos materiales, programas sociales, comunicación institucional o estructura gubernamental para favorecer o perjudicar a partido político alguno. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales, prevén sanciones administrativas y penales cuando un funcionario utiliza recursos públicos, condiciona apoyos, presiona subordinados o interviene indebidamente en actividades partidistas que afecten la equidad electoral. En el estado de Chiapas, por ejemplo, la constitución local y el marco electoral estatal obligan a todas las autoridades a conducirse bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad. Estos principios no son opcionales; son pilares de nuestra democracia a nivel nacional. Es importante precisar que ningún servidor público pierde sus derechos políticos por ocupar un cargo, sin embargo, la diferencia entre el ciudadano y el funcionario radica precisamente en los límites que impone la constitución cuando existe riesgo de utilizar el poder público para generar ventajas partidistas. Existen algunos cargos público que no pueden separarse del individuo que lo ocupa, aunque se indique que está ejerciendo su derecho fundamental a reunirse como ciudadano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral han sostenido reiteradamente que la neutralidad gubernamental constituye una condición indispensable para garantizar elecciones auténticamente libres. Como juristas, no debemos normalizar actos que puedan interpretarse como confusión entre gobierno y partido. La democracia exige equilibrio institucional, respeto a la legalidad y absoluto apego al principio constitucional de imparcialidad. Desde las asociaciones y colegios de abogados debemos estar alertas y vigilantes de todos estos actos en momentos en que la joven democracia mexicana se va perdiendo. LA DEMOCRACIA NO ES NEGOCIABLE. México ya ha hecho historia y ha tenido luchas que derramaron sangre por el respeto a la democracia. Tenemos la obligación moral y ética de defenderla de cualquier interés que no sea el de nuestra Constitución. Presidenta del Capítulo Chiapas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
