El involucramiento de niños y adolescentes en hechos violentos vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las acciones que se ejecutan en las diferentes localidades de Ecuador, especialmente en aquellas con mayor índice de criminalidad, para evitar el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos organizados.El reciente ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil, en el que participaron dos menores de edad, se convirtió en uno de los casos más visibles de una problemática que preocupa a autoridades y organizaciones sociales del país.Los dos menores de edad, de 14 y 15 años, que fueron retenidos por el ataque armado serán procesados por presunto asesinato.PublicidadA esto se suman los ataques armados que dejan como víctimas mortales a los mismos menores, un grupo vulnerable que requiere especial atención en las políticas públicas.Frente a esta realidad, municipios, consejos de protección de derechos y organismos de cooperación internacional impulsan estrategias enfocadas en evitar que niños y jóvenes sean captados por bandas criminales, apostando por la educación, el deporte, el liderazgo comunitario y la construcción de proyectos de vida.Entre los elementos negativos que buscan abordar los municipios está la falta de oportunidades para adolescentes que viven en sectores vulnerables.PublicidadPublicidadLas acciones se suman también a lo que se coordina desde lo gubernamental. A través del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes se organiza el trabajo entre instituciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones sociales para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos delictivos.En lo local, Atacames, jurisdicción de la provincia de Esmeraldas, la secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Neida Ibarra, explicó que una de las principales herramientas para prevenir el reclutamiento ha sido la creación de rutas de protección específicas para niños y adolescentes en riesgo.Estas rutas articulan el trabajo entre escuelas, centros de salud, Policía Nacional, Fiscalía, juntas cantonales y organizaciones comunitarias para actuar de manera temprana cuando se detectan señales de vulneración de derechos, explotación, trabajo infantil o posibles vínculos con actividades delictivas.Ibarra destacó el papel de las defensorías comunitarias, conformadas por líderes barriales capacitados para identificar situaciones de riesgo y activar mecanismos de protección antes de que los adolescentes sean captados por estructuras criminales.“La prevención del reclutamiento no se logra solamente con control y vigilancia, se logra ofreciendo alternativas reales de vida”, sostuvo Ibarra.Bajo esa premisa, desde 2021 se desarrollan programas de formación juvenil en sectores considerados vulnerables. Los barrios están situados en áreas de Atacames, Súa y Tonchigüe. Los participantes reciben capacitación en habilidades blandas, liderazgo, educación financiera, emprendimiento y construcción de proyectos de vida.PublicidadSegún Ibarra, actualmente alrededor de 80 jóvenes participan en estas iniciativas, que también incluyen actividades deportivas y acompañamiento para evitar la deserción escolar, uno de los factores que incrementa el riesgo de reclutamiento.En Manta se recuperan espaciosLa experiencia de Manta también apunta a fortalecer el protagonismo juvenil como una herramienta de prevención. Silvia Almeida, técnica de un proyecto ejecutado por Ciespal, explicó que jóvenes del barrio María Auxiliadora lideraron la recuperación de espacios públicos mediante la iniciativa denominada “Escalinata Viva”.El proyecto involucró a 30 adolescentes y jóvenes que participaron en la planificación y ejecución de mejoras para su comunidad.Para Almeida, cuando los jóvenes encuentran espacios donde pueden incidir en su entorno y desarrollar liderazgo, disminuye la posibilidad de que busquen reconocimiento o pertenencia en organizaciones criminales.“La regeneración física no garantiza la seguridad, el uso continuo sí”, dijo Almeida, quien indicó que la integración de los jóvenes asegura el desarrollo de la identidad de los sectores luego que se ejecutan las obras.La situación de GuayaquilEn Guayaquil, donde la violencia ligada al crimen organizado ha tenido un fuerte impacto, el gerente de Segura EP, Álex Anchundia, señaló que el trabajo comunitario es una pieza clave para evitar que más adolescentes terminen integrando grupos delictivos.El funcionario reconoció que en algunos barrios existen dificultades para intervenir debido a la presencia de bandas, por lo que primero deben construir confianza con las comunidades antes de implementar programas sociales.Entre los barrios donde se han ejecutado acciones de recuperación del tejido social están Bastión Popular, Socio Vivienda, Santa Mónica, Los Esteros, Monte Sinaí, isla Trinitaria, La Germania y zonas rurales en Tenguel, Posorja y Daular.“Realmente nos toca competir, digamos, con el reclutamiento que hacen estas bandas. Estos chicos que quizás no ven oportunidades en el futuro y que son fácilmente atraídos por el dinero y un sinnúmero de cosas. Nosotros tenemos que competir, de manera positiva, con opciones para ellos, opciones para sus vidas, para su desarrollo”, manifestó el gerente de Segura EP.Entre las acciones impulsadas se encuentran talleres de formación, actividades deportivas, grupos de batucada, programas de desarrollo de habilidades, orientación laboral y acompañamiento desde los Centros de Equidad y Justicia, que al momento suman cuatro en Guayaquil.Anchundia aseguró que el caso de los menores involucrados en el ataque ocurrido en el aeropuerto de Guayaquil debe servir como una llamada de atención para fortalecer este tipo de intervenciones.“Ese es precisamente el resultado que tenemos que evitar. No podemos seguir perdiendo a nuestros jóvenes en manos de los grupos delictivos”, afirmó.Anchundia señaló que se trabaja con lideresas y organizaciones comunitarias en barrios considerados de alta vulnerabilidad para crear espacios seguros donde niños y adolescentes permanezcan alejados de las dinámicas de violencia y reclutamiento.En esa línea, para medir el impacto de estas estrategias se realizó la encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad en los diez distritos de Guayaquil: 9 de Octubre, Modelo, Nueva Prosperina, Portete, Pascuales, Sur, Esteros, Florida, Ceibos y Progreso.El estudio tiene representatividad tanto cantonal como distrital y aborda delitos como robos, extorsiones, secuestros y violencia intrafamiliar, entre otros hechos de los que pudieron haber sido víctimas los ciudadanos durante los últimos doce meses.Anchundia señaló que los resultados permitirán identificar las problemáticas específicas de cada territorio y orientar las intervenciones sociales y preventivas de manera más focalizada.El funcionario explicó que la reducción de la violencia es un proceso de largo plazo que requiere el compromiso conjunto de instituciones públicas, sector privado, organizaciones sociales y ciudadanía. Al momento, de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Integral para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana, no se tiene una cifra de reducción de índices de violencia, pero sí de efectividad de implementación de comitivas, atenciones y reconstrucción del tejido.Entre las cifras alcanzadas hasta mayo de 2026 figuran la conformación de 125 comités de convivencia ciudadana, y 12 estaciones de acción seguras y las 10.866 atenciones de casos de violencia basada en género.“Los resultados no se construyen de un día para otro. Son producto de un trabajo sostenido y articulado en el tiempo”, indicó.En ese contexto, destacó que las acciones impulsadas en Guayaquil buscan fortalecer la convivencia pacífica desde la familia, la comunidad y los espacios de desarrollo social, bajo la premisa de que la reconstrucción del tejido social es una de las principales herramientas para evitar que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales.La vicealcaldesa del cantón Eloy Alfaro, Leysi Valdéz, coincidió en que la prevención debe comenzar desde los territorios y con la participación activa de la comunidad.Las estrategias implementadas en ese cantón incluyen capacitaciones, campañas de sensibilización y programas dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes.Aunque los representantes reconocen que medir el impacto inmediato de estas iniciativas es complejo en un contexto donde la violencia continúa creciendo, sostienen que mantener a los adolescentes vinculados a la escuela, al deporte, a actividades culturales y a procesos de liderazgo comunitario es una de las herramientas más efectivas para impedir que sean captados por bandas criminales.Las autoridades locales insisten en que la prevención debe convertirse en una prioridad, antes de que más adolescentes pasen de ser víctimas potenciales a formar parte de las estructuras delictivas. 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