El cultivo de uno de los emblemáticos productos agrícolas, el banano, sufre toda clase de peripecias, si no es el clima, por las altas temperaturas, es el exceso o falta de lluvias, las inundaciones o sequías o la guerra que afecta la logística comercial o el encarecimiento de los fletes o las plagas y enfermedades, que los productores y exportadores enfrentan día a día con admirable estoicismo; sin embargo, existe un mal de difícil manejo y peor superación, que no ha sido fácil doblegar, que escapa a las leyes nacionales. Se trata nada menos del trato injusto que los importadores y comercializadores de la fruta en el exterior le otorgan al liquidar el valor del barato y predilecto bocado, lo que justifica la expresión “El banano sostiene al mercado, pero el mercado no sostiene al banano”.Según un reciente decir del presidente de Augura, poderoso gremio colombiano, ratificando el parecer de sus pares ecuatorianos, la cotización del banano se mantiene estática desde hace 20 años, sin que la hayan movido los vientos inflacionarios que caracterizan la economía mundial; el asunto es de tan magnitud que un estudio de una consultora internacional concluye aseverando que si se ajustase solo por ese parámetro, como acontece regularmente con otras frutas y vegetales en el orbe, el precio a pagar sería tres veces superior al actual, lo cual hubiese significado que Ecuador, como nación productora y exportadora, hubiese recibido por divisas miles de millones de dólares adicionales por año, más que suficientes para haber financiado un gran centro regional de investigación bananera en beneficio de la industria y la soberanía alimentaria mundial.Los cultivadores locales no han tenido ajustes como los de otras frutas en el mercado internacional, que han alcanzado valores de 1,4 dólares por libra, y tienen que aceptar un nivel oficial de solo 7,50 dólares por la caja de 18,4 kilos, que autoridades y gremios luchan por hacer cumplir, esforzándose paralelamente por mejorar los plantíos con más costosas inversiones. Simultáneamente, organismos oficiales de indolentes países importadores, solos o agrupados, como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, se esmeran en crear restricciones expresadas en exigencias de calidad, de cumplimiento de normas fitosanitarias, ambientales y laborales fuera de límites razonables, además certificadas por verificadoras que tienen también costos que no corresponden al bajo precio que finalmente recibe el agricultor. Actualizados estudios han concluido que, del valor de compra de los consumidores a las cadenas de supermercados y empresas comercializadoras, solo del 5 % al 9 % queda para los nacionales que producen, configurando un injusto esquema e irrespetando decisiones como la responsabilidad compartida.Al reclamo le falta frontalidad mediática, acudiendo a organismos de alto rango, como el Consejo de Seguridad de la ONU, tomando en cuenta que el final de la injusticia será el abandono de las fincas, creando un problema mayor de desocupación y un aumento de la inmigración hacia el norte de América y Europa, empujando un desequilibrio social de impredecibles consecuencias. (O)