Julieta y Eleonora llevan un rato esperando en la plaza de la República de Ereván, la capital de Armenia, a que llegue Elmira. Juntas van a celebrar el 84 cumpleaños de esta última. Lo van a hacer lejos de su hogar. Fueron obligadas a abandonar sus casas en Stepanakert, la ciudad más grande de Nagorno Karabaj y su capital, en septiembre de 2023. “No sabemos si dejamos la puerta de casa abierta o cerrada”, afirman. Tuvieron que huir de la última escalada de uno de los conflictos no resueltos que dejó la caída de la Unión Soviética en 1991: la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno Karabaj, un pequeño enclave en el Cáucaso sur. Son refugiadas, como las más de 125.000 personas que ahora viven en Armenia y que salieron por la fuerza de su tierra natal entre 2020 y 2023. Fueron los años en los que estalló un conflicto bélico dormido desde comienzos de la década de los noventa. Ese éxodo ha sido calificado por el Parlamento Europeo este pasado mes de abril como “una limpieza étnica de la población armenia autóctona de Nagorno Karabaj por parte de Azerbaiyán”. Hace casi tres años se produjeron los últimos choques bélicos de un conflicto que ha provocado varias guerras en las últimas décadas.El aparente final de esta contienda empezó a escribirse en agosto de 2025, cuando los líderes de los dos países enfrentados, el armenio Nikol Pashinyan y el azerbaiyano Ilham Aliyev, suscribieron un declaración conjunta de paz en Washington que todavía está por desarrollar. En ella queda claro que el disputado enclave queda bajo el control de Azerbaiyán. Es algo que el Gobierno armenio ya reconoció en 2022. Verse forzadas a dejar sus casas no ha restado un ápice de coquetería a estas dos mujeres: “No por ser refugiadas tenemos que vestirnos como mendigas”, subraya Julieta, maquillada con discreción, con un pañuelo en el cuello y una chaqueta de punto blanca sin asomo de una mancha. A pesar de superar los 80, no se ven canas en el pelo de ninguna. No viven en campos, como los desplazados de otros conflictos. Residen en casas o pisos con ayudas que reciben del Gobierno armenio, aunque en muchos casos no les alcanza. Eleonora, una antigua farmacéutica, vive sola en un piso que le cuesta 150.000 drams al mes (unos 350 euros) y la ayuda que recibe del Gobierno armenio, 80.000 drams, no le da para pagar todo el alquiler. Así que la otra mitad la cubre con el respaldo que recibe de otras personas. Julieta vive con su nieta, Narine. “Ella tiene un piso pequeño. Espero hasta que se levanta, se ducha y se va a trabajar para levantarme”, cuenta. En definitiva, es incómodo. Así que está pensando irse a vivir a Bielorrusia con su hija. Mientras esperan y cuentan cómo es su vida en Ereván desde hace más de dos años, se acerca un policía que está vigilando la entrada del edificio oficial que aún conserva algún bajorrelieve con símbolos de la época soviética. El agente les ha oído hablar en el dialecto armenio de Artsaj, como ellos llaman a Nagorno Karabaj, enclave reconocido como territorio de Azerbaiyán por la inmensa mayoría de la comunidad internacional desde hace décadas. Él también es originario de allí. Hablan. Sonríen. Se alegran. Pasan los minutos y, por fin, llega Elmira, la cumpleañera, que la noche antes lo celebró con su familia —todos refugiados— y ahora va a hacerlo con sus amigas. Le dan unas flores y una bolsa de papel con un regalo que no abre en ese momento. “Estamos contentas. Nos queremos mucho”, explican. Vuelven a dar paso a los recuerdos: “Éramos respetables. Yo tenía un establecimiento de bodas”, destaca Julieta, la más habladora.¿Cree que van a volver a Stepanakert? Responde con una mirada de melancolía. Los números de Artak Beglaryan, antiguo defensor del pueblo de la autoproclamada República de Artsakh, dicen que un 87% de refugiados quiere volver, según “una encuesta representativa” que él cita. “Pero claro, eso depende de las condiciones y nadie cree que sea posible volver bajo el control de Azerbaiyán”, apunta en un fluido inglés este antiguo alto cargo político del enclave, que quedó ciego a los siete años cuando encontró una mina de la primera guerra que le explotó. Su causa es el derecho de los desplazados a volver a su tierra. A la pregunta de si quiere volver, responde con tristeza Tsovinar Khachatryan: “Siempre pensamos que nosotros, no. Quizá nuestros nietos”. Tiene 40 años. Ha ido a Ereván porque tenía una consulta médica, pero ella vive en Masis, una ciudad que está a 17 kilómetros de la capital en dirección a la frontera con Turquía. Antes de salir de su casa en Nagorno Karabaj había sido elegida por unanimidad dirigente de su comunidad, un pueblecito de unos 200 habitantes. Ahora trabaja a turnos en una fábrica de papel: “De ocho de la mañana a cuatro de la tarde una semana y de cuatro a doce otra. Me organizo según el trabajo”. Tsovinar y su familia viven por el momento en una casa de un tío suyo, que trabajaba en Rusia y la compró cuando vio cómo se estaba deteriorando la situación. Pero es temporal. Ahora está reuniendo la documentación para solicitar el certificado que le dé acceso a las ayudas que el Gobierno armenio da a los refugiados para poder adquirir una vivienda, explica en la sede de International and Comparative Law Center de Armenia. Se trata de una organización implicada en “mitigar las consecuencias del conflicto y en defender los derechos de los prisioneros de guerra y de los prisioneros civiles armenios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, explica en su página web. Política demográficaRecibirá más dinero si se queda a vivir fuera de Ereván. Las subvenciones que da el Ejecutivo, entre tres y cinco millones de drams (de 7.000 a 11.500 euros), son más altas para quienes optan por instalarse fuera de la capital. “Es una política demográfica [del Gobierno]”, explica Artak Beglaryan.Armenia tiene tres millones de habitantes, de los que 1,15 millones viven en la capital, así que el Ejecutivo incentiva que se establezcan en otras zonas del país y no saturar más la gran ciudad, cuyos precios ya se dispararon en 2022 con el comienzo de la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces muchos rusos y muchas inversiones rusas llegaron a este país del Cáucaso sur, que está bajo la órbita de Moscú hasta hace relativamente poco. El problema de este programa, explica Beglaryan, es que no cubre a todos los desplazados. La tasa de pobreza entre los refugiados de Artsaj, asegura, alcanza el 70%, “mientras en Armenia es del 23%”. Este antiguo alto cargo, ahora activista, critica al Gobierno de Pashinyan, algo que no hacen —o eluden— el resto de refugiados entrevistados para este reportaje. Julieta, la mujer que espera para celebrar el cumpleaños de su amiga, se muestra agradecida. Sobre las críticas o la insuficiencia de las ayudas, dice: “Es como si le pido a mi anfitrión que me haga una barbacoa”.