Casi un millar de directivos de empresas vinculadas a la industria de defensa, representantes de asociaciones y despachos de abogados especializados se han inscrito para asistir, presencialmente o vía online, al acto convocado este lunes en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La expectación está justificada. La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y el subdirector general de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, Rafael Coloma, presentarán las líneas maestras del nuevo marco normativo que regulará las exportaciones españolas de armamento y productos de doble uso (civil y militar), que sumaron 3.491 millones de euros en 2024. Según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri), España es el décimo vendedor mundial de material de defensa, con un 2,3% del total de este comercio en alza.Doce años después de la entrada en vigor del real decreto 679/2014, el Gobierno considera que el actual reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, otro material (armas de caza y equipos antidisturbios) y tecnologías de doble uso se ha quedado obsoleto, no solo por el vuelco que ha experimentado el panorama estratégico (con la proliferación de conflictos internacionales como los de Ucrania y Oriente Próximo). También por la decidida apuesta de España en favor de la construcción de una industria de defensa europea y la revolución tecnológica que ha supuesto la aplicación al campo de batalla de los drones, la Inteligencia Artificial (IA) o la computación cuántica. Los sucesivos parches normativos que se han ido poniendo en los últimos años ya no serían suficientes y ha llegado el momento de aprobar un reglamento de nueva planta, según fuentes del Ministerio de Economía.El acto de este lunes será el pistoletazo de salida para su elaboración. Está previsto que, a través de la web del Ministerio, se abra un periodo de consulta pública de 15 días para recoger sugerencias no solo por parte de las empresas militares, sus habituales clientes, sino también de la sociedad civil, a través de ONG dedicadas al control del comercio de armas. Esta consulta se hará sin disponer todavía del nuevo texto pues el objetivo, según fuentes de Economía, es recibir antes propuestas desde distintas sensibilidades ante un tema especialmente espinoso y “realizar un esfuerzo de transparencia”. Tras el verano, cuando se disponga del borrador, se hará un nuevo proceso de audiencia pública ya con un texto que deberá someterse a informe de la Abogacía del Estado, los distintos ministerios, la propia junta que regula el comercio de armas (JIMDDU) y el Consejo de Estado. El objetivo es que entre en vigor en 2027.Las novedades del futuro reglamento tendrán un límite, el que marcan la Ley 53/2007 sobre comercio exterior de material de defensa y doble uso, que no va a modificarse, y las directivas europeas y los acuerdos internacionales suscritos por España, como el Tratado de Comercio de Armas. Tampoco, aseguran las fuentes consultadas, se tocará el decreto-ley de septiembre pasado que consagró el embargo militar a Israel. El propósito, según fuentes de Economía, es proceder a una mejora técnica del reglamento, que agilice la tramitación de las licencias sin relajar el rigor de los mecanismos de control. Se trata de facilitar los intercambios dentro de los países de la UE y el Espacio Económico Europeo (los 27 comunitarios más Islandia, Liechtenstein y Noruega), contribuyendo así al desarrollo de la autonomía estratégica europea, y de liberar recursos para el seguimiento de aquellas operaciones en las que exista un verdadero peligro de proliferación o alimentación de conflictos. “Hay que ajustar el control administrativo al riesgo real y evitar cargas innecesarias”, aducen las mismas fuentes. Se pretende un mayor uso de las llamadas licencias generales, hasta ahora minoritarias, que se pueden aplicar a los suministros de material militar dentro del marco intracomunitario. Este tipo de licencias, sin límite temporal ni de cantidad, pueden amparar legalmente envíos destinados a las Fuerzas Armadas de un país europeo; a una empresa certificada: a demostraciones, evaluaciones y exhibiciones de carácter temporal; al mantenimiento o reparación de equipos; a la OTAN y su agencia de apoyo; y a programas financiados por el Fondo Europeo de la Defensa. No tiene sentido, alegan las fuentes consultadas, someter a los mismos trámites el envío temporal de equipos para su exhibición en una feria de armamento en un estado europeo que la venta a un país envuelto en un conflicto. Lo que se hará en todo caso, matizan dichas fuentes, es verificar a posteriori que todo el material cuya salida temporal se autorizó ha sido repatriado.En la misma línea de agilizar trámites y ganar flexibilidad, se quieren clarificar y sistematizar los tipos de licencias, elaborar una nueva lista técnica de productos sujetos a autorización, que incluya productos y tecnologías innovadoras, y mejorar sus definiciones para ganar claridad y precisión, evitando la inseguridad jurídica y garantizando su alineación con los estándares europeos e internacionales. Ante la avalancha de solicitudes que se han producido en los últimos años, al calor del crecimiento exponencial de los presupuestos militares ―en 2024 se tramitaron más de 3.000 licencias de material de defensa, más de 500 de otro material y unas 1.500 de productos de doble uso― ya se han tomado algunas medidas, aducen las fuentes consultadas, como la duplicación del personal dedicado a tramitar los expedientes, la mejora de la sede electrónica, la elaboración de un manual del operador o la activación de un buzón de consultas. También se ha acortado el tiempo de tramitación ―aunque se mantiene el plazo máximo de seis meses, salvo para las licencias generales― y se ha incluido un mayor detalle en las denegaciones, pese a regir el silencio administrativo negativo. Ahora se trata de reordenar todo el procedimiento para que la burocracia no se convierta en un embudo para una industria militar en expansión. El reto es que tampoco sea un coladero.