La jueza de Catarroja que investiga la dana de 2024 ha suspendido este lunes la declaración de un testigo al entender que no existen “medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional”, según una resolución dictada por Nuria Ruiz Tobarra. La magistrada, responsable de las pesquisas que indagan en la gestión de la inundación, adopta esta decisión después de que el viernes un grupo se concentrara a las puertas del juzgado y profiriera “descalificaciones” contra ella y la investigación que dirige desde hace 19 meses. “El personal de seguridad recomendó no salir al exterior”, justifica la instructora, que vivió el tenso episodio mientras tomaba declaración como testigo a la comisaria de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Cristina Sola. Pertrechados con un altavoz, los concentrados esgrimieron pancartas con lemas como “Solo pueblo salva al pueblo” o “La justicia no puede ser herramienta ni arma”. Y expusieron un cartel con las fotos del expresident Carlos Mazón; la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé; o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En decenas de autos, la magistrada ha señalado que la Generalitat fue la administración encargada de gestionar la crisis. No es la primera vez que la jueza Ruiz Tobarra denuncia incidencias y maniobras para entorpecer sus pesquisas. El pasado marzo, la magistrada reveló una supuesta estrategia para “dinamitar” la causa promovida por el abogado youtuber Ruben Gisbert, que defiende a seis víctimas de la riada y fue autor de una querella contra la magistrada, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En paralelo a la polémica, la jueza sigue dictando resoluciones. A petición del exdirector general de Emergencias, el investigado Emilio Argüeso, la magistrada ha dado luz verde este lunes a solicitar a los ayuntamientos de Chiva (17.800 habitantes) y Utiel (11.639) que certifiquen los “avisos y comunicaciones” remitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias el día de la dana, el 29 de octubre de 2024. La instructora, además, ha descartado que declaren como testigos el conseller de Medio Ambiente, un comisario de la Policía Local de Torrent y un responsable de protección civil de esta ciudad. La alcaldesa de este municipio, Amparo Folgado, del PP, reconoció la semana pasada que avisó la tarde de la riada por teléfono al presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicente Mompó, de la extrema gravedad de uno de los afluentes del Poyo, la rambla que desató la tragedia. El dirigente ocultó esta llamada. Y, para aclarar esta omisión, la jueza le ha vuelto a citar a declarar como testigo. En sus comparecencias ante la instructora, Mompó ha exculpado a la Generalitat de la gestión de la tragedia.