La Unión Europea ha llegado este lunes a un acuerdo político para una nueva Directiva de Retornos, una pieza clave del Pacto Migratorio, con la que los Veintisiete endurecen de forma significativa la política de expulsión de personas que hayan recibido la orden de salir del territorio. Actualmente las estadísticas oficiales con las que trabaja el Consejo y la Comisión Europea apuntan a que solamente entre el 20% y el 30% de las órdenes de expulsión se ejecutan. El texto, que ha sido acordado durante una negociación técnica entre la presidencia checa del Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, los negociadores de la Eurocámara, y los representantes de la Comisión Europea, necesita ser ahora adoptada formalmente por el Consejo y ser aprobada por el Parlamento Europeo. La nueva normativa consagra la posibilidad de establecer ‘centros de devolución’ fuera de la Unión Europea, siguiendo el modelo del Gobierno italiano de Giorgia Meloni con Albania, y podrán realizarse devoluciones a países terceros sin tener que demostrar vínculos entre la persona expulsada y dicho territorio. El experimento de Meloni con Albania ha tenido un alto impacto en el debate público, pero los dos centros en territorio balcánico solamente gestionan a unos cientos de personas, muy por debajo de los números esperados. Eso no ha impedido que un número importante de Estados miembros ya están explorando este tipo de opciones. El texto final incluye la opción de períodos de detención más largos y también rompe el vínculo que obligaba que la devolución fuera al país de origen o a uno con el que se pudiera demostrar que la persona tenía relación. Ahora, siempre y cuando haya un acuerdo bilateral para uno de estos ‘centros de devolución’. Los Estados miembros y líderes comunitarios consideran importante enviar el mensaje a los votantes de que la Unión Europea está endureciendo su política migratoria ante el crecimiento de formaciones de extrema derecha que acompañan un discurso muy duro en inmigración con mensajes críticos con el club comunitario. En septiembre 250 organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Comisión Europea que retirara la propuesta. "Se caracteriza por la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y tendrá como consecuencia que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a situaciones de peligro", criticaron. "Mientras que algunos grupos políticos europeos han condenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), otros están votando a favor de aplicar aquí su misma lógica", criticó en marzo, al inicio de las negociaciones, Davide Colombi, un analista del think tank European Policy Centre (EPC). Colombi hace referencia a una cláusula del reglamento que permite a las autoridades hacer registros en los lugares de residencia de los inmigrantes irregulares. El texto todavía tiene que ser aprobado por el Consejo y por el Parlamento Europeo, donde se encontrará con la resistencia de un sector importante de la Eurocámara, pero donde está previsto que reciba también la luz verde. Aunque incluso desde los sectores progresistas del arco político europeo se han endurecido notablemente las posiciones en materia migratoria, los centros de detención en países terceros y algunas de las medidas incluidas en el paquete generan una gran controversia. Historia de un endurecimiento La historia de este texto es una demostración del endurecimiento de la política migratoria y del giro hacia la derecha del centro de gravitación política en Bruselas. La propuesta de directiva que presentó la Comisión Europea fue criticada por organizaciones civiles por ser demasiado dura, pero el Parlamento Europeo, que habitualmente en materia migratoria ha tendido siempre a defender posturas más suaves, no solamente no ha matizado el texto, sino que lo ha endurecido. Malik Azmani, eurodiputado holandés de los liberales europeos de Renew Europe, considerado de una delegación dura en materia migratoria, lideró el trabajo para adoptar la posición negociadora de la Eurocámara, pero su propuesta no salió adelante en el Pleno. El Partido Popular Europeo (PPE) puso entonces sobre la mesa una alternativa, más dura que la anterior, que salió adelante con el respaldo de los ultraconservadores de la familia de los Conservadores y Reformistas (ECR), donde se encuentra el partido de Giorgia Meloni, con los votos del partido de extrema derecha Patriotas por Europa (PfE), que enmarca a formaciones como Vox o Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, y con el respaldo también de ESN, la bancada dominada por los extremistas de Alternativa para Alemania (AfD). Por ello el documento ha sido enormemente corrosivo para el Parlamento Europeo, dividiendo de nuevo a la mayoría que, en teoría, sostiene la agenda política de la actual Comisión Europea, conformada por el PPE, los socialdemócratas (S&D), Renew Europe y los ecologistas de Los Verdes. La Unión Europea ha llegado este lunes a un acuerdo político para una nueva Directiva de Retornos, una pieza clave del Pacto Migratorio, con la que los Veintisiete endurecen de forma significativa la política de expulsión de personas que hayan recibido la orden de salir del territorio. Actualmente las estadísticas oficiales con las que trabaja el Consejo y la Comisión Europea apuntan a que solamente entre el 20% y el 30% de las órdenes de expulsión se ejecutan. El texto, que ha sido acordado durante una negociación técnica entre la presidencia checa del Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, los negociadores de la Eurocámara, y los representantes de la Comisión Europea, necesita ser ahora adoptada formalmente por el Consejo y ser aprobada por el Parlamento Europeo.