Ecuador ha tenido avances importantes en el reconocimiento y protección jurídica de los derechos de niños y adolescentes durante los últimos años. En ese contexto, especialistas consideran que todavía existen desafíos estructurales que mantienen vulnerables a menores en el país.El abogado Cristhian Castro Velastegui, docente de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derecho de Familia de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS), señaló que uno de los principales avances ocurrió con la Constitución de 2008, que consolidó un modelo de protección integral para la niñez y adolescencia.Explicó que, a partir de ello, niños y adolescentes pasaron a ser reconocidos como sujetos de derechos y no únicamente como objetos de tutela.PublicidadTambién destacó que la Corte Constitucional ha desarrollado fallos relacionados con educación, salud, identidad, movilidad humana y protección reforzada en situaciones de vulnerabilidad.Como ejemplo, mencionó la sentencia No. 615-14-JP/23, en la que la Corte protegió el derecho a la seguridad social de una niña cuya pensión de montepío había sido suspendida por el IESS luego de un proceso de adopción.Según Castro, en ese caso la Corte determinó que ninguna autoridad puede restringir derechos de niños y adolescentes mediante interpretaciones administrativas que desconozcan el interés superior del menor.PublicidadPublicidadTambién hizo referencia a la sentencia No. 2185-19-JP y acumulados/21, en la que se incorporaron enfoques de género, movilidad humana e interseccionalidad dentro de la protección de derechos de la niñez.Castro sostuvo que estos fallos reflejan avances importantes dentro del sistema judicial ecuatoriano.PublicidadNo obstante, sostuvo que todavía existen “deudas estructurales significativas”. Para Castro, muchas instituciones públicas continúan aplicando medidas administrativas que dificultan el acceso real a esos derechos.“El problema no es únicamente el reconocimiento constitucional, sino que esos estándares todavía no logran trasladarse plenamente a las políticas públicas y a las actuaciones estatales”, indicó.Castro advirtió que la pobreza, la desnutrición, la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil siguen afectando a miles de niños y adolescentes en Ecuador.A esto se suma el crecimiento de problemas dentro de entornos educativos, como el bullying, el ciberacoso y otras formas de violencia escolar. El abogado alertó que muchas veces las respuestas institucionales llegan tarde o son insuficientes.PublicidadEl reclutamiento de menores por el crimen organizado, un factor de preocupaciónSin embargo, uno de los puntos que más preocupa a los juristas es el avance de los grupos de delincuencia organizada y el reclutamiento de menores.Castro afirmó que actualmente ya no se trata de casos aislados, sino de una problemática cada vez más visible en distintas ciudades del país.“Muchos adolescentes no solo son infractores, también son víctimas de organizaciones criminales que aprovechan su vulnerabilidad”, sostuvo.Según Castro, factores como la pobreza, la deserción escolar, la falta de oportunidades, los problemas familiares y la normalización de la violencia convierten a muchos jóvenes en objetivos fáciles para estas estructuras.Además, indicó que las bandas ofrecen dinero, reconocimiento y sentido de pertenencia a adolescentes que no encuentran esas oportunidades en otros espacios.A criterio del abogado, Ecuador ha priorizado respuestas punitivas antes que preventivas frente a menores vinculados a delitos. “La respuesta penal es necesaria, pero no resolverá el problema si no se fortalecen la educación, la protección social y la prevención”, manifestó.Brechas socialesPor su parte, el abogado Ángel Peñafiel, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Guayaquil, sostuvo que, aunque las estadísticas reflejan ciertos avances, la realidad social evidencia todavía brechas.Señaló que el trabajo de campo muestra problemas en salud, educación y seguridad, especialmente en sectores urbanos marginales y rurales. “Las políticas públicas deben convertirse en garantías reales y no quedarse solo en el papel”, expresó.Peñafiel explicó que muchos niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo por causas relacionadas con pobreza, falta de acceso y embarazo adolescente. También alertó sobre las limitaciones en atención médica, nutrición y acceso a servicios básicos.En materia de violencia, recordó que organismos nacionales han reportado casos de agresiones y violencia sexual contra menores dentro y fuera del sistema educativo. “El miedo y la falta de denuncia hacen que exista un importante subregistro”, indicó.Sobre el reclutamiento de adolescentes por grupos criminales, Peñafiel aseguró que el problema está ligado a factores familiares y económicos.Explicó que las organizaciones delincuenciales aprovechan las carencias familiares y económicas para captar menores en barrios vulnerables y centros educativos.“Los jóvenes sienten que no tienen otras alternativas y terminan viendo a estos grupos como una salida”, afirmó.Propuestas para una protección integral y prevenciónEl abogado también incitó a una mayor coordinación entre el Gobierno Central y los municipios para atender problemas sociales prioritarios.A su criterio, la ausencia de trabajo articulado termina debilitando la atención en sectores vulnerables.Peñafiel sostuvo que fortalecer la educación debe convertirse en una prioridad nacional. También consideró necesario reforzar la seguridad y trabajar en la reintegración familiar.Mientras tanto, Castro propuso recuperar espacios comunitarios y escolares donde actualmente operan organizaciones criminales, además de impulsar programas deportivos, culturales y de salud mental.Ambos abogados coincidieron en que Ecuador necesita políticas públicas sostenidas y un trabajo preventivo más fuerte para evitar que niños y adolescentes sigan expuestos a violencia, exclusión y reclutamiento criminal. (I)