Análisis Exclusivo suscriptores La Unidad para las Víctimas reconoció en los últimos cuatro años a 1,49 millones de víctimas. El 72 % denunció hechos ocurridos entre 2022 y 2024. Foto: Archivo EL TIEMPO28.06.2026 23:01 Actualizado: 28.06.2026 23:01

En los últimos cuatro años, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia sumó más de un millón de nuevas víctimas del conflicto armado, que se agregan a los cerca de 10 millones que ha dejado la violencia en el país durante las últimas cinco décadas.Petro aseguró, como lo hizo desde los albores de su mandato, que este sería un gobierno por y para las víctimas. Los números indican, sin embargo, que la reconfiguración de la guerra, con y entre los grupos armados, marcó una distancia entre su discurso y la realidad.El dato es de la misma Unidad para las Víctimas del gobierno actual. En sus palabras, “por eventos ocurridos entre el 7 de agosto de 2022 y el 1.º de junio de 2026 han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (un total de) 1’074.190 víctimas”. Es decir, solo en los últimos cuatro años los márgenes habrían crecido alrededor de un 10 %.Colombia superó las 10 millones de víctimas en el marco del conflicto. Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPOLa Unidad para las Víctimas estableció, además, que durante los últimos cuatro años reconoció en sus registros a un total de 1’492.003 personas, independientemente de la fecha de ocurrencia de los hechos de violencia declarados. Más de 400.000 fueron por crímenes de otros periodos, pero el 72 % denunció acciones violentas del conflicto entre 2022 y 2024.Ello toma relevancia cuando se examinan los hechos victimizantes por los cuales esas 1’492.003 personas llevaron sus casos a la Unidad.Según la entidad, en respuesta a EL TIEMPO, en los últimos cuatro años se reconocieron 1’259.885 casos de desplazamiento forzado; 308.085 casos de amenazas, 171.066 casos de confinamiento, 65.942 casos de homicidio, 19.690 casos de pérdida de bienes muebles o inmuebles, 16.497 casos de abandono o despojo forzado de tierras, 15.527 casos de victimización por atentados, combates o enfrentamientos y 15.331 casos de desaparición forzada.Luego de ello se reconocieron 14.831 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, 5.425 casos de secuestro, 4.475 casos de lesiones personales físicas, 1.980 casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados; 1.318 casos de tortura, 882 casos de lesiones personales psicológicas y 860 casos de minas antipersonal, munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados.Sobre esos datos cabe tener en cuenta que una víctima reconocida por la Unidad pudo haber sufrido dos o más hechos victimizantes.El mapa de la violenciaRespecto al lugar de ocurrencia de los hechos victimizantes reconocidos en este periodo presidencial, la mayor cantidad de víctimas fueron afectadas en los departamentos de Nariño (178.160), Norte de Santander (177.674) y Antioquia (154.952). Les siguen Cauca, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Córdoba, Arauca, Sucre y Magdalena. Los lugares donde menos víctimas se reconocieron fueron el archipiélago de San Andrés, Amazonas y Vaupés, en ese orden.Según el último conteo del enemigo, de Inteligencia, los grupos armados superaban los 27.000 hombres Foto:Cortesía“A escala municipal, se registraron víctimas afectadas en 1.095 municipios, la mayor cantidad en Buenaventura (Valle del Cauca, con 92.878 casos), Tibú (Norte de Santander, con 68.489 casos) y Tumaco (Nariño, con 42.020 casos)”, agrega la Unidad para las Víctimas, precisando que una persona pudo haber sido víctima en dos o más municipios.El aumento de las violaciones a los derechos humanos, según diferentes ONG y entidades como la Defensoría del Pueblo, responde a una reconfiguración de las dinámicas del conflicto que se ha visto agudizada por la expansión de los grupos armados ilegales, que crecieron en más de 10.000 hombres entre combatientes y redes de apoyo.Solo en 2026, con corte a mayo, esa entidad registró 47.000 víctimas de desplazamiento y confinamiento por el recrudecimiento de la guerra interna. Es decir, cada día 500 personas vieron afectadas sus dinámicas de movilidad en regiones donde los grupos armados se disputan el control o reafirman su gobernanza criminal.El informe da cuenta de 40 eventos de desplazamiento forzado masivo que impactaron a 7.668 personas. A esto se suman 26 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 39.807 personas, una cifra atada a dinámicas de control territorial como la carnetización, los toques de queda y las declaratorias de ‘paros armados’, en los que se cierra el comercio y se prohíbe la libre circulación.“Mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y el uso de artefactos explosivos, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad, afectan el acceso a alimentos, a servicios de salud y educación, y profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes”, señala la alerta.Una de las peores crisis humanitarias registradas en décadas fue el desplazamiento de más de 60.000 personas en el Catatumbo, en medio de oleadas cíclicas de violencia por la guerra entre el Eln y las disidencias de ‘Calarcá’, estas últimas con fuero de negociadores de paz. Una política que, según expertos en seguridad y conflicto como Gerson Arias, apalancó el crecimiento de los actores criminales.De acuerdo con la Defensoría, cada día de 2026, 500 personas fueron desplazadas o confinadas. Foto:Cortesía.Las indemnizacionesSegún las cifras oficiales más recientes y verificables de la Unidad para las Víctimas, el gobierno de Gustavo Petro ha indemnizado administrativamente a 673.004 víctimas del conflicto armado. Ese dato corresponde al acumulado entre agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, y proviene del informe presentado al Congreso por la entidad. Según la Unidad, esa cifra superó en un 112,17 % la meta que se habían trazado.De otro lado, la Unidad de Restitución reporta que en los últimos cuatro años se entregaron 424.813 hectáreas mediante el mecanismo gubernamental de devolución de tierras a víctimas de desplazamiento o despojo forzado. Además, los jueces de la República ya ordenaron la entrega de 547.745 hectáreas, a través de 3.748 sentencias favorables para las víctimas. En todo caso, la cifra histórica de 10 millones de víctimas fue ampliamente superada durante esta administración.Johan Sebastián Cote - Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.