La fontanera del PSOE acaba de reclamar en un escrito de última hora la nulidad de la entrada y requerimiento de documentación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz. Leire Díez argumenta que pese a que reclamó que se apartara de la investigación todo aquello que corresponde a un periodo temporal distinto de los años 2021 a 2023 y toda "la información personal" de sus móviles, los investigadores han utilizado mensajes que encajan en esa descripción. La defensa de Díez solicita que el expurgo se haga efectivo como aceptó en su día el juez Santiago Pedraz y sirva para resguardar cualquier material que sea ajeno a los hechos investigados por la Audiencia Nacional que se centran en la presunta trama de cobro de comisiones que integraba junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Pide así la nulidad "de todas las actuaciones, información y material objeto de investigación que conste en las actuaciones y haya sido recabado a través de los elementos, documentos, archivos y diligencias objeto de expurgo". El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que el 4 de marzo Pedraz acordó abrir una pieza separada y reservada y "requirió expresamente a la OCU" para que entregara los efectos intervenidos y se abstuviera de utilizar el contenido de tales dispositivos en tanto no se haya realizara el expurgo. Pese a ello, dice que la entrada y registro en la Gerencia de la sede del PSOE se ha basado en su totalidad en información que tendría que haber sido apartada. El pasado miércoles, agentes de la UCO se presentaron en la sede de Ferraz para solicitar diversa documentación y diferentes correos corporativos de empleados del PSOE en busca de pruebas la existencia de una estructura organizada para recabar información sensible sobre jueces, fiscales, mandos policiales e investigados con el objetivo de influir en distintos procedimientos judiciales. Estuvieron dentro casi 12 horas. La investigación dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha desvelado la existencia de una presunta red criminal que operaba, financiada con fondos procedentes del PSOE, para desestabilizar causas judiciales que cercan al entorno del presidente o del Gobierno. En la cúspide, el juez sitúa a Santos Cerdán, quien habría puesto a disposición de la trama la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada y permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de sus actividades. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha resultado imputada. El instructor acordó también imputar a Cerdán, al abogado Jacobo Teijelo, al histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver, quien ejerció como defensa de Koldo García. Según el magistrado, la organización actuó de forma coordinada para llevar a cabo distintas acciones "susceptibles de revestir relevancia penal", como sobornos y chantajes a funcionarios públicos. Se investigan delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado. La investigación apunta a Ferraz como centro logístico para la celebración de reuniones o la coordinación de distintos pagos a través de la elaboración de facturas falsas por parte de empleados del PSOE. Los investigadores señalan al menos 22 reuniones entre Cerdán y Leire Díez en la sede de los socialistas, así como la participación en algunas de estas de miembros reconocidos del partido como el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, o el diputado Juan Francisco Serrano. La fontanera del PSOE acaba de reclamar en un escrito de última hora la nulidad de la entrada y requerimiento de documentación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz. Leire Díez argumenta que pese a que reclamó que se apartara de la investigación todo aquello que corresponde a un periodo temporal distinto de los años 2021 a 2023 y toda "la información personal" de sus móviles, los investigadores han utilizado mensajes que encajan en esa descripción.