El conflicto salarial que involucra a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Córdoba ingresa en una semana clave. Se espera una oferta del gobierno, pero si no llega o es insuficiente, se profundizarán las medidas gremiales y podrían presentarse acciones administrativas personales o grupales. Por el momento, el servicio de justicia se resiente, especialmente en las Unidades Judiciales donde acude el ciudadano a denunciar o pedir protección.
Este año, el reclamo excede a un mero aumento de haberes. Los incrementos salariales otorgados se evaporaron con la decisión del gobierno de subir los aportes a la Caja de Jubilaciones —vía emergencia previsional— y al Apross, la obra social de la que son cautivos y que atraviesa una débil situación económica.
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¿Por qué se siente aún más el impacto? La situación se asemeja a la frazada corta. Se extienden los beneficios por un lado mientras se quitan por otro. Y la inflación sigue carcomiendo los haberes.
Los que antes podían soportar porque reciben las remuneraciones más elevadas —jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios— hoy no aceptan la situación. Ni qué decir la enorme mayoría de empleados —la base de la pirámide— que, si bien consiguieron un nuevo escalafón el año pasado, la pretendida equiparación con sus pares federales se debería cumplir en tramos y el último es recién en 2028. Piden que esa meta se ejecute íntegramente este año.
