Organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos han puesto en marcha la campaña No a la exclusión ideológica en las subvenciones públicas. La iniciativa denuncia los nuevos criterios reguladores aprobadas por el Ministerio de Igualdad para conceder o no determinadas ayudas públicas. El departamento de la ministra Ana Redondo aprobó el pasado mes de febrero la modificación de las bases de dos de las subvenciones públicas que convoca anualmente destinadas, por un lado, a la lucha contra la violencia contra las mujeres y, por otro, al apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijas. PublicidadLa campaña llega después de varios meses de intenso malestar dentro de una parte del tercer sector y de colectivas feministas, que ya criticaron -en una rueda de prensa organizada en el Ateneo La Maliciosa de Madrid- que Igualdad hubiera introducido que las entidades adjudicatarias debían tener entre sus fines estatutarios o acreditar experiencia en la prevención y erradicación de la violencia "incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva". Es decir, que debían considerar el trabajo sexual o la prostitución voluntaria per se como forma de violencia contra las mujeres (equiparándola a la explotación sexual y la explotación reproductiva).Para las organizaciones críticas con esta medida, el problema no reside en que Igualdad defienda posiciones abolicionistas, sino en que convierta esa perspectiva en una condición obligatoria para acceder a recursos públicos. Ello supone, a juicio de las entidades impulsoras de la campaña, una "exclusión ideológica" que excluye a organizaciones que trabajan desde enfoques de reducción de daños, derechos humanos o despenalización."Es como si el Ministerio de Ciencia nos pusiera a las universidades y a sus equipos de investigación que aceptáramos de antemano una definición cerrada de la prostitución (…) para poder conseguir fondos para estudiarla (...) Hoy es el tercer sector, pero mañana puede ser cualquier otro ámbito, incluido el académico, el que padezca esta imposición", advirtió Begoña Aramayona, investigadora de la UNED y portavoz de la Red de Voces Feministas por los Derechos, en la rueda de prensa que se celebró en La Maliciosa. "Un Ministerio de Igualdad que se tome en serio este debate no puede ahogarlo, debe asumir esta pluralidad", añadía entonces Aramayona."El debate sobre la prostitución es complejo y existen posiciones diversas en el ámbito feminista, académico y social. Lo que cuestionamos no es la legitimidad de esas posiciones, sino que una administración pública convierta una de ellas en requisito obligatorio para acceder a subvenciones", sostienen las entidades promotoras de la campaña.PublicidadLas organizaciones alertan, en este sentido, de que la medida afecta al pluralismo dentro del tejido asociativo y feminista, y vulnera principios como la libertad ideológica, la libertad de asociación o la neutralidad que deberían regir la actuación de las administraciones públicas. Afirman, además, que "nunca antes en democracia" se había condicionado de esta forma el acceso a subvenciones públicas.La campaña cuenta ya con el respaldo de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo), Red de Voces Feministas por los Derechos, Genera (Associació en defensa dels drets i llibertats sexuals i de gènere), la Fundación Canaria La Colectiva, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), SOS Racismo Gipuzkoa, Acciónenred Andalucía, Acción en Red de Albacete, la Asociación para la convivencia intercultural Amazonas, la asociación feminista AKAFEM o la colectiva feminista Jarana, de Cádiz.También se ha adherido el Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Almería, entre otras organizaciones y profesionales vinculadas al ámbito de la intervención social, el feminismo y la investigación académica.PublicidadRecurso judicial contra las bases reguladorasJunto al lanzamiento del manifiesto, las organizaciones han anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra las bases reguladoras aprobadas por el ministerio. La estrategia jurídica estará coordinada por Altera Advocades, un despacho especializado en litigación estratégica y derechos fundamentales.Para sostener el procedimiento judicial, la campaña ha abierto además una recogida de fondos destinada a cubrir los gastos jurídicos y procesales. Las organizaciones calculan que necesitarán al menos 2.000 euros para afrontar la primera fase del recurso.