NoticiaEl alto tribunal se pronunció en una sentencia sobre una solicitud de unificación de jurisprudencia.Consejo de Estado. Foto: Jesús BlanquicetPERIODISTA JUDICIAL01.06.2026 09:52 Actualizado: 01.06.2026 09:52
El uso irresponsable de la inteligencia artificial, en los últimos meses, ha sido motivo de duros llamados de atención por parte de las altas cortes. La Corte Suprema, en febrero pasado, sancionó con una multa de 15 salarios mínimos a un abogado que redactó un recurso extraordinario de casación con esta herramienta e incluyó citas jurisprudenciales inexistentes.Así mismo, revocó un fallo de tutela y amparó el debido proceso de un condenado que aseguraba que el juez de su caso había colgado un borrador de sentencia hecho con inteligencia artificial, en el que se hacía ponderación de pruebas y se falseaban las audiencias de alegatos, que ni siquiera se habían surtido.Ahora, el Consejo de Estado, en una sentencia sobre un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia —solicitud que rechazó—, hizo un duro llamado de atención tras corroborar que las sentencias citadas por quien presentó el recurso no existían o no correspondían a decisiones reales."Aunque esas sentencias aparecían identificadas con radicados, fechas, magistrados ponentes y reglas jurídicas aparentemente precisas, el despacho verificó que no se encontraban en las bases oficiales del Consejo de Estado", señala el alto tribunal. Es decir, fueron inventadas por la inteligencia artificial, torpedeando el trabajo de la Rama Judicial. Por esta razón, compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que determine si abre una investigación disciplinaria contra el autor del recurso."Este tipo de actuaciones afecta la seriedad del proceso, la confianza en la administración de justicia y los deberes profesionales de quienes intervienen en un juicio. Por esa razón, ordenó remitir copia del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que determine si hay lugar a una investigación disciplinaria", agregó el Consejo de Estado.El proceso sobre el que solicitaron el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial corresponde a una demanda de reparación directa contra el Estado por supuestos perjuicios derivados de una sentencia del Tribunal Superior de Buga, proferida el 9 de junio de 2020.Estos alegatos fueron desvirtuados en primera y segunda instancia. El Tribunal Administrativo del Valle consideró que el fallo impugnado no contenía ningún error judicial que derivara en la responsabilidad del Estado por daños o perjuicios.Tras esta decisión, los demandantes radicaron el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, redactado con inteligencia artificial, que citó fallos fantasiosos.Frente a esta situación, el Consejo de Estado se pronunció asegurando que las herramientas de inteligencia artificial pueden servir como apoyo instrumental en determinadas tareas de la actividad judicial, pero nunca ocupar el lugar del juez."Su utilización solo resulta admisible bajo una premisa esencial: administrar justicia es una función indelegable y toda decisión judicial debe emanar, siempre, del discernimiento autónomo, razonado y responsable de quien ejerce jurisdicción. La inteligencia artificial no decide, no valora pruebas, no interpreta el derecho con autoridad judicial ni responde por las consecuencias de una providencia; esa responsabilidad recae exclusivamente en el juez", agregó el alto tribunal.Y exigió que el uso de estos sistemas demanda comprensión de sus límites, control humano efectivo, verificación rigurosa de sus resultados y plena conciencia de sus riesgos, pues cualquier uso acrítico, automático o irreflexivo puede comprometer los derechos de las partes, la integridad del proceso y la confianza pública en la administración de justicia. Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
