España tiene por delante las décadas más complicadas para sus finanzas públicas. La jubilación de la generación del baby boom va a multiplicar las necesidades de gasto, lo que obligará a recortar otras partidas o a subir diferentes impuestos para conseguir superar el próximo medio siglo. O, incluso, ambas al mismo tiempo. En ausencia de medidas correctoras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que España tendrá que elevar su gasto público por encima del 50% del PIB para sostener el coste del envejecimiento. En concreto, sin recortes adicionales ni subidas de impuestos, el gasto superará la mitad del PIB en el año 2045. De esta forma, España pasaría de ser uno de los países europeos con menor gasto público antes de la pandemia, a uno de los que más gaste. Está en manos de los sucesivos gobiernos cambiar este futuro, pero el ritmo de crecimiento del gasto es tan relevante que será imposible alterar la tendencia. La AIReF cree que hacia finales de los años treinta y principios de los cuarenta, el peso del gasto público sobre el PIB aumentará a ritmos de casi 0,4 puntos al año. Para comprender la magnitud con las cifras a día de hoy, elevar una partida en esta cuantía en el año 2026 tendría un coste de casi 8.000 millones de euros. Cifra que supera el gasto y la inversión en vivienda de todas las administraciones públicas. Y este es el aumento del gasto cada año en los peores momentos del envejecimiento. Desde 2025 hasta 2045, el gasto público aumentará en 5,7 puntos del PIB. Y seguirá subiendo hasta acumular 7,1 puntos más en 2050. De esta cuantía, prácticamente la mitad (3,4 puntos) procederán directamente del mayor gasto en pensiones. El envejecimiento también provocará un aumento del gasto en sanidad y en cuidados de larga duración. La AIReF proyecta que serán 1,4 puntos adicionales de gasto en sanidad y 0,8 puntos de cuidados de larga duración. En total, el gasto asociado al envejecimiento aumentará en más de 5,5 puntos del PIB hasta el año 2050. El envejecimiento también generará algunos ahorros que moderarán el crecimiento del gasto público. Son básicamente dos partidas: educación y desempleo. A medida que se vaya reduciendo el número de alumnos, España podrá lograr ahorros equivalentes al 0,5% del PIB. Además, a medida que las generaciones activas se vayan reduciendo, también caerá la tasa de desempleo, permitiendo un ahorro en prestaciones de 0,1 puntos del PIB. En cualquier caso, estos ahorros sólo moderan el crecimiento del gasto, pero son insuficientes para cambiar su tendencia. Frenar la deuda Si los gobiernos no toman medidas para compensar el aumento del gasto derivado del envejecimiento, el endeudamiento de España volverá a crecer hacia el final de la década. Según los cálculos de la AIReF, hacia mediados de la próxima década, las presiones de gasto serán tan intensas que revertirán la reducción del déficit público. En concreto, prevé que la deuda pública marque un mínimo del 94% del PIB en el año 2035 (reducción que incluye la hipótesis de que el Gobierno cumple con el plan fiscal pactado con la Unión Europea) y que empiece a subir a partir de ese momento. "A partir de 2035 la senda de la deuda muestra un punto de inflexión, retomando una trayectoria ascendente cada vez más pronunciada, impulsada principalmente por las crecientes presiones derivadas del gasto asociado al envejecimiento de la población", señala la Autoridad Fiscal. Según sus cálculos, la deuda pública subirá hasta el 123% del PIB en 2050. Esto supondría un aumento de la deuda pública de casi 30 puntos en apenas 15 años. Un aumento acelerado que, además, generará un círculo vicioso. A medida que España vaya incrementando su deuda pública para blindar el gasto asociado al envejecimiento, también tendrá que soportar un coste creciente de los intereses de la deuda. Durante la pandemia, los bajísimos tipos de interés que impulsaron los bancos centrales evitó un aumento del coste de la deuda, pero este escenario ha desaparecido en un contexto de alta inflación. La AIReF calcula que el gasto en intereses pasará del 2,4% actual al 4,4% del PIB en 2050. Serán 2 puntos más de gasto, lo que generará un efecto bola de nieve: a medida que aumenta la deuda pública, se incrementa el gasto en intereses, agrandando así el problema. Para evitar este escenario y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la AIReF cree que España necesitará adoptar medidas correctoras tarde o temprano. La mayor parte del aumento de la deuda está asociada directamente al gasto en pensiones. Si se cumplen sus previsiones, cerca del 65% de la nueva deuda de España tendrá su origen en el gasto en pensiones. Una parte menor será consecuencia del resto de capítulos asociados al envejecimiento. Ante esta situación, la AIReF ve claros riesgos para la sostenibilidad de la deuda pública, en gran medida, consecuencia directa de la reforma de pensiones del Gobierno. Si España quiere blindar la situación que tienen hoy las pensiones, necesitará otros ajustes que recaerán sobre el resto de la población. Esto incluye recortes de otras partidas de gasto o subidas de impuestos y cotizaciones sociales. Lo que parece claro con el sistema actual es que el gasto público entrará en una tendencia insostenible si no hay medidas correctoras. España tiene por delante las décadas más complicadas para sus finanzas públicas. La jubilación de la generación del baby boom va a multiplicar las necesidades de gasto, lo que obligará a recortar otras partidas o a subir diferentes impuestos para conseguir superar el próximo medio siglo. O, incluso, ambas al mismo tiempo.