El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar, la firma de dos proyectos de ley y un decreto vinculados a seguridad, migración y situación fiscal, iniciativas que habían sido anunciadas horas antes durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.La actividad contó con la presencia de ministros de Estado, autoridades de las policías y Fuerzas Armadas y parlamentarios, en medio del énfasis que el Ejecutivo ha buscado instalar respecto al combate al crimen organizado, el control migratorio y el ajuste de las cuentas fiscales.Previo a la firma de las iniciativas, Kast señaló que acababan de concluir “una reunión de comité político, de reunión de comité de seguridad”, en la que participaron los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros, el director general de la PDI y el director nacional de Gendarmería.“Fue una muy buena reunión donde pudimos plantear cuáles son los desafíos que tenemos en seguridad, tanto en la seguridad interna, fronteriza, que hoy día afecta a nuestra ciudadanía”, sostuvo.Registro Único de Vándalos e IncivilidadesUno de los proyectos firmados por el Ejecutivo corresponde a la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que busca establecer un catastro nacional de personas condenadas o sancionadas por hechos que afecten la convivencia ciudadana, la infraestructura pública o el patrimonio nacional.El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la iniciativa apunta a establecer sanciones adicionales para quienes incurran en conductas que alteren la vida en comunidad.“Las conductas que dañan la vida en civilidad, en ciudad, no pueden quedar sin una sanción ejemplar, que sea disuasiva respecto de aquellas conductas que atentan contra la vida, la infraestructura pública, la autoridad, y otras conductas que también son reprochables por el ordenamiento jurídico”, indicó.Según detalló, las personas condenadas por delitos asociados a hechos de violencia o daños al espacio público podrían perder temporalmente acceso a beneficios sociales y enfrentar restricciones administrativas.“El proyecto de ley busca que aquellas personas que estén condenadas por algunos delitos que dicen relación con la vida en comunidad, como el maltrato de obra a carabineros, el daño a la infraestructura del patrimonio nacional o las barricadas, pierdan derechos sociales como la gratuidad o la Pensión Garantizada Universal”, señaló.Pavez agregó que quienes integren el registro también podrían quedar impedidos de obtener licencia de conducir, pasaporte o transferir vehículos y propiedades, siguiendo un mecanismo similar al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.La autoridad sostuvo además que el proyecto contempla incorporar sanciones para conductas consideradas “incivilidades”, aun cuando no constituyan delitos. Entre ellas mencionó daños a equipamiento comunitario, consumo de drogas en espacios públicos o venta ilegal de alcohol.Al respecto, el Presidente Kast sostuvo que quienes destruyen bienes públicos “no se pueden beneficiar posteriormente del trabajo de todos los chilenos”.“Si alguien se da la libertad para quemar un bus, eso no solamente tiene que tener una sanción penal, sino que también tiene que tener una sanción de la sociedad (…) Tendrá que pensarlo dos veces antes de lanzar un joven una bomba molotov, tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional”, añadió.El Mandatario también respondió a las críticas que ya han surgido respecto de la constitucionalidad o proporcionalidad de las medidas.“He escuchado algunas voces que dicen que esto iría más allá de lo que corresponde, y yo le pregunto a cada chileno: ¿es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir?”, cuestionó.Gobierno busca aumentar capacidad de endeudamientoOtra de las iniciativas firmadas corresponde a un proyecto de ley que buscará elevar el límite máximo de endeudamiento contemplado en la Ley de Presupuestos 2026.El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el Ejecutivo pretende ampliar la autorización de deuda en US$6.200 millones.“Hoy día firmamos un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la ley de presupuestos de 2026. Este aumento asciende a 6.200 millones de dólares”, indicó.El jefe del Erario fiscal explicó que la medida responde a una actualización del escenario fiscal y a mayores necesidades de financiamiento del Estado.“Responde a la actualización del escenario fiscal del país ya conocido y que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto de tipo cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del Fisco”, sostuvo.Quiroz detalló que el incremento considera US$3.800 millones asociados a un mayor déficit fiscal respecto de las proyecciones iniciales, US$900 millones por efecto del tipo de cambio y US$1.500 millones derivados de compromisos de pago vinculados a la denominada deuda flotante.“Se trata de una medida responsable y necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera que hemos recibido y dar plena certeza respecto al financiamiento del ejercicio fiscal del año 2026”, afirmó.De igual forma, remarcó que el gobierno continuará aplicando medidas de austeridad y racionalización del gasto público.Decreto crea plan de retorno para migrantes irregularesLa tercera medida firmada por el Mandatario corresponde al decreto que implementa el denominado “Plan Retorno”, mecanismo orientado a facilitar la salida voluntaria de migrantes en situación irregular.El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que el control migratorio “es muy importante para evitar la porosidad y el ingreso irregular de migrantes a nuestro país”.El secretario de Estado aseguró que la administración recibió “del orden de 330.000 migrantes irregulares”, además de más de 40 mil decretos de expulsión pendientes y miles de solicitudes de nacionalización sin resolver.En esa línea, explicó que el plan permitirá que extranjeros que ingresaron clandestinamente abandonen Chile sin enfrentar sanciones migratorias inmediatas.“Este no es más que un mecanismo de excepción para que aquellos migrantes irregulares puedan abandonar el país sin sanciones”, señaló.Precisó que quienes se acojan al programa podrán quedar exentos de prohibiciones de reingreso y, eventualmente, volver a postular para ingresar regularmente al país.“Este beneficio solamente consiste en dejarlos sin sanción para que puedan superar esta etapa de ingreso irregular y el día de mañana, si regularizan su situación y quieren volver al país a aportar por la puerta grande, podrán ingresar”, sostuvo.El plan será implementado a través del Servicio Nacional de Migraciones y contemplará un plazo de 180 días para que las personas interesadas se inscriban mediante una plataforma digital.“Vencido el plazo y no lo hacen, quedan expuestos a todas las sanciones y medidas migratorias que correspondan”, advirtió Alvarado.Al respecto, Kast afirmó que la iniciativa busca marcar “un antes y un después” en materia migratoria y aseguró que el gobierno continuará endureciendo el control fronterizo.“El plan frontera segura está funcionando. El plan frontera en ruta también está funcionando. Les estamos achicando los espacios al crimen organizado y a la inmigración ilegal”, indicó.Finalmente, el Mandatario realizó un llamado a los migrantes irregulares a acogerse voluntariamente al programa.“Aquí hay una oportunidad para los que están en Chile de un retorno sin sanción, pero claramente las personas que no asuman y no acojan este llamado que estamos haciendo tendrán que asumir las consecuencias de que se les aplique la ley como corresponde”, concluyó.