Más de 400 masacres, que dejaron 1.447 víctimas de 2022 a 2026, se suman a los 48 muertos por los crudos enfrentamientos que se han dado esta semana entre las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y las de Calarcá en el departamento del Guaviare. Esta es la radiografía de la crisis que enfrenta el país en materia de seguridad tras el rotundo fracaso del Gobierno del presidente Gustavo Petro en su apuesta por la paz total. El video de la recuperación de cuerpos de los más de 40 muertos tras enfrentamiento entre disidencias de Calarcá e Iván Mordisco en GuaviareEl panorama es preocupante y plantea el incremento de acciones terroristas contra la fuerza pública, como es el caso del ataque a un batallón en La Guajira con cilindros bomba, que dejó 12 militares heridos el pasado miércoles 27 de mayo. Los ataques contra los uniformados han aumentado, pero con un factor criminal que hoy tiene prendidas todas las alarmas: el uso de drones cargados con explosivos, que se han convertido en un arma mortal. Iván Mordisco, jefe del EMC. Foto: AFPLas cifras no dejan dudas de la arremetida de las fortalecidas disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo: entre 2022 y 2026 han asesinado a 196 integrantes de la fuerza pública y otros 1.042 han resultado heridos. Para el exministro de Defensa Diego Molano, la compleja radiografía de seguridad y orden público se debe al crecimiento exponencial de los grupos criminales, que asciende a cerca de 30.000 hombres en armas y redes de apoyo. Alias Calarcá le hizo conejo a la justicia; la Fiscalía solicitará contumacia“Petro dejará un nefasto legado en materia de seguridad. Lo primero es el impacto en las ciudades, que ha generado un incremento en la tasa de homicidios en el país; la extorsión está desbordada, todo el país está siendo ‘vacunado’”, dijo el exministro Molano. Uno de los disparadores de la violencia en el país, según expertos consultados por SEMANA, es el narcotráfico. Consideran que la política contra las drogas del presidente Petro ayudó al fortalecimiento de las organizaciones criminales. De acuerdo con el coronel retirado de la Policía Miguel Tunjano, quien hizo la mayor parte de su carrera en la unidad antinarcóticos, durante el actual gobierno, Colombia llegó a producir más de 2.000 toneladas de cocaína. Alias Calarcá, cabecilla del EMBF. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA“Petro recibió el país con 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos; con programas de erradicación móviles, es decir, campesinos que estaban arrancando matas de hoja de coca; grupos de inteligencia; judicialización; una política que estaba actuando contra la producción de cocaína y todo esto se fue desmontando”, señaló Tunjano. Explicó que con la “fallida” política contra las drogas del Gobierno Petro, los carteles que distribuyen cocaína en el mundo llegaron a Colombia a comprar el alcaloide, algo que resultó más fácil por los “micro-Estados”. Tunjado hace referencia a las zonas donde se adquiere la droga que, a su juicio, están protegidas por los grupos ilegales, que hoy gozan de impunidad y control territorial gracias a la paz total y a la designación como gestores de paz.“Naciones Unidas los llama enclaves (micro-Estados). Son territorios donde han persistido los negocios de hoja de coca y todo lo que conlleva ese negocio de ilegalidad, controlado por los grupos armados”, agregó Tunjano. Iván MÁrquez, jefe de la Segunda Marquetalia. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANAObservatorios del crimen, como la Fundación Ideas para la Paz, revelaron estadísticas igual de preocupantes. En menos de un año, en el periodo entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los grupos criminales crecieron más de un 15 por ciento, es decir, que en este momento tienen más de 25.000 hombres trabajando para sus intereses criminales.Esta cifra fue respaldada por el exministro Molano: “Los grupos criminales pasaron de tener, en 2022, 13.000 hombres a 30.000, y de tener presencia en 127 municipios a más de 700, según cifras de la Defensoría del Pueblo”, afirmó el exministro de Defensa. Corte Suprema le pide al Gobierno Petro que respete compromisos internacionales contra Chiquito MaloEl aumento de la violencia en el país durante el Gobierno Petro parece haberse generalizado, según cifras de Medicina Legal. Todos los inicios de año fueron al alza en materia de muertes violentas: en enero de 2023 se presentaron 2.210 casos, 2.358 en 2024, 2.437 en 2025 y 2.495 en 2026. Para los expertos en seguridad, es evidente que durante el gobierno que termina se agudizó la crisis en seguridad pública con el aumento en indicadores claves como masacres, extorsiones, homicidios y ataques terroristas. Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA APIDaniel Mejía, experto en seguridad y exdirector del Centro de Estudios sobre Seguridad de la Universidad de los Andes, afirma que hay que dividir el caso del presidente Petro en dos segmentos. Uno tiene que ver con la seguridad pública y el otro con la seguridad ciudadana. El de mayor deterioro, señala el experto, fue el de la seguridad pública. Desde el año 2022 a lo corrido de 2026 se presentaron 275 casos de terrorismo contra la infraestructura del país, es decir, acciones violentas que afectaron oleoductos, poliductos, gasoductos, vías o puentes. Unión Europea alerta por presión de grupos armados en las elecciones presidencialesLos actos de terrorismo llegaron a índices que no se veían desde hace casi una década. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Defensa, en 2022 –cuando llegó Petro al gobierno– se registraron 200 casos, 171 en 2023, 142 en 2024, 197 en 2025 y, la más preocupante, 216 en lo que va de 2026, para un total de 926 acciones. “Había algunos indicadores de seguridad que venían deteriorándose después de la pandemia del covid, pero durante la administración de Gustavo Petro muchos indicadores, especialmente los que tienen que ver con seguridad pública, se deterioraron”, dijo Mejía. Las Fuerzas Militares han reportado constantemente el fortalecimiento de los grupos criminales, como en la gráfica, en la que se observa que el ELN, la guerrilla que Petro prometió acabar en tres meses, ha logrado aumentar sus capacidades en hombres y armamento. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA APIRetomando los planteamientos del exministro Molano sobre la crisis en la seguridad urbana sobre extorsiones, las cifras son igual de complejas. En 2022 se registraron 2.482 casos; en 2023, 3.042; 3.822 en 2024; 3.640 en 2025 y 3.970 en 2026. Desde el Ministerio de Defensa se ha reconocido que uno de los integrantes de la paz total, como es alias Calarcá, quien ha tenido beneficios como la suspensión de su orden de captura, ha mantenido sus acciones criminales en extorsiones, homicidios y terrorismo puro. La otra crisis que generó el Gobierno Petro en seguridad y orden público es el debilitamiento de la fuerza pública. Defensora del pueblo advierte riesgos en la suspensión de órdenes de captura de cabecillas de grupos armadosDe acuerdo con el ministro Molano, las Fuerzas Militares y la Policía recibieron fuertes golpes en inteligencia, deterioro de equipos, desfinanciamiento y pérdida de capacidades. Incluso, el presidente Gustavo Petro reconoció recientemente que varios oficiales habían sido retirados de manera injusta de la fuerza pública. “Hay debilitamiento notorio de la fuerza pública porque se ha reducido el presupuesto y eso ha llevado al deterioro de capacidades técnicas, de armas y movilidad como helicópteros y aviones en tierra; hay muchas limitaciones operacionales”, señaló Molano. La fuerza pública está debilitada, según expertos en seguridad. Foto: DANIEL REINA ROMERO-SEMANAEn medio de este pálido panorama, también se identifican focos violentos en algunas regiones del país. De acuerdo con el observatorio de la Fundación Ideas para la Paz, son diez las zonas donde la guerra arrecia: Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca y Norte de Santander. Los dueños de la guerra son: Iván Mordisco, con el Estado Mayor Central, que agrupa más de 4.000 hombres; alias Calarcá, con su facción de Bloques y Frente (EMBF), que ya supera los 3.000 hombres; el ELN, con más de 6.500; el Clan del Golfo, con cerca de 9.000 integrantes; la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia, con 1.900; y la Segunda Marquetalia, con cerca de 1.000 hombres.