Los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías declararon como testigos en el juzgado de Madrid que venía investigando las actividades de Leire Díez. Al ir como testigos, tenían la prohibición de mentir. Se puede manifestar desconocimiento o ausencia de recuerdo, pero sus versiones chocan frontalmente con lo plasmado esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que los ha imputado a ambos. Les ubica como protagonistas de una cloaca socialista para salvar a Pedro Sánchez de los casos de corrupción. Para sorpresa de alguna de las partes de la causa, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán compareció en el juzgado de Instrucción 9 de Madrid acompañado de su abogado. Se trata de Jacobo Teijelo, flamante imputado en la Audiencia Nacional, también por colaborar en esta trama de las cloacas. De hecho, el juez Santiago Pedraz se ha adelantado a su compañero de Madrid Arturo Zamarriego, que todavía no había decidido si citar a Teijelo como testigo o imputado. El 2 de febrero, el día de la declaración, Teijelo estaba solo como abogado de Cerdán. Se sentó a su lado y trató insistentemente de suspender la declaración del exdirigente. Alegó que en ese momento su cliente estaba inmerso en al menos tres procedimientos y que lo que contestara ahí podría ser usado en su contra. También desplegó la teoría del lawfare que usa el Gobierno: "Entendemos que este procedimiento forma parte de un panorama complejo, un enjambre de procesos con un mismo objetivo táctico". El juez rechazó sus argumentos y Cerdán admitió conocer a Leire Díez, pero dijo que se la había presentado la "tristemente fallecida periodista", en alusión a Patricia López. El objeto de esa presentación era mantener una reunión que tuvo lugar el 26 de abril en la sede del PSOE, en plenos cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras escribir una carta a la ciudadanía, anunció un retiro temporal por la imputación por corrupción de su mujer. Patricia López, fallecida hace unos meses, se había significado por publicar muchas informaciones sobre el polémico comisario José Villarejo y atesoraba mucho material en su poder: documentos, entrevistas, sumarios, audios… Sus últimas publicaciones las hacía en Crónica Libre, un medio de escasa tirada. La visita a Ferraz era para llevarle material al PSOE con el que poder defender a Sánchez y apuntalar el relato del lawfare en su contra. Cerdán ya conocía a Leire de antes El auto de la Audiencia Nacional establece esta reunión como el punto de inflexión de la supuesta cloaca. Cerdán empezó a encargarles trabajos para frustrar los casos de corrupción que preocupan a La Moncloa. Sin embargo, el juez Pedraz desmiente la afirmación de Cerdán de que fue en ese momento, abril de 2024, cuando conoció a Leire Díez. El auto cuenta que, ya en 2018, Cerdán quería controlar la SEPI por medio de su entonces presidente, Vicente Fernández. Este cargo dimitió en 2019 por un caso de corrupción del que resultó absuelto. En su lugar, nombraron a Belén Gualda y Santos Cerdán pensó en Leire para que fuera su jefa de gabinete y así mantener su influencia en la SEPI. Leire Diez había empezado ese año una relación con Vicente Fernández. Los tres mantuvieron el vínculo durante años. Tanto es así, que en 2020 el dirigente socialista les presentó al empresario Navarro Antxon Alonso, responsable de Servinabar e investigado en la trama de amaños en la concesión de obra pública. En esa causa, surgida del caso Koldo, también está imputado Cerdán. El auto sobre las cloacas dice que “constan múltiples comunicaciones a partir de 2021 que dejan constancia de las reuniones mantenidas por estas cuatro personas”. Cerdán negó también haber hecho encargos a Leire Díez o haberle prestado apoyo logístico desde el partido. Sin embargo, el auto es rotundo a este respecto. Documenta que era el PSOE el que se encargaba de costearle los gastos y los desplazamientos. También que Santos Cerdán le encomendó a Leire Díez “la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE”. Negó haber participado en el ofrecimiento de algún soborno a funcionario para llevar a cabo su plan. Pero Pedraz apunta a que hubo ofrecimientos a “funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos”. Cerdán negó también haber estudiado perfiles con Leire Díez, pero el juez escribe que “se estableció como premisa atacar las investigaciones de los jueces Beariz Biedma (el hermano de Sánchez), Alaya (los ERE) o Juan Carlos Peinado (Caso Begoña)”. Según la documentación del caso en la Audiencia Nacional, Santos Cerdán “era conocedor de que Leire Díez, en este caso movida por intereses del ámbito personal, en algún momento previo había desarrollado ciertas actividades que tenían por objeto la injerencia en diversos procedimientos judiciales”. En la declaración ante el juez de Madrid a la que tuvo acceso íntegro El Confidencial, Cerdán declaró que no había tenido más contacto con Leire Díez desde dos reuniones en aquel abril de 2024 hasta que la mujer se dio de baja del partido forzada por las exclusivas de este periódico que sacaron a la luz sus maniobras. El auto también deja en evidencia este punto de la versión del exdirigente socialista. Cerdán y Leire Díez se reunieron en torno a 22 veces para coordinarse. Según los datos de la UCO en poder del juez, la primera reunión conocida es del 26 de abril de 2024 y la última el 11 de abril de 2025. Además, constan al menos “otras 17 reuniones celebradas entre Santos Cerdán y Leire Díez durante este periodo, de las cuales se desconoce la ubicación de su celebración o se producen fuera de la sede del PSOE, fechándose la última de ellas el 2 de mayo de 2025”. También negó que alguien le hubiese pedido dinero por llevar a cabo estas maniobras, pero en el auto consta que el PSOE inyectó en el periódico digital de la fallecida Patricia López 20.000 euros en concepto de publicidad. Luego, desde ese medio se difundían mensajes en contra de la UCO, entre otros. Nervis Villalobos Santos Cerdán dijo no saber quién era Nervis Villalobos, exviceministro del Gobierno venezolano huido en España. Estaba siendo investigado por el fiscal anticorrupción José Grinda, al que quiso anular por medio de una mujer que tenía un pleito contra él. Ahí confluyeron los intereses del exministro venezolano, los de Leire Díez y los de un abogado llamado Ismael Oliver, que también está imputado por estos hechos de las cloacas. Plantearon ofrecerle 300.000 euros a Grinda a cambio de archivar varias causas judiciales y el fiscal lo que hizo fue denunciar un chantaje. Pero antes de eso Nervis Villalobos se interesó por acelerar sus trámites para obtener la nacionalidad española. Leire Díez se prestó a facilitarle sus contactos en el PSOE y del auto se desprende que implicó a Santos Cerdán. El contenido del móvil de Leire Díez está en poder de la UCO porque se lo incautaron tras su arresto en diciembre en la causa de amaños de contratos de la SEPI. Otro de los puntos más sensibles del auto --que establece el retiro del presidente como el punto de inflexión-- es la parte en la que apunta a que Sánchez estaba al tanto de las maniobras. Al menos en lo que tenía que ver con el intento de tumbar investigaciones relacionadas con hidrocarburos. Según el auto, la trama las consideraba “vinculadas a las causas que afectaban al partido y al Gobierno y, por lo tanto, un medio para alcanzar su objetivo último, dado que consideraban que si conseguían propiciar nulidades en las primeras, estas serían trasladadas hasta las causas judiciales que conformaban su objetivo último”. En ese marco se produjo la cita en la que pedían información comprometedora del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Es el principal investigador de la Guardia Civil en los casos que afectan al Ejecutivo. El juez Pedraz recoge esta frase en su resolución: “En palabras de Leire Díez, esta línea habría sido la prioridad de Santos Cerdán ‘por orden del one’ (el uno en inglés). Ignacio Stampa, otro fiscal que denunció haber sido sobornado por la trama, afirmó que Leire Díez hablaba de “el uno” y que con esa alusión entendió que se referían a Sánchez. El papel de Zarrías Gaspar Zarrías también se encuentra ahora imputado por el juez Pedraz. Ha pasado de acudir como testigo al Juzgado de Madrid a resultar investigado en la Audiencia Nacional. Zarrías fue condenado en el Tribunal Supremo por los ERE de Andalucía, pero luego le exoneró el Tribunal Constitucional controlado por una mayoría progresista en una polémica decisión. En su día explicó que Leire Díez le llamó para decirle que estaba investigando una posible conexión entre el caso de los ERE y el polémico Villarejo. Tal vínculo podría haber descarrilado la causa o al menos diluido el efecto negativo que le generaba al PSOE. Al mando policial se le relacionaba con la llamada “policía patriótica” al servicio del PP. Opinión Zarrías declaró en el juzgado que no conocía de nada a esa mujer, pero sin pedirle una garantía de su trabajo, le empezó a pagar 4.000 euros al mes para que siguiera sus pesquisas. Según su versión, la investigación acabó en nada y los pagos se acabaron. Fueron cuatro meses, entre junio y septiembre de 2024. Se da la circunstancia de que Zarrias empezó a pagar poco después de las reuniones en Ferraz de finales de abril de ese año, cuando Leire Díez estaba sin trabajo. Terminaron poco después de que El Confidencial empezara a desvelar las actividades de esta mujer al servicio del PSOE. Ante el juez de Madrid, Zarrías desvinculó por completo al partido y a Cerdán de la contratación de esa mujer a la que no conocía. Le hizo un contrato en su empresa de consultoría. Leire Díez no tenía que ir a la oficina, ni se mandaron ningún correo y las tres reuniones que tuvieron fueron en una cafetería. Sin embargo, al auto de Pedraz conocido esta semana le basta un párrafo para desmentir esta coartada: “Leire Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero del resto de los investigados que se citan en el oficio: Santos Cerdán (que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido) y Gaspar Zarrías (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica)”.