La noche electoral del domingo en Colombia no fue la que el Gobierno esperaba. Iván Cepeda, el candidato oficialista que busca continuar el legado del izquierdista Gustavo Petro y que partía como claro favorito en las encuestas, quedó en segundo lugar por detrás de Abelardo de la Espriella, el aspirante de ultraderecha. Así lo indicó el llamado “preconteo” electoral, el mecanismo que utiliza el país para arrojar un resultado preliminar antes del escrutinio oficial. Un sistema cuya fiabilidad rara vez ha sido puesta en duda, pero que el presidente no dudó en atacar. “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, publicó Petro en X poco después de que se hicieran públicos los datos. El presidente también aseguró que el software utilizado durante el recuento había sido modificado tres veces en la última semana y habló de 800.000 cédulas adicionales que no coincidirían con el censo oficial. Cepeda se pronunció de forma similar poco después, rechazando el preconteo y elevando la supuesta discrepancia censal a 850.000 personas. Las reacciones del presidente y el candidato supusieron una sorpresa, pero no parten precisamente de la nada. Petro lleva años atacando a esta “firma privada de los hermanos Bautista”, cuyo nombre es Thomas Greg & Sons. La compañía es propiedad de los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, herederos del grupo fundado por Gregorio Bautista en la década de los 60 a partir de la operación colombiana de la británica Thomas de la Rue, una firma histórica de impresión de billetes y documentos oficiales. Con los años, la empresa pasó de esta tarea a manejar negocios mucho más sensibles: pasaportes, identificación, logística electoral y sistemas tecnológicos para el Estado colombiano. El primer choque del presidente con la compañía fue a raíz de los pasaportes, que Thomas Greg & Sons había imprimido desde 2007 en el país. “Desde su llegada al poder, Petro ha defendido que una compañía privada no debería concentrar la emisión de un documento oficial tan sensible y ha intentado trasladar esa función al Estado”, explica una fuente experta colombiana a El Confidencial. En 2023, el Ministerio de Exteriores abrió una nueva licitación y Thomas Greg & Sons quedó como única proponente. El Gobierno declaró desierto el proceso al considerar que no había competencia suficiente, pero la compañía demandó al Estado y reclamó una indemnización. El caso provocó una crisis en la Cancillería y obligó al Ejecutivo a buscar una solución temporal con la Casa de la Moneda de Portugal para no interrumpir la expedición de pasaportes. A raíz de esa crisis, Petro endureció su ofensiva contra la compañía y empezó a lanzar advertencias sobre su rol en el sistema electoral colombiano. “Thomas Greg & Sons, empresa privada, no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar elecciones. Eso es un peligro inmenso para la democracia”, afirmó en junio de 2024. El pasado mes de abril, Petro aseguró que existían “informes hechos desde inteligencia” sobre conversaciones entre los hermanos Bautista y Abelardo de la Espriella. Según el presidente, en esas conversaciones se habría hablado de devolver a Thomas Greg el contrato de pasaportes “y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia a De la Espriella”. El mandatario nunca ha presentado pruebas que respalden ese ataque contra De la Espriella que, paradójicamente, supuso una bendición para su campaña. El candidato denunció una persecución del Gobierno y logró presentarse como una víctima de Petro, lo que acabó facilitando que amplios sectores del uribismo y la derecha tradicional le otorgaran su respaldo. El dichoso software En Colombia, los ciudadanos votan en papel, los jurados abren las urnas al cierre de la jornada, cuentan los sufragios manualmente y registran los resultados en actas físicas. El preconteo que denuncia Petro es solo la primera fase visible del proceso. Después del cierre de las urnas, los jurados cuentan los votos en cada mesa y rellenan las actas. Una copia de esos datos se transmite luego a una plataforma informática propiedad de Thomas Greg & Sons que los recibe, los ordena por mesa, municipio y departamento, y permite a la Registraduría (el organismo electoral) publicarlos casi en tiempo real. Ese es el software del que habla Petro. Tras la publicación del preconteo, comienza el escrutinio, que es el único proceso con valor jurídico. Ahí, las comisiones escrutadoras —integradas por jueces, notarios y otros funcionarios— revisan formularios, atienden reclamaciones y pueden incluso abrir bolsas de votos para verificar inconsistencias. El sistema tiene algunos precedentes de errores o irregularidades que Petro ha citado de manera reiterada para dar alas a sus sospechas. El problema más importante ocurrió en las legislativas de 2022. Entonces, el partido petrista, Pacto Histórico, recuperó más de 528.000 votos durante el escrutinio oficial después de que en el preconteo muchos jurados omitieran registrar correctamente los votos de la coalición. No obstante, la propia Registraduría atribuyó el problema a errores humanos y a un diseño confuso de los formularios, no a Thomas Greg & Sons. También está el caso del partido MIRA en las legislativas de 2014. Años después de aquellas elecciones, el Consejo de Estado concluyó que existieron irregularidades graves en más del 1% de las mesas y devolvió al partido tres escaños en el Senado. La sentencia incluyó además una advertencia importante: el tribunal pidió que el Estado desarrollara un software electoral propio y completamente auditable, en lugar de depender de sistemas privados. Ese punto es el argumento más repetido por el presidente. Desde hace años, organizaciones como la Misión de Observación Electoral o la Fundación Karisma vienen alertando sobre la excesiva dependencia de contratistas privados en áreas críticas del sistema electoral colombiano. De hecho, aunque la acusación del presidente se ha centrado en Greg & Sons, el proceso del preconteo también involucra a otras compañías tecnológicas. Entre ellas, por ejemplo, aparece la multinacional española Indra, encargada de tareas de consolidación y divulgación de resultados preliminares y que en ningún momento ha sido señalada por el mandatario. Pero una cosa es cuestionar el modelo de contratación y otra muy distinta denunciar que el preconteo presidencial fue manipulado. Hasta ahora, Petro no ha presentado pruebas públicas de que las supuestas “800.000 cédulas adicionales” (o 850.000, según Cepeda) hayan alterado el resultado transmitido la noche electoral. Tampoco ha explicado exactamente qué significa esa discrepancia: si se refiere a registros duplicados, errores de sincronización, cambios en bases de datos o diferencias entre censos distintos. Por ello, la acusación de Petro ha sido objetivo de fuertes críticas a nivel nacional e internacional. “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el Presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta. Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría”, aseveró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.